Sures Noticias
Documento de las pymes en el Senado
En un pronunciamiento formal elevado a la Cámara alta, la CAME fijó posición frente al proyecto de “modernización laboral” que impulsa el Gobierno nacional. El texto fue presentado en conjunto con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra), que acompañaron el reclamo por cambios específicos en la iniciativa.
Según adelantaron las entidades, el objetivo no es rechazar la reforma en su totalidad, sino introducir correcciones puntuales para evitar que la letra final abra un escenario de mayor litigiosidad y tensión en los ámbitos de negociación colectiva. En ese marco, los representantes empresarios insistieron en que su intervención busca “dar previsibilidad” a las pymes, el segmento que concentra la mayor parte del empleo privado registrado.
Los artículos bajo cuestionamiento
El núcleo de la preocupación empresaria se concentra en los artículos 126 al 132 del proyecto, que modifican el régimen de negociación colectiva y la vigencia de los convenios. De acuerdo con la presentación de la CAME, esos artículos podrían desvirtuar el objetivo declarado de la reforma y “abrir una etapa de mayor imprevisibilidad y conflictividad laboral” tanto para empleadores como para trabajadores.
Las cámaras advierten que la redacción propuesta “desnaturaliza el convenio colectivo de trabajo como un instrumento integral, rompe el equilibrio entre las partes y debilita la autonomía y la libertad de negociación colectiva”. En su diagnóstico, este rediseño dejaría sin efecto acuerdos que hoy operan como mecanismo de contención de conflictos y empujaría a las partes a resolver sus diferencias en sede judicial, con costos difíciles de asumir para las pymes.
Señal de alerta por seguridad jurídica
En el documento, la CAME sostiene que los cambios impulsados por el Ejecutivo son incompatibles con el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que garantiza la negociación colectiva, y con los convenios de la Organización Internacional del Trabajo en la materia. Para las entidades, se trata de una “regresión injustificada” de derechos laborales consolidados, que podría ser cuestionada en tribunales y derivar en un incremento de la litigiosidad.
La organización empresaria subraya que el impacto no se limitaría al plano jurídico, sino que también afectaría la organización interna de las empresas medianas y pequeñas, obligadas a operar en un contexto de normas inestables y acuerdos de dudosa validez. Desde su perspectiva, esa volatilidad atentaría contra nuevas inversiones y contra la formalización del empleo, dos objetivos que el propio Gobierno menciona como centrales al defender la reforma.
Apoyos, críticas y próximo debate
A pesar de las críticas a los artículos cuestionados, la CAME ratificó su apoyo general al rumbo de la reforma laboral y valoró que se avance en la reducción de cargas para la contratación de personal y en la simplificación de ciertos trámites. Sin embargo, advirtió que si no se corrigen los puntos vinculados a los convenios colectivos, el proyecto podría terminar generando el efecto contrario al buscado, con “más conflictividad y menos seguridad jurídica”.
Las objeciones de las pymes se suman a las presiones sindicales y a los reparos de algunos gobernadores, que ya condicionan el tratamiento del paquete laboral en el Senado. El oficialismo aspira a aprobar la iniciativa en el recinto en febrero, pero la discusión sobre los artículos 126 a 132 se perfila como uno de los nudos centrales de la negociación con la oposición y los bloques dialoguistas.
