El decreto de congelamiento de alquileres y prohibición de desalojos, que estuvo vigente durante un año, concluirá mañana, por lo cual el Gobierno puso en marcha esta semana un protocolo para asistir a las familias con problemas habitacionales.
Argentina 30 de marzo de 2021
Sures Noticias
De esta forma, tras un año de congelamiento de los alquileres, medida que se tomó en el marco de las medidas económicas de emergencia por el coronavirus, a partir del 1 de abril los contratos podrán actualizarse y las familias que hayan acumulado deuda deberán acordar planes de pago de hasta 12 cuotas contemplados en la normativa o enfrentar juicios de desalojo.
Esta mañana, el referente de Inquilinos Agrupados Gervasio Muñoz dijo -en declaraciones radiales- que "la única herramienta para que las familias no queden en la calle es extender el decreto".
"Llegamos a esta situación preocupados porque hay un montón de familias que sencillamente el día de mañana no saben a dónde van a ir a vivir porque, o acumulan deuda o tienen imposibilidad de pagar nuevos alquileres o de juntar todo el dinero para entrar a un departamento nuevo; es una situación muy complicada", detalló.
Ayer, la Federación de Inquilinos Nacional realizó un "ruidazo inquilino" en distintos puntos del país "para denunciar el abuso del mercado inmobiliario por los aumentos de precios y las condiciones cada vez restrictivas para poder acceder a una vivienda en alquiler".
Asimismo, la manifestación apuntó a "pedirle al Gobierno que extienda el decreto que suspende los desalojos para evitar una crisis habitacional, social y humanitaria en el medio de la segunda ola".
Por otra parte, sostienen que es necesario implementar un "plan de desendeudamiento de las familias inquilinas" y el "control para el cumplimiento efectivo de la ley de alquileres vigente desde hace 10 meses".
A principios de marzo, el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, anticipó a Télam la no extensión del decreto y afirmó que a partir de abril "no habrá posibilidad de desalojos sin mediación", una instancia que se creó en la nueva Ley de Alquileres.
Además, el Gobierno implementó la obligatoriedad de registrar los contratos de alquiler en AFIP, lo cual de no cumplirse es un impedimento para el propietario en caso de querer avanzar en un desalojo.
Por otra parte, esta semana se creó el "protocolo de riesgo temprano de desalojo" con el objetivo de asistir a las familias que se encuentren en situación de desalojo ante el inminente vencimiento del decreto.
A través de la Resolución 88/2021, se instruyó la elaboración y aprobación del Protocolo Nacional de Alerta Temprana de Desalojos de Vivienda Única y Familiar en Regímenes de Alquileres Formales.
Se establecerán los criterios de priorización de las personas, teniendo en consideración a las familias monoparentales, en situación de violencia de género, a las personas con discapacidad, mayores o en situación de vulnerabilidad, entre otros.
Al respecto, el secretario de Desarrollo Territorial, Luciano Scatolini, remarcó a Télam que “esta decisión representa un Estado sensible que no mira para el costado ante una circunstancia que todos deseamos que no se produzca, que tiene que ver con el desalojo de familias”.
“Vamos a trabajar en articular el esfuerzo del Estado en revertir esta situación habitacional a partir de una oferta de viviendas, y mientras tanto tener una respuesta, con un protocolo con pasos concretos, para atender la situación de cada familia y dar una solución habitacional a partir del financiamiento que el Estado hace de los programas de viviendas”, señaló Scatolini.
Explicó que se hará “un relevamiento de información fehaciente de sentencias que se podrían llegar a ejecutar, con un criterio de prioridad de situaciones de mayor vulnerabilidad”, y agregó que “también vamos a realizar un relevamiento con las unidades ejecutoras de soluciones habitacionales de todo el país que arman el listado de adjudicatarios de viviendas para que dentro de esos listados se priorice a personas en situación de desalojo”.
Los culpables de la denominada Noche de los Lápices, donde ocurrieron crímenes de lesa humanidad en los pozos de Quilmes, Banfield y Brigada de Lanús, han sido condenados a cadena perpetua hoy por el Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata tras un proceso judicial de diez años.
El Gobierno oficializó en las últimas horas la suspensión de más de 9 mil cooperativas y pidió a otras 7 mil presentar documentación en los próximos días para poder seguir funcionando. Desde las organizaciones afectadas denuncian que estas medidas buscan “quebrar toda resistencia popular” para llevar adelante “un plan de miseria planificada”.
El Cels presentó un amparo en el fuero contencioso administrativo federal para impedir la aplicación de esa normativa para fuerzas de seguridad federales y el servicio penitenciario federal, que se aparta de los principios que regulan el uso de la fuerza letal reconocidos universalmente.
En un comunicado la Federación de periodistas expresó: Desde el comienzo de su mandato, el Gobierno nacional dejó en claro su hostilidad al trabajo de la prensa, con la suspensión de la Pauta Oficial, las limitaciones inéditas en la cobertura de actos oficiales, la intervención de los medios públicos y la represión a trabajadores de prensa durante el tratamiento de la Ley Ómnibus.
La validez del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 que establece una desregulación sin precedentes en la economía argentina se encuentra en manos de la Cámara de Diputados, que aún no ha definido una fecha para su tratamiento, mientras los legisladores opositores buscan garantizar el quórum frente un Congreso dividido, el oficialismo se concentra en conseguir apoyos para aprobar una nueva versión de la Ley Bases.
El 2 de abril de 2024 se cumplen 3000 días de detención arbitraria de Milagro Sala, desde el 16 de enero de 2016; líder de la Tupac Amaru de la provincia de Jujuy. Desde el Foro por la Libertad, la Democracia y los DDHH de Córdoba expresaron que Milagro Sala, hoy 2 de abril 2024, cumple 3000 días como presa política de Macri, Morales, A. Fernández, Milei y aquellos que la invisibilizan, además, señalaron que, con presos políticos, no hay libertad ni democracia.
En el día de ayer en sede de Tribunales Provinciales II, se realizó una presentación de acción judicial de un Hábeas Corpus preventivo, llevada adelante por Eugenia Scarpinello, abogada y militante por los DDHH, quien fuera intimidada por fuerzas policiales provinciales en ocasión del ejercicio de su trabajo profesional.
Convocada en defensa de la Universidad Pública, será en las principales ciudades del país: Buenos Aires, Córdoba, Río Cuarto, Villa María y en otras ciudades del país. En Córdoba la marcha partirá a las 11 hs. desde el monumento de la Reforma, en Ciudad Universitaria, y se dirigirá al Patio Olmos, donde se leerá un documento. La jornada de lucha se extensiva durante todo el día. Jhon Boretto, rector de la Universidad Nacional de Córdoba no participara de la movilización en Córdoba.
La Facultad de Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba expresó en un comunicado su profunda preocupación y rechazo al hostigamiento y persecución de las que fueron víctimas la Decana, Mariela Parisi y profesoras de la Cátedra de Producción Gráfica, cuando se publicó el Trabajo Práctico propuesto a estudiantes sobre la cobertura periodística de la próxima Marcha Federal Universitaria.
La comunidad educativa protagonizó una inédita jornada en rechazo al ajuste presupuestario dispuesto por el gobierno de Milei. Estiman que se movilizó un millón y medio de personas a lo largo y ancho de la Argentina.
En Córdoba se llevaron adelante manifestaciones en distintos lugares de la provincia: Córdoba Capital, Villa Maria, Río Cuarto, Alta Gracia, entre otras. En capital la multitud llego a Plaza Tosco y luego de la lectura del documento se extendió la jornada de lucha. Multitudes congregadas en las grandes y medianas ciudades del país, donde están afincadas la mayoría de las 57 universidades nacionales, salieron a las calles y a las plazas para aunar su voz en defensa de la educación y la ciencia públicas y en contra de la licuadora y la motosierra que la administración encabezada por Javier Milei aplica al sistema universitario argentina.
El fiscal Fabián Canda consideró que debía admitirse la acción de amparo interpuesta por Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) contra el Ministerio de Seguridad de la Nación, a fin de obtener datos sobre la normativa que regula las misiones, funciones, estructuras y actividades de inteligencia criminal de las cuatro fuerzas de Seguridad federales.