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Pretextos dudosos del Gobierno nacional
La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) justificó la intervención con "irregularidades financieras, desvíos de fondos y riesgo operativo por déficit de infraestructura", pero estas acusaciones carecen de transparencia y parecen selectivas. Fuentes indican que el detonante fue una denuncia sindical de Juan Avellaneda, quien ahora lidera la intervención, revelando un conflicto de intereses que socava la imparcialidad. Además, se critica el uso del superávit portuario para la obra social provincial (Ley 1596), ignorando que el puerto opera con plan de inversiones propio y sin emergencias reales.
Rechazo unánime de Tierra del Fuego
El gobernador Gustavo Melella calificó la decisión como carente de "justificación objetiva", enfatizando el trabajo provincial para resolver cualquier issue con responsabilidad institucional y defensa de la autonomía fueguina. Roberto Murcia, director provincial de puertos, la tildó de "arbitraria y extorsiva", negando problemas de seguridad o infraestructura y acusando al gobierno de Milei de usar amenazas para presionar. La Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles y Puertos Argentinos (APDFA) repudió la acción como "arbitraria, excesiva e ilegal", destacando la irrupción nocturna con Prefectura Naval que bloqueó a trabajadores.
Amenazas a la economía y la federalidad
Implementada en madrugada con apoyo militar, la intervención paraliza operaciones clave en Ushuaia, vital para cruceros y economía local, exacerbando tensiones federales. Melella anticipa recurso judicial, mientras sindicatos convocan a defender el sistema portuario nacional contra "arbitrariedades de gobiernos de turno". Este episodio expone el centralismo mileísta, que prioriza control sobre diálogo y atenta contra el federalismo constitucional.
