El vicepresidente del Enacom destaca la incorporación del "derecho a la conectividad"

"El cambio en la política de comunicaciones tuvo dos hitos en el año 2020: el DNU 690 que incorpora el derecho a la conectividad y los cambios en la entrega de los aportes no retornables (ANR) para la construcción de redes", dijo López en diálogo con Télam.

"El decreto 690 marca un cambio importante en la política porque incorpora el derecho a la conectividad", señaló el funcionario, quien recordó que estos servicios "hasta ahora eran un bien de mercado, cuando en la práctica los mismos gobiernos locales, provinciales y nacional le decían al ciudadano que haga el trámite por internet".

"Son servicios esenciales que sólo regían las reglas del mercado", por eso "es importantísima la decisión política de reconocerlos como servicios esenciales y como servicios público", agregó.

Recordó que el mismo decreto establece la prestación básica universal y obligatoria y que "en diciembre lo que hicimos fue establecer las condiciones" en que se va a prestar la misma, en referencia a la resolución 1467.

Esa resolución define el universo de personas que pueden solicitar a las empresas -desde el primer día de 2021- pasar los planes actuales a la prestación básica universal que para telefonía móvil parte de un plan de $200 y planes de datos de $150; para internet una conexión fija de 5 megas por $700 pesos y reducciones de hasta 40% en el abono de TV paga según el tamaño del operador.

"Establecimos una prestación básica para que nadie quede desconectado", enfatizó López, para aclarar que los beneficiarios deben tener como ingresos un máximo de dos salarios mínimo vital y móvil.

Consultado sobre la implementación de la prestación básica, López dijo que operativamente el "circuito puede llevar un par de semanas", pero aclaró que "quienes están en el universo de beneficiados ya pueden pedir a las empresas esa prestación".

"Todas las empresas, grandes, chicas y cooperativas, están trabajando para poder dar la prestación básica", subrayó.

En ese sentido y consultado por la reunión de referentes del cooperativismo con el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, indicó que "con las cooperativas y con las pymes mantendremos reuniones durante enero para analizar las asimetrías y ver si en febrero hay que segmentar de una manera diferente".

Un reclamo en el que coinciden cooperativas y pymes es que los precios previstos para la prestación básica, especialmente en internet y televisión paga, no alcanzan a cubrir los costos y en los casos de las más chicas, para dar conexiones de 5 mega necesitan hacer un salto tecnológico en sus redes.

En ese sentido López destacó la resolución 270 del Enacom que modificó el pliego de Bases y Condiciones para la Adjudicación de Aportes No Reembolsables (ANR) y que amplió la participación a localidades de 30.000 habitantes (antes era de 10.000); elevó el anticipo del monto del 20 al 30% y el importe por localidad de 10 a 20 millones de pesos, entre otras medidas.

"El Enacom implementó nueve nuevas líneas de ANR, lo que permitió que en 10 meses de gestión otorgáramos el doble en ANR que el gobierno anterior en 4 años", subrayó.

Esta decisión "marca un cambio cualitativo en la extensión de las redes", junto a las iniciativas para conectar a instituciones públicas (escuelas, centros de salud y seguridad) y asegurar conectividad en barrios populares.

"Estamos en condiciones de otorgar $20.000 millones de pesos en ANR hasta el año 2023", proyectó.

"Esta decisión más el decreto 690 son dos cosas que reflejan el cambio de la política en el organismo en el primer año de gestión; antes era un organismo al servicio de las privatizadas", agregó.

Respecto a la relación con las grandes empresas, López aseguró que "nunca se cortó el diálogo".

El funcionario señaló que para estas compañías "el aumento del 5% -que descongela los precios por fuera de la prestación básica- es insuficiente; pero nosotros les decimos que estamos saliendo de una situación inédita en el planeta".

"Todos tenemos que acompañar lo que ha sucedido que tiene que ver con el poder adquisitivo de la sociedad hasta que se puedan recomponer todos los valores empezando por las posibilidades de la gente; sería contradictorio declararlo servicio esencial y que después no lo puedas pagar", concluyó.

Télam