El Foro por la libertad, la democracia y los DDHH de Córdoba repudió y condenó el accionar criminal de persecución y ataque contra el ex Presidente Evo Morales, de la hermana Republica de Bolivia, a quien le dispararon el vehículo más de 20 veces e hirieron a su chofer. Así mismo se solidarizaron con su persona.
Jonathan Morel, Leonardo Sosa, Gastón Guerra y Sabrina Basile fueron procesados sin prisión preventiva por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. Habían sido liberados por orden de la Cámara Federal porteña, decisión que fue rechazada por el oficialismo.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, acusó hoy a los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens de querer cerrar la investigación por el intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, al referirse a un fallo de la Cámara Federal porteña que integran esos magistrados y que le ordena a la jueza María Eugenia Capuchetti que avance hacia el juicio oral de los imputados Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Gabriel Carrizo.
Desde el Partido Justicialista Nacional expresaron un enérgico repudio al editorial publicado hoy en el diario La Nación, en el cual se pone en duda el intento de magnicidio cometido contra la vicepresidenta de la Nación y dos veces presidenta, Cristina Fernández de Kirchner.
Kicillof dijo que espera que la Justicia actúe "con celeridad" por el atentado en Bahía Blanca.
La Justicia de Córdoba hizo lugar a una demanda colectiva por la violación del derecho a la libertad (no) reproductiva de mujeres de Córdoba. La resolución judicial que marca un antes y un después en la libertad (no) reproductiva en Córdoba
Organizaciones, referentes y personas invitadas a firman un pronunciamiento en defensa de la diputada nacional, denunciando el uso del derecho penal para censurar el discurso político y señalando una violencia de género institucional.
La organización de DDHH exige la revisión inmediata de la medida y el traslado del genocida a una cárcel común, en defensa de los principios de memoria, verdad y justicia.
Exigen su expulsión de la Cámara de Diputados y el juicio del juez Ariel Lijo ante declaraciones que reivindican el terrorismo de Estado en un programa de streaming.
El Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 11, a cargo de Martín Cormick, anuló la resolución 943/2023 del Ministerio de Seguridad de la Nación al considerar que criminaliza la protesta social, avanza sobre facultades del Congreso y vulnera estándares internacionales de derechos humanos, en una causa impulsada por el CELS y decenas de organizaciones.
En la cuarta audiencia de su alegato, los representantes del MPF abordaron las responsabilidades y efectuaron el pedido de penas por los hechos cometidos por los imputados -civiles, exmilitares y expolicías- contra 294 personas, en las sedes policiales que funcionaron en los cuerpos de Infantería y Caballería y en las comisarías 2da. y 8va. de la policía provincial. Además, requirieron una serie de medidas de reparación.
La decisión implica la suspensión de la licencia ambiental concedida por el Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la Provincia, así como la paralización de todas las obras relacionadas, ya sea de manera directa o indirecta, con el proyecto.