En Córdoba se recolectan firmas en la sede del Cispren , sito en calle Obispo Trejo 365 de la ciudad capital. En la Ciudad de Buenos Aires, la actividad se concentrará en el Obelisco, entre las 14 y las 17.
Segun un informe ATE-INDEC Un Hogar constituido por una pareja de 35 años con dos hijos en edad escolar necesitó, en noviembre de 2023, $608.392 para satisfacer sus necesidades mínimas. Este valor se compone de $218.561 necesarios para adquirir una Canasta Alimentaria Mínima y de $389.831 para acceder a otros bienes y servicios básicos. El mismo cálculo para la Región Pampeana -que integra la provincia de Córdoba- alcanza la suma de $558.723.
La realización de la jornada de lucha de mañana resuelta el miércoles 13 en asambleas que se realizaron a lo largo y ancho del país para establecer un salario universal en Argentina. En Córdoba la CTA Autónoma llevara adelante una jornada de lucha con acciones en toda la provincia por aumento del salario mínimo, vital y móvil que iguale la canasta familiar y salario universal.
Organizaciones, referentes y personas invitadas a firman un pronunciamiento en defensa de la diputada nacional, denunciando el uso del derecho penal para censurar el discurso político y señalando una violencia de género institucional.
La organización de DDHH exige la revisión inmediata de la medida y el traslado del genocida a una cárcel común, en defensa de los principios de memoria, verdad y justicia.
La Arquidiócesis de Córdoba cuestiona el apuro en las modificaciones al Código de Convivencia provincial, impulsadas en fin de año, y pide diálogo inclusivo para abordar realidades como cuidacoches, limpiavidrios y merodeo sin criminalizar la subsistencia callejera.
Exigen su expulsión de la Cámara de Diputados y el juicio del juez Ariel Lijo ante declaraciones que reivindican el terrorismo de Estado en un programa de streaming.
El Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 11, a cargo de Martín Cormick, anuló la resolución 943/2023 del Ministerio de Seguridad de la Nación al considerar que criminaliza la protesta social, avanza sobre facultades del Congreso y vulnera estándares internacionales de derechos humanos, en una causa impulsada por el CELS y decenas de organizaciones.
En la cuarta audiencia de su alegato, los representantes del MPF abordaron las responsabilidades y efectuaron el pedido de penas por los hechos cometidos por los imputados -civiles, exmilitares y expolicías- contra 294 personas, en las sedes policiales que funcionaron en los cuerpos de Infantería y Caballería y en las comisarías 2da. y 8va. de la policía provincial. Además, requirieron una serie de medidas de reparación.
La decisión implica la suspensión de la licencia ambiental concedida por el Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la Provincia, así como la paralización de todas las obras relacionadas, ya sea de manera directa o indirecta, con el proyecto.