En una sesión marcada por un amplio consenso, el Concejo Deliberante aprobó el proyecto Ficha Limpia, que establece la prohibición de postularse a cargos electivos para ciudadanos con condenas penales. La normativa se aplicará también a funcionarios municipales, en un esfuerzo por "promover la transparencia" en la función pública.
Tras la media sanción por parte de la Camara de Diputados de la Nación, Integrantes de los espacios politicos expresaron su disconformidad; Fernando Lopez, ex juez provincial, Griselda Osorio, ex candidata a vice gobernadora por el Frente Vamos, Tri Heredia de Más Democracia, Claudia Adach de Peronismo con Kicillof y Agustín Marcuzzi de Unidad Ciudadana de Cosquín, respondieron con su parecer ante la consulta de Sures Noticias.
La votación culminó con 144 votos positivos, 98 negativos y dos abstenciones. Unión por la Patria denunció la "proscripción" de Cristina Kirchner. Desde LLA, el PRO, la UCR y otros bloques dialoguistas contestaron que la historia de la Ficha Limpia no es de ahora, sino que se remonta casi una década atrás y es lo que reclama la ciudadanía para volver a creer en el sistema politico.
La norma prohíbe ser candidatos y ocupar cargos a personas con condenas en segunda instancia. El proyecto, sancionado en la legislatura en diciembre pasado, obtuvo amplio respaldo del oficialismo y la oposición. La ley está en sintonía con la ficha proscriptica que impulsa el mileismo y el macrismo que intentan con un proyecto de ley, que se tratara en sesiones extraordinaria, vetar la candidatura de Cristina Fernandez de Kirchner
El ministro de Justicia y Trabajo se reunió con legisladores provinciales que presentaron propuestas de ley sobre la temática en sintonía con el debate en el congreso nacional.
Greenpeace, FARN, Aves Argentinas y otras entidades advierten sobre un retroceso en la protección de reservas hídricas. El proyecto traslada competencias a provincias y enfrenta cuestionamientos por inconstitucionalidad ante las sesiones extraordinarias del 2 de febrero.
El Cuerpo de Abogados del Ministerio de Seguridad de la Ciudad asumirá la defensa de Santiago Barrientos, acusado de matar de un tiro en la nuca a Víctor Vargas en Constitución, y de los vigilantes imputados por encubrimiento en el caso de Gabriel González en Lugano. Organizaciones de derechos humanos denuncian que esa estructura de defensa oficial termina financiando con impuestos la protección de agentes y privados involucrados en crímenes.
Tras un operativo, la Fuerza Policial Antinarcotráfico desbarató un punto de venta de drogas en el barrio Maldonado, secuestró 272 envoltorios de cocaína y detuvo a tres hombres —entre ellos Pablo Learte, condenado por el homicidio de Facundo “el Rubio del Pasaje” Rivera Alegre—, todos con antecedentes penales
El Tribunal Oral Federal N° 1 juzgará por primera vez a cuatro exintegrantes de la inteligencia estatal por 88 casos de secuestros, torturas, desapariciones y sustracción de menores cometidos en Automotores Orletti, la Base Pomar y una casona de Bacacay, epicentro porteño del terrorismo de Estado y del Plan Cóndor.
La Provincia vuelve a los mercados internacionales para tomar hasta 500 millones de dólares a 9 años, con alta tasa y fuerte concentración de vencimientos, profundizando un esquema de endeudamiento en moneda extranjera que traslada el costo a las próximas gestiones y a la ciudadanía.
La Justicia de Chubut concedió la prisión domiciliaria a Mauricio Naum Vargas y Damián Andrés Díaz, activistas antimineros detenidos desde diciembre de 2025 por su participación en protestas contra la zonificación minera. Aunque un avance para sus familias, persiste el riesgo de retorno a prisión si el Superior Tribunal de Justicia ratifica las condenas, en medio de reclamos por criminalización de la protesta socioambiental.
Referentes de las tres centrales sindicales acordaron un plan de acción con movilizaciones en Córdoba y Rosario, paros el día del tratamiento parlamentario y un rechazo unificado a la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei por considerar que implica un fuerte retroceso en derechos y condiciones de trabajo.