El ministro de Justicia y Trabajo se reunió con legisladores provinciales que presentaron propuestas de ley sobre la temática en sintonía con el debate en el congreso nacional.
03 de diciembre de 2024
Sures Noticias
El cónclave pretende avanzar en la articulación y el consenso de un proyecto común y acordado entre el bloque oficialista y la Unión Cívica Radical. Participaron del encuentro con el ministro las legisladoras Brenda Austin Unión Cívica Radical (UCR) y Julieta Rinaldi, Ileana Quaglino, de Hacemos Unidos por Córdoba. En tanto que las legisladoras María del Rosario Acevedo y Victoria Busso lo hicieron por zoom.
La decisión del Gobierno es sancionar la ley en el presente período legislativo.
El debate sobre la ley de ficha limpia en Córdoba se centra en inhabilitar a personas condenadas para que no puedan ejercer cargos públicos. La discusión resalta tres puntos principales: la aplicación de la inhabilitación a partir de la segunda instancia judicial, centrarse en delitos dolosos y extender el alcance de la ley no solo a cargos electivos, sino también a funcionarios públicos. Remarcan el esfuerzo conjunto entre distintos actores políticos, como Victoria Buzo, Julieta Rinaldi y Brenda Austin, para aprobar la ley.
La iniciativa es vista como una mejora cualitativa para la provincia y cuenta con el apoyo del gobernador Martín Llaryora. El objetivo es aprobar la legislación en la próxima sesión antes de que termine el año.
ta. Hay un esfuerzo político conjunto liderado por legisladores y apoyado por el gobierno, con el objetivo de aprobar este proyecto antes de fin de año, demostrando una voluntad política clara de mejorar la calidad gubernamental de la provincia, sostuvieron los protagonistas.
Mientras el Gobierno de Córdoba exhibe como logro que la caída del empleo registrado privado fue del 2,07% frente al 3,04% nacional, la provincia omite que está festejando, en los hechos, la pérdida de más de 11.000 puestos de trabajo y la consolidación de un esquema de precarización sostenido en planes como el PPP y Empleo +26. (NdR)
En un acto de centralismo autoritario, el gobierno de Javier Milei intervino por un año el puerto de Ushuaia mediante la ANPyN, alegando irregularidades que parecen pretextos para erosionar la soberanía provincial en plena temporada de cruceros. El gobernador Gustavo Melella y sindicatos denuncian la medida como ilegal y extorsiva, anunciando acciones judiciales contra esta afrenta.
Los empleados del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) llaman a un abrazo simbólico el miércoles 28 de enero a las 10 en la sede central de General Paz 5445, en rechazo a la orden gubernamental de cerrar la Dirección de Metrología Legal y el Organismo de Certificación, efectiva desde el 31 de enero en el AMBA. Estas áreas emplean a unos 150 técnicos y profesionales responsables de verificar instrumentos de medición en transacciones comerciales.
de Gabinete y denunció un ajuste “ilegal” que podría dejar en la calle a más de 500 empleados públicos, incluso brigadistas que combaten incendios en la Patagonia. El gremio anticipó paros, asambleas y un plan de lucha si el Gobierno no da marcha atrás con el recorte.
La Justicia de Chubut concedió la prisión domiciliaria a Mauricio Naum Vargas y Damián Andrés Díaz, activistas antimineros detenidos desde diciembre de 2025 por su participación en protestas contra la zonificación minera. Aunque un avance para sus familias, persiste el riesgo de retorno a prisión si el Superior Tribunal de Justicia ratifica las condenas, en medio de reclamos por criminalización de la protesta socioambiental.
La Municipalidad de Cosquín confirmó daños intencionales en morteros rupestres de alto valor ceremonial ubicados en la Reserva Natural Río Yuspe‑Cosquín, donde se detectaron marcas de herramientas, retiro de cartelería informativa y bloqueo de senderos, y anunció denuncias penales para resguardar este patrimonio reconocido por la Dirección de Patrimonio Cultural de la Provincia.
Referentes de las tres centrales sindicales acordaron un plan de acción con movilizaciones en Córdoba y Rosario, paros el día del tratamiento parlamentario y un rechazo unificado a la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei por considerar que implica un fuerte retroceso en derechos y condiciones de trabajo.