La Fiscalía de Instrucción del Distrito 3 Turno 1 pide colaboración para dar con el paradero de Florencia Anabel Heredia, de 28 años con domicilio en barrio Yofre Norte de Córdoba Capital.
Florencia Anabel Heredia
LLaryora tomó un café con Caputo en el marco de su alianza con el gobierno del mayor ajuste de la historia
El Ministro de Economía, Luis Caputo, estuvo en Córdoba para dirigirse a empresarios de la liberal-derecha Bolsa de Comercio de Córdoba (BCC) y concluyó su visita con un café en el centro cívico, siendo recibido por el gobernador Martín Llaryora.
Diputados aprobó la declaración de rechazo al DNU que amplió en 100 mil millones los fondos reservados para inteligencia. Ahora la discusión se traslada al Senado. Una veintena de diputados colaboracionistas del PRO votaron con la oposición.
Plan de la Provincia para dotar de internet de alta velocidad a más de 600 escuelas rurales
El gobernador Martín Llaryora anunció un programa que llevará conectividad satelital a diferentes puntos del interior. La iniciativa beneficia a estudiantes y docentes, pero también a la comunidad en general. Es una apuesta revolucionaria que busca la igualdad de oportunidades en todo el territorio provincial. Las cinco escuelas de alta montaña ya utilizan el sistema Starlink.
Juicio por Luana: fiscalía pidió 20 años de prisión para Diego Concha
En el juicio contra el ex director de Defensa Civil de la Provincia, acusado de abuso sexual y la muerte de Luana Ludueña, el fiscal López Villagra pidió 20 años de prisión y la inhabilitación perpetua para Concha.
El Salario mínimo perdió el 31% de poder de compra contra noviembre de 2023
Pese a que el Gobierno marca la recuperación del salario registrado privado contra la inflación en el último mes, el salario mínimo, vital y móvil sufrió «una caída brutal en los meses transcurridos» de la administración de Javier Milei, según un informe del Centro Cifra.
Presentan proyecto de ley para evitar la protección legal de policías implicados en gatillo fácil
Familiares de víctimas de gatillo fácil y organismos de DDHH impulsan un proyecto de ley para que el gobierno de la provincia de Buenos Aires deje de financiar defensores legales y técnicos de policías implicados en casos relacionados a la violencia institucional. Se trata un de flagelo que, según la Comisión Provincial por la Memoria, deja un saldo de un muerto por “ahorcamiento” y otras causas por mes desde 2012.