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Desde una sala del Hospital Manuel Rocca, donde continúa con un largo proceso de rehabilitación, Pablo Grillo firmó el escrito con el que se presenta como querellante particular en la causa que investiga la represión del 12 de marzo de 2025 frente al Congreso de la Nación. Aquel día, el joven fotorreportero sufrió heridas encefalocraneanas de extrema gravedad por el impacto en la cabeza de una munición lanzada con una pistola de gas por el cabo primero de Gendarmería Héctor Jesús Guerrero, único imputado hasta ahora y procesado por lesiones gravísimas.
En el documento presentado ante el Juzgado Federal N.º 1, a cargo de María Servini, Grillo invoca la mejora de su estado de salud para ejercer directamente los derechos que le otorga el Código Procesal en su carácter de víctima. Allí señala que fue blanco del accionar del cabo Guerrero y de otros integrantes de la Gendarmería Nacional y del Ministerio de Seguridad, cuyos roles aún se encuentran bajo investigación. Al mismo tiempo aclara que su incorporación no desplaza a sus padres y a su hermano, ya constituidos como querellantes, dado que continúa dependiendo de ellos para múltiples aspectos de su vida cotidiana, entre ellos este proceso penal
La familia de Grillo, junto al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la abogada Claudia Cesaroni, aprovecharon la presentación para insistir en que se profundice la investigación sobre la cadena de mando del operativo del 12 de marzo. Sostienen que varios funcionarios, por acción u omisión, contribuyeron a que Guerrero efectuara al menos seis disparos en ángulo horizontal contra los manifestantes, modalidad expresamente prohibida por los manuales y protocolos de uso de la pistola lanzagases. La querella remarca que el impacto que casi le cuesta la vida a Pablo fue el cuarto de esos disparos, y plantea que, si los responsables hubieran intervenido al detectar los primeros usos irregulares del arma, el fotógrafo habría salido ileso y se habrían evitado otros riesgos graves para la multitud.
En ese contexto, el escrito enumera a los mandos que, a juicio de la querella, deben ser investigados penalmente. Entre ellos se mencionan a los jefes de grupo Hernán Ariel Kozak y Jorge Luis Reyes, quienes, según los registros audiovisuales, habrían indicado a Guerrero que dispare hacia los manifestantes e incluso lo habrían felicitado con palmadas en la espalda tras uno de los tiros en horizontal. También apuntan al comisario inspector Gerardo Ariel Perillo Scampini, encargado de fiscalizar el operativo; al comandante principal Néstor Germán López, jefe del Destacamento Móvil 6; y al alférez D Gonzalo Gabriel Goulart, responsable de impartir órdenes a los gendarmes que portaban las pistolas lanzagases ese día.
La cadena de responsabilidades que traza la querella alcanza además al entonces director nacional de Gendarmería, comandante general Claudio Miguel Brilloni. Tras la caída de Grillo, dos efectivos corrieron hacia el Congreso y regresaron junto a él, pero lejos de introducir moderación, la llegada de la máxima autoridad coincidió con un recrudecimiento de la represión, mientras Guerrero continuaba disparando. Para las y los representantes de la víctima, esta secuencia muestra que el uso abusivo de la fuerza no fue un exceso aislado, sino parte de una dinámica avalada desde los niveles superiores del comando unificado.
La presentación también reclama investigar el rol de la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich y de los funcionarios que cerraron sin fundamentos la investigación administrativa interna sobre el accionar de Guerrero. En el escrito señalan al comandante de la Región I, Marcelo Porra Melconian, al comandante mayor Barresi y al asesor jurídico José Carlos Lodolo, a quienes atribuyen la decisión de archivar el sumario pese a la gravedad de los hechos. A esto se suma una crítica directa a Bullrich por difundir, ya como senadora, una versión falsa de lo ocurrido y por sostener públicamente que el disparo que hirió a Grillo “fue un tiro bien hecho”, afirmación que contradice el fallo de la Cámara Federal que confirmó el procesamiento de Guerrero.
Para la querella, estas intervenciones mediáticas no son opiniones aisladas, sino parte de una estrategia para incidir en las valoraciones judiciales futuras y blindar al cabo procesado. Sostienen que la defensa pública de Guerrero por parte de la ex ministra, sumada al cierre del sumario interno, sólo puede entenderse como un aval político a un accionar que ya fue calificado judicialmente como grave y peligroso. En ese marco, exigen que la responsabilidad penal alcance no sólo a quien apretó el gatillo, sino también a quienes planificaron, habilitaron y encubrieron el uso abusivo de la fuerza que dejó a un reportero gráfico al borde de la muerte.
