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El beneficio llega luego de que la Cámara Federal de Casación Penal hubiera rechazado pedidos similares en abril de este año, alegando que no existían razones médicas graves ni “circunstancias excepcionales” que justificaran el traslado, ya que las dolencias del detenido podían ser tratadas en prisión.
Guglielminetti, exintegrante del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército, fue condenado en varias causas a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, incluyendo privaciones ilegales de la libertad y tormentos sufridos por víctimas en el centro clandestino “Automotores Orletti”, pieza central del Plan Cóndor. El tribunal justificó el beneficio en los incisos “d” (mayor de 70 años) y “a” (salud) del artículo 10 del Código Penal, aunque informes médicos anteriores lo habían desestimado y el penal de detención daba garantías de atención sanitaria integral.
La noticia generó profundo repudio en la comunidad mercedina y en organizaciones de derechos humanos, como la Comisión de Familiares y Amigos de Detenidos, Desaparecidos y Asesinados de Mercedes, y la Asamblea de Mujeres Mercedinas Diversa y Feminista. Ambas entidades advirtieron sobre el impacto negativo en la lucha contra la impunidad y señalaron que los crímenes de lesa humanidad “no deben tener beneficios penitenciarios”, postura sostenida además por la Corte Suprema en distintos fallos. Llamaron a movilizaciones y a redoblar el reclamo bajo banderas históricas: “¡Ni olvido, ni perdón, ni reconciliación! ¡NUNCA MÁS!”.
Además, Casación había ponderado el riesgo de fuga, recordando que, antes de su captura, el condenado utilizó identidades falsas, y advirtió que la tobillera electrónica no es suficiente garantía de sujeción legal. También se subrayó la obligación internacional del Estado argentino de garantizar el cumplimiento efectivo de las penas en estos delitos.
En Mercedes preocupa la posibilidad —no confirmada— de que el represor elija nuevamente la ciudad para fijar domicilio, ya que en el pasado había mantenido vínculos y estadías periódicas en la localidad. Diversos actores sociales preparan comunicados públicos y actividades de repudio para los próximos días.
Nota:
Este fallo es “provisorio” y puede ser apelado por fiscalía o revocado, como ocurrió en otras ocasiones.
La argumentación sobre salud y edad no es automática, requiere valoración judicial situacional.
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