El operativo policial contra comunidades mapuches expone el fracaso de una gestión que criminaliza la protesta legítima y traiciona sus propios compromisos El domingo 20 de julio, en cercanías de la casa de gobierno de dicha provincia, fue escenario de una represión desproporcionada que puso en evidencia el autoritarismo creciente del gobierno de Rolando Figueroa. Lo que las fuentes oficiales intentaron catalogar como un operativo "de cuidado" fue, en realidad, un despliegue de violencia estatal contra comunidades mapuches que reclamaban pacíficamente el cumplimiento de derechos constitucionales básicos.
Argentina20 de julio de 2025
Sures Noticias
El reclamo legítimo convertido en "amenaza"
Las comunidades Lof Newen Kura, Lof Fvta Xayen, Lof Kelv Kura y Lof Ragilew Cárdenas habían iniciado el martes 16 de julio una protesta pacífica frente a Casa de Gobierno, exigiendo la entrega de cuatro personerías jurídicas que el Estado provincial les adeuda desde hace casi una década. Su reclamo no era caprichoso: estas comunidades habían cumplido todos los requisitos legales y contaban incluso con un compromiso por escrito del ministro Jorge Tobares, firmado el 17 de septiembre de 2024, donde se comprometía a entregar estos documentos en un plazo de 15 días. 290 días después, el Estado seguía incumpliendo su palabra.
La importancia de estas personerías trasciende lo meramente administrativo. Sin este reconocimiento legal, las comunidades no pueden ejercer el derecho a la consulta previa, libre e informada antes de que las petroleras ingresen a sus territorios en Vaca Muerta36. Es decir, el Estado las mantiene en una vulnerabilidad jurídica deliberada que facilita la explotación de sus territorios ancestrales sin su consentimiento.
La escalada represiva: 120 efectivos contra familias desarmadas
El operativo del domingo desplegó una maquinaria represiva desproporcionada: 120 agentes policiales, fuerzas especiales, Policía Metropolitana, bomberos, ambulancias y un perímetro de seguridad de 200 metros. Todo este aparato se movilizó contra familias que protestaban pacíficamente, encadenadas simbólicamente frente al edificio gubernamental.
Las cifras del operativo varían según las fuentes: mientras el gobierno oficial reporta 17 detenidos (11 hombres y 6 mujeres), la Confederación Mapuche de Neuquén y organizaciones acompañantes sostienen que fueron 22 las personas arrestadas, incluyendo dos menores de edad: Newen Antu Dumigual de 13 años, quien fue internado en el hospital Castro Rendón, y Melián Antu Pilquiñam de 15 años.
Violencia contra los más vulnerables
Uno de los aspectos más graves del operativo fue la violencia ejercida contra menores y mujeres. Según las denuncias de las comunidades, hay menores con fracturas como resultado del accionar policial[texto proporcionado], y varias mujeres fueron violentadas durante el desalojo. El comunicador mapuche Umawtufe Wenxu, afiliado al sindicato de prensa de Neuquén, se encuentra entre los detenidos1011, lo que motivó el repudio del gremio periodístico local.
La lista de detenidos incluye a Pablo Meuli, Rolando Cherki, Melina Fitz, Umau Huentu, Marina Schierloh, Esteban Martine, Meliantu Pilquiñan, Gilberto Huilipan, Nelson Cardenas, Liliana Romero, Sergio Vazquez, Luciano Pilquiñan, Auca Lopez, Karen Sanchez, Lautaro Nahuel, Diego Rosales, Melian Pilquiñán (15 años), Peutun Nahuel, Yohana Pino, Adrian Ortiz, Maria Purran y Lorena Maripe.
La hipocresía del "orden institucional"
La represión se produjo después de que las comunidades fueran notificadas apenas dos horas antes del desalojo, un plazo claramente insuficiente que revela la intencionalidad punitiva del operativo. Esta premura contrasta dramáticamente con los 290 días de demora en responder a un reclamo legítimo amparado por la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y tratados internacionales.
El gobierno de Figueroa justificó su accionar alegando que las comunidades "alteraban la paz social" y bloqueaban el acceso a una oficina pública. Sin embargo, esta misma administración ha tolerado durante meses las promesas incumplidas de su propio ministro Tobares, quien carece de autoridad política para resolver el conflicto según denunciaron las comunidades tras su última reunión frustrada.
Video de la represion. Gentileza
El patrón represivo: más allá de un "episodio aislado"
Este operativo no es un hecho aislado, sino parte de un patrón sistemático de represión contra los pueblos originarios en Argentina. Como ha documentado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en los últimos años han proliferado los episodios de violencia policial extrema contra pueblos indígenas en provincias como Chaco, Formosa, Chubut, Río Negro y Neuquén, "incluso con personas muertas y heridas de gravedad".
El contexto nacional agrava esta situación. El gobierno de Javier Milei ha emprendido una ofensiva sistemática contra los derechos indígenas: derogó la ley 26.160 que ponía freno a los desalojos, eliminó el registro de comunidades, desactivó el Consejo de Participación Indígena y ordenó arbitrariamente la apertura de relevamientos territoriales ya finalizados.
Los intereses detrás de la violencia
No es casualidad que las comunidades reprimidas estén ubicadas en zonas estratégicas de Vaca Muerta. Su falta de reconocimiento legal les impide ejercer el derecho a la consulta previa antes de que las petroleras intervengan sus territorios36. Como denunciaron las propias comunidades: "La destrucción de nuestras tierras, los sismos, la contaminación, la violación de leyes, se suma que las petroleras nos tratan como extraños en nuestras propias tierras".
El Lof Campo Maripe ya había denunciado en noviembre de 2024 la "irrupción" de Gendarmería en coordinación con la Policía de Neuquén, en lo que consideraron "un ensayo para el saqueo de las petroleras de Vaca Muerta". La represión del domingo confirma que el Estado prefiere la violencia institucional antes que respetar los derechos constitucionales cuando estos interfieren con los intereses extractivos.
El fracaso de Tobares y la responsabilidad de Figueroa
El ministro Jorge Tobares emerge como una figura particularmente cuestionada en este conflicto. Fue él quien firmó el acta compromiso en territorio mapuche el 17 de septiembre de 2024, prometiendo resolver en 15 días un trámite que lleva una década de demora. Su incapacidad manifiesta para cumplir con compromisos básicos lo convierte, según las comunidades, en "un ministro incapaz, culpable de la violencia institucional".
Pero la responsabilidad última recae en el gobernador Rolando Figueroa, quien eligió la represión como respuesta a un reclamo legítimo. Su administración demuestra que, cuando los intereses económicos están en juego, prefiere "hacer entender a los palos" antes que respetar la ley.
Una democracia en crisis
La represión del domingo en Neuquén expone las contradicciones profundas de un sistema que proclama la vigencia del Estado de Derecho mientras pisotea sistemáticamente los derechos de los pueblos originarios. Como señaló la Confederación Mapuche: "No usar la LEY PARA REPRIMIR, sino usar la Ley para llevar JUSTICIA a una sociedad desigual que ellos han construido".
La violencia estatal contra las comunidades mapuches no es solo una vulneración de derechos humanos fundamentales, sino un síntoma del fracaso democrático de una clase política que, cuando se ve interpelada por reclamos legítimos, responde con autoritarismo y represión. La democracia argentina no puede seguir siendo una democracia a medias, donde unos ciudadanos tienen derechos plenos y otros son tratados como ciudadanos de segunda clase, sometidos a violencia, intimidaciones y discriminación.
El reclamo de las comunidades mapuches continúa vigente, y su legitimidad no ha sido erosionada por la violencia estatal. Al contrario: cada golpe, cada detenido, cada menor lastimado, no hace más que evidenciar que quienes verdaderamente alteran la paz social son aquellos funcionarios que eligen la fuerza bruta por encima de la Constitución que juraron defender.
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