La disposición ordenaba al Ejecutivo abstenerse de despedir al personal de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género y detener la eliminación de programas vinculados a esta área. Sin embargo, los jueces determinaron que dicha orden representa una "intervención indebida del Poder Judicial en ámbitos que son competencia exclusiva del Ejecutivo".
Argentina08 de marzo de 2025
Sures Noticias
Cautelar. En una decisión que ha suscitado gran controversia, la Cámara Contencioso Administrativo Federal levantó, en el marco del 8 de marzo, lo que se conoce como una medida cautelar que obligaba al Estado nacional a continuar implementando políticas efectivas en la lucha contra la violencia de género. Esta medida, que había sido establecida anteriormente, instruía al Ejecutivo a no despedir personal de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género y a evitar la eliminación de programas destinados a esta vital área de atención y prevención.
Los jueces que tomaron esta decisión argumentaron que la medida cautelar generaba lo que ellos consideran una “indebida intromisión del Poder Judicial en aspectos que son de la esfera propia de las facultades del Ejecutivo”. De esta manera, se cuestiona la capacidad de los poderes judicial y ejecutivo de actuar de manera coordinada en la defensa de los derechos de las mujeres y en el sostenimiento de políticas públicas efectivas ante una problemática tan crítica como lo es la violencia de género.
La decisión ha generado reacciones encontradas en la sociedad civil y entre organizaciones feministas y defensoras de los derechos de las mujeres, quienes advierten que el levantamiento de esta medida resulta, en línea con el desprecio por las políticas de género que impulsa Miliei, un retroceso significativo en los esfuerzos realizados para combatir la violencia de género en el país.
La Federación de Profesionales de la Salud (Fesprosa) ha convocado a una jornada nacional de lucha que se llevará a cabo el próximo 17 de julio, en una acción coordinada a nivel nacional que se manifiesta en paros y movilizaciones.
En un contexto de retroceso institucional y desfinanciamiento a las políticas de Derechos Humanos, las Abuelas de Plaza de Mayo anunciaron la restitución del Nieto 140, apropiado durante la última dictadura cívico-militar. “La identidad siempre florece”, celebraron. Esta tarde, brindarán detalles en una conferencia de prensa en la Casa por la Identidad.
El PJ presentará un pedido de juicio político contra la jueza Sandra Arroyo Salgado, a raíz de la detención de militantes, funcionarios y concejala opositores implicados en la protesta en la vereda del hogar del legislador odiante José Luis Espert. La denuncia será impulsada por los legisladores Mariano Recalde y Vanesa Siley ante el Consejo de la Magistratura.
Casi 400 científicos de diversas disciplinas se reunieron este jueves en una asamblea convocada con pocas horas de antelación, evidenciando la creciente preocupación por rumores sobre posibles reformas en el Conicet.
Los abogados de los seis detenidxs por el escrache al diputado libertario José Luis Espert, junto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y diversas agrupaciones políticas, exigieron su liberación, calificando la situación como una "persecución política, judicial y mediática".
El arresto de un jubilado chaqueño por publicaciones en redes sociales abre un nuevo capítulo en la escalada autoritaria del oficialismo. Bajo el pretexto de recibir amenazas, se refuerza un patrón preocupante: el uso del aparato judicial y policial para silenciar voces críticas y consolidar un clima de miedo y autocensura. No se trata de defender mensajes que promuevan la violencia —toda amenaza real debe investigarse con responsabilidad y no como método persecutorio—
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El gobierno de Córdoba impulsa una obra vial que partiría en dos una reserva estratégica para la biodiversidad, el patrimonio histórico y la provisión de agua en Sierras Chicas. Sin consulta previa y en el marco de un sospechoso canje de tierras federales, organizaciones ambientales y sociales denuncian un nuevo avance del modelo extractivista-inmobiliario.
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En un hecho sin precedentes, empresas de izaje y organizaciones ambientales de Córdoba se movilizan para impedir la extracción de un quebracho blanco de 284 años, símbolo de la biodiversidad y la memoria ambiental de Villa Allende. La Municipalidad confirmó la remoción, pero la resistencia ciudadana y empresarial gana fuerza.
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El exjefe comunal “Minino” Negro, quien ejerció mandato durante 40 años, y su candidato a sucederlo políticamente en las elecciones de 2023 están acusados como instigadores de la usurpación y posterior loteo de terrenos pertenecientes al ferrocarril, donde distintas familias procedentes de Río Cuarto se asentaron y construyeron viviendas en enero de 2023. Otras tres personas irán a juicio como coautoras.
El gobierno prometía que las desregulaciones iban a facilitar la creación de trabajo y el crecimiento de la economía. Sin embargo, ya se perdieron más de 400 mil puestos.
La Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) y las Vecinas Unidas en Defensa de un Ambiente Sano (VUDAS) habia presentado una solicitud a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que evalúe la responsabilidad del Estado argentino respecto al funcionamiento ilegal de la empresa Porta Hnos. S.A. en el barrio San Antonio, Córdoba.