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La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) denunció graves irregularidades en el procedimiento licitatorio para la concesión de obra pública por peaje en la Vía Navegable Troncal (VNT) —más conocida como Hidrovía—, a cargo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación. En su dictamen, emitido en el marco del Expediente PIA n.º 126/2022, el fiscal nacional Sergio Leonardo Rodríguez y el auxiliar fiscal Esteban Luis Venditti subrayaron la "trascendencia de la Vía Navegable Troncal para el desarrollo de la economía de la República Argentina, su relevancia estratégica y su función clave para el comercio regional e internacional".
Entre las principales observaciones, el dictamen al que accedió la Agencia Noticias Argentinas advirtió sobre la "inexistencia de estudios de impacto ambiental actualizados" y la falta de cumplimiento de las disposiciones del artículo 10 del Anexo II del Decreto 713/2024, que requería la intervención del Ministerio de Economía para la aprobación de los pliegos de bases y condiciones.
Además, la PIA recibió denuncias por parte de potenciales oferentes que señalaron "un posible direccionamiento hacia la empresa que actualmente realiza el dragado de la vía troncal". Esta situación, también observada por un grupo de diputados nacionales, afecta directamente los principios de "igualdad, transparencia y concurrencia", que deben regir los procedimientos de selección de contratistas del Estado.
El organismo fue tajante al advertir que los errores en la elaboración de los pliegos podrían tener consecuencias graves: "Los errores u omisiones en las cláusulas de los pliegos pueden conducir a un procedimiento y una adjudicación pasibles de reproches administrativos o incluso penales".
La PIA ya había intervenido en la Licitación Pública de Etapa Múltiple n.º 13/2021 para el dragado de la vía navegable troncal, en la que observó "diversas irregularidades durante el desarrollo del procedimiento" y propuso una serie de recomendaciones para evitar que estas situaciones se repitieran.
Finalmente, el dictamen instó a la Agencia Nacional de Puertos a garantizar que el proceso licitatorio se ajuste a los principios de "juridicidad, razonabilidad, transparencia y publicidad", y destacó que "toda contratación debe subordinarse a estos principios, que no solo emanan del ordenamiento jurídico interno, sino también de compromisos internacionales asumidos por el país".
