La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) lanzó un paro para el 5 de diciembre en reclamo de una "inmediata recomposición salarial" y para rechazar el Sistema de Evaluación Pública a los empleados estatales. En Córdoba habrá replica de la medida impulsada por la multisectorial politico - sindical de nustra provincia.
Argentina20 de noviembre de 2024
Sures Noticias
El paro fue ratificado en el Plenario Nacional de Delegados que se llevó a cabo en el Anfiteatro Eva Perón y que contó con la participación de dirigentes de todo el país.
“Si los estatales no vamos a la huelga, estos tipos nos llevan puestos. Ya destruyeron nuestros salarios y ahora con exámenes de idoneidad que son ilegales pretenden seguir despidiéndonos”, indicó Rodolfo Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió por votación unánime un paro de 24 horas para el día jueves 5 de diciembre con movilización en rechazo al recorte salarial en las paritarias, la escalada de violencia y amenazas del Gobierno en las últimas horas, como sucedió por ejemplo en el Ministerio de Justicia entre otras carteras, y los exámenes de idoneidad ilegales que pretenden tomar en la Administración Pública.
“Si los estatales no vamos a la huelga, estos tipos nos llevan puestos. Ya destruyeron nuestros salarios y ahora con exámenes de idoneidad que son ilegales pretenden seguir despidiéndonos. ¿Qué examen nos va a tomar esta gente sobre nuestro trabajo si no lo conocen? No tienen ni idea. Estos funcionarios no tienen autoridad moral para evaluarnos”, indicó Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional. Además, el Plenario también otorgó mandato a la Conducción Nacional para anticipar una medida distinta en los días previos o, eventualmente, sumar media jornada a la huelga del 5.
“En este momento la persecución y el maltrato son sistemáticos en todas las áreas del Estado. Crecen los niveles de autoritarismo y violencia, pero tienen que saber que no les tenemos miedo”, aseguró el dirigente estatal.
En referencia a las recientes amenazas desde el Poder Ejecutivo con despedir a los trabajadores que ejerzan su derecho a parar, Aguiar señaló: “Como Bullrich es una burra y su protocolo ya no surte efecto, ahora es el ministro de Justicia el que pretende pisotear la Constitución. Nunca ocurrió en democracia que se amenace con cesantear a los trabajadores que se plieguen a una huelga. Debiera evaluarse un Juicio Político a Cúneo Libarona”.
“No soportamos un recorte más sobre nuestros salarios. Exigimos un aumento salarial que saque a los estatales de la pobreza. Por estos días el ajuste se profundiza en las provincias. Rechazamos cualquier posibilidad de que recaiga sobre las espaldas de quienes prestan servicios en Estados provinciales y municipales”, expresó el Secretario General de ATE y concluyó: “Hemos definido un paro total de actividades de 24 horas, aunque no descartamos sumar media jornada más”.
La decisión se tomó en el Plenario Federal de Delegados realizado en el anfiteatro Eva Perón de la sede nacional del sindicato en el que participaron más de mil dirigentes de todo el país. Allí también se resolvió que se realizarán protestas en todas las provincias con movilizaciones sobre las rutas, asambleas y radios abiertas, señalando que el ajuste planteado en el Presupuesto 2025 golpea duramente a todas las regiones del país.
Entre los reclamos de ATE está la recomposición salarial, recordando que en la última paritaria el Gobierno otorgó -con la aceptación del otro gremio signatario del Convenio Colectivo de Trabajo 214/06- un 2% para noviembre y 1% en diciembre. De esta forma, la pérdida del poder adquisitivo de los estatales ya supera el 39% en lo que va del año.
También expresaron su rechazo al Sistema de Evaluación Pública mediante el cual pretenden evaluar a trabajadores con 10, 15 y hasta 20 años de trayectoria en el Estado. Son más de 40 mil los contratados evaluados, excluyendo a quienes estén amparados en el cupo por discapacidad y cupo trans.
El sindicato estatal además exige el cese de los despidos en el Sector Público, la reincorporación de todos los ilegítimamente cesanteados, el freno al vaciamiento de los organismos públicos y de los intentos de privatizaciones de las empresas estatales mediante quiebras fraudulentas.
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