
La Ley N° 11.096 trae cambios significativos al régimen de tránsito en la provincia, incluyendo la inclusión del concepto de reiterancia y la imposición de nuevas sanciones.
la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba presentó el Diario de la Marcha del #M24 2019 y su nueva página web El trabajo fue realizado por el área de comunicación de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba con la participación de estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UNC en carácter de practicas pre-profesionales.
Córdoba02 de junio de 2019
Sures Noticias
La presentación consistió en una intervención sonora por la memoria ,verdad y justicia expresada en cada 24 de marzo, acto seguido se abrió un diálogo con los presentes a cargo de un panel expositor integrado por lxs estudiantes: Micaela Cristalli, Martín Gazzano. Profesora Tutora FCC: Alejandra Gómez. Secretaria Académica se la Facultad de Ciencias de la Comunicación- UNC: Nidia Abatedaga. Por H.I.J.O.S/Organismos DDHH: Juan Dyzenchauz y Co coordinadora Comisión de Comunicación, Mesa de Trabajo por los DDHH de Córdoba: Claudia Varas,
Lxs panelistas desarrollaron los conceptos comunicacionales de la flamante página de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba, del Diario de la Marcha, el trabajo de lxs estudiantes de la Carrera de Comunicación Social de la UNC en el proceso y la importancia del "Hacer comunicación en Derechos Humanos".
Por último la actuación de la murga DAS, que entre otros temas interpretó "La 24 canción", canción de la marcha".
La dirección periodística del proyecto estuvo a cargo de Tri Heredia y Claudia Varas, ambos coordinadores del Área de Comunicación de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba. La pagina se puede visitar en este likn:
mesadetrabajoporlosddhh.medios.com.ar



La Ley N° 11.096 trae cambios significativos al régimen de tránsito en la provincia, incluyendo la inclusión del concepto de reiterancia y la imposición de nuevas sanciones.

La decisión implica la suspensión de la licencia ambiental concedida por el Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la Provincia, así como la paralización de todas las obras relacionadas, ya sea de manera directa o indirecta, con el proyecto.

La Arquidiócesis de Córdoba cuestiona el apuro en las modificaciones al Código de Convivencia provincial, impulsadas en fin de año, y pide diálogo inclusivo para abordar realidades como cuidacoches, limpiavidrios y merodeo sin criminalizar la subsistencia callejera.

La organización de DDHH exige la revisión inmediata de la medida y el traslado del genocida a una cárcel común, en defensa de los principios de memoria, verdad y justicia.

Exigen su expulsión de la Cámara de Diputados y el juicio del juez Ariel Lijo ante declaraciones que reivindican el terrorismo de Estado en un programa de streaming.

El Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 11, a cargo de Martín Cormick, anuló la resolución 943/2023 del Ministerio de Seguridad de la Nación al considerar que criminaliza la protesta social, avanza sobre facultades del Congreso y vulnera estándares internacionales de derechos humanos, en una causa impulsada por el CELS y decenas de organizaciones.

La decisión implica la suspensión de la licencia ambiental concedida por el Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la Provincia, así como la paralización de todas las obras relacionadas, ya sea de manera directa o indirecta, con el proyecto.

El Gobierno modificó por decreto la Ley de Inteligencia, rediseñó el organigrama del Sistema de Inteligencia Nacional y otorgó nuevas facultades a sus agentes, incluyendo la posibilidad de aprehender personas y la persecución política a través de un esquema parapolicial encubierta.

La Ley N° 11.096 trae cambios significativos al régimen de tránsito en la provincia, incluyendo la inclusión del concepto de reiterancia y la imposición de nuevas sanciones.

El 23 de abril de 2026 comenzará en La Plata el juicio oral por crímenes de lesa humanidad contra Emilio Parodi, exgerente de la planta de Molinos Río de la Plata en Avellaneda, en una causa que busca fijar responsabilidades empresariales en el terrorismo de Estado a 50 años del golpe.