En ese universo 504 fueron condenadas, 127 están procesadas y 5 aguardan la resolución de su situación procesal. Más de la mitad de las personas detenidas en cárceles tienen entre 70 y 75 años de edad. Estas cifras se dan en un marco en el que, desde 2006, se investigó a más de 3700 personas y recibieron condena casi 1200.
Argentina26 de agosto de 2024
Sures Noticias
La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad presenta estadísticas sobre el rango etario, la modalidad de arresto y la situación procesal de las personas detenidas, investigadas por crímenes de lesa humanidad durante la época del terrorismo de Estado. La oficina especializada pone el foco sobre la porción de privados/as de la libertad y permite visualizar, dentro de ese contexto, un aspecto del que vienen dando cuenta los informes periódicos de la Procuración General de la Nación: la consolidación de la prisión domiciliaria como modalidad de cumplimiento de prisiones preventivas y penas de prisión.
De acuerdo con las estadísticas elaboradas por la procuraduría con base en la información proporcionada por las fiscalías federales y unidades especializadas de las diferentes jurisdicciones del país, en la actualidad hay 636 personas detenidas, de las cuales 508 se encuentran en arresto domiciliario y 128 se encuentran bajo custodia penitenciaria. En este universo de privados y privadas de la libertad, 504 cuentan con condenas, 127 están procesado/as y 5 fueron indagados/as y aguardan la resolución de su situación procesal.
Entre los/as 504 condenados/as, 389 se encuentran en arresto domiciliario; y entre las/os 127 procesados/as, la cifra es 115. En tanto, a 4 de las 5 personas indagadas les fue concedida la detención en su lugar de residencia. La procuraduría aclaró que, en este contexto, 2 personas que fueron condenadas se encuentran en libertad en los procesos en los que se les impuso pena de prisión, pero continúan detenidas por estar procesadas con prisión preventiva en otras causas.
Estas cifras se dan en un marco en el que desde 2006 se investigó a 3746 personas y recibieron condena 1187, de acuerdo con el último informe estadístico -difundido en junio pasado- sobre el estado de los procesos por crímenes de lesa humanidad.
Rangos etarios
La procuraduría estableció distintos niveles etarios para clasificar a las personas investigadas por crímenes de lesa humanidad y analizar su modalidad de arresto y su situación procesal:
Personas de hasta 69 años: Son 25, de las cuales 12 están en prisión domiciliaria y 13 en instituciones penitenciarias. Se desagregan en 10 personas procesadas, 14 condenadas y 1 indagada.
70 a 75 años: Son 216. Entre ellas, 151 están detenidas en sus domicilios y 65 en instituciones penitenciarias. Este universo está compuesto por 51 personas procesadas, 164 condenadas y 1 indagada.
76 a 80 años: Son 184, de las cuales 154 están detenidas en su lugar de residencia y 30 en instituciones penitenciarias. En este contexto, son 35 personas procesadas, 146 condenadas y 3 fueron indagadas.
81 a 85 años: Son 111; 96 en arresto domiciliario y 15 en instituciones penitenciarias. Del total, 19 están procesadas y 92 recibieron condena.
86 a 90 años: Son 69; 65 en arresto domiciliario y 4 en instituciones penitenciarias. Las personas condenadas de este grupo son 64. Las 5 restantes están procesadas.
91 años o más: Son 31 en total, de las cuales 30 permanecen en arresto domiciliario (7 procesadas y 23 condenadas) y 1 en una institución penitenciaria (condenada).
Mientras que algunas regiones logran mantenerse a flote gracias a inversiones en sectores clave, otras se ven sumidas en una profunda crisis debido a la caída del consumo.
Según publica el sitio fiscales.gog.ar es el primer caso de desaparición forzada en democracia en Argentina que llegó a un tribunal internacional. Las víctimas fueron vistas con vida por última vez, golpeadas, el 28 de abril de 1990 en calabozos de la Dirección de Investigaciones de la Policía provincial. El Estado argentino reconoció en 1996 su responsabilidad en el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La medida tiene el fin de colaborar con el trabajo de Abuelas de Plaza de Mayo en la búsqueda de los 300 nietos que aún no han recuperado su identidad.
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