En medio de la recesión, más de 100 mil personas perciben ese beneficio. La cantidad de personas que perciben el seguro de desempleo se duplicó en el primer semestre del año, en medio de una recesión de largo aliento.
Argentina30 de julio de 2024
Sures Noticias
En el primer semestre, 98.703 personas que perdieron el empleo registrado sin causa atribuible al trabajador comenzaron a cobrar el seguro o la Prestación por Desempleo.
Así se elevó a 111.851 el promedio mensual de los alcanzados por este seguro. Cobran un haber promedio de $182.858 mensuales.
Las altas de este año se duplican frente a las de igual período de 2023.
Habían sido de 49.910 y el promedio mensual de 64.457 personas.
De este total, 84.372 son varones y 27.479 mujeres.
De las 98.703 altas, las más numerosas están en la construcción (36.488 trabajadores), la industria manufacturera (19.532), el comercio (15.389), actividades administrativas (6.768), servicio de transporte (3.753), servicios de comida y alojamiento (3.268) y salud y servicios sociales (2.708).
Las personas que pueden cobrar el seguro por desempleo
son los despedidos sin justa causa, por finalización de contrato o por causas externas al trabajador que estuvo en relación de dependencia.
Mientras cobran este seguro –de hasta 12 meses- perciben también las asignaciones familiares y continúan con la cobertura de la obra social a la que están afiliados.
Y los meses del cobro de la prestación se computa como antigüedad para la jubilación o pensión.
Un requisito importante es haber tenido al menos 6 meses de trabajo con aportes en los últimos 3 años anteriores al despido o finalización del contrato.
En el caso del trabajador eventual y de temporada, el requisito es haber trabajado menos de 12 meses en los últimos 3 años y más de 90 días en el último año, antes de la finalización del trabajo.
El monto y la cantidad de cuotas (entre 2 y 12) se calculan según los ingresos y meses trabajados (con aportes) durante los últimos 3 años. Las trabajadoras mayores de 45 años cobran durante 6 meses más.
Fuente NA
En un breve comunicado a traves de sus redes sociales expresaron "Tras 22 años, el gobierno de Javier Milei y Daniel Scioli nos quitó la posibilidad de hacer el encuentro de cierre de Jóvenes y Memoria en Chapadmalal. Desde el 2002, todos los gobiernos permitieron la realización del encuentro.
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El expolicía del Servicio de Informaciones de Santa Fe cuenta con tres condenas -una de ellas firme- y está procesado en una causa. El Tribunal Oral Federal N° 2 de Rosario señaló que no existe un derecho a la prisión domiciliaria y que la edad mayor de 70 años no es una pauta que deba evaluarse de manera exclusiva para su otorgamiento. Dispuso su traslado a una cárcel federal.
En ese universo 504 fueron condenadas, 127 están procesadas y 5 aguardan la resolución de su situación procesal. Más de la mitad de las personas detenidas en cárceles tienen entre 70 y 75 años de edad. Estas cifras se dan en un marco en el que, desde 2006, se investigó a más de 3700 personas y recibieron condena casi 1200.
El tribunal, integrado por Claudio Joaquín Bernard, Silvia Hoerr y Ramiro Fernández Lorenzo, determinará el destino de Luis Alberto Ramos, acusado de "homicidio agravado en contexto de odio hacia la identidad de género".
Invitan a la proyección del documental "Madres" junto al diálogo con integrantes de la coordinadora de familiares Gabriela Sanso y Romina Ludueña (familiares de Rodrigo Sánchez, joven víctima de gatillo fácil en el año 2015). La marcha está prevista para el martes 27/08 a las 17:00 hs.
El colectivo "Justicia por Luana" invitó para el jueves 22 de agosto a estar presentes a las 9 hs en Tribunales II (Fructuoso Rivera 720, Cba) en los alegatos en el juicio contra Diego Concha por su abuso sexual y femicidio suicidio de Luana Ludueña
El anuncio lo hizo la vicegobernadora Myrian Prunotto. La apertura refleja la decisión del gobierno de promover el progreso en las regiones a través de las potencialidades académicas y científicas de la casa de altos estudios
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Según publica el sitio fiscales.gog.ar es el primer caso de desaparición forzada en democracia en Argentina que llegó a un tribunal internacional. Las víctimas fueron vistas con vida por última vez, golpeadas, el 28 de abril de 1990 en calabozos de la Dirección de Investigaciones de la Policía provincial. El Estado argentino reconoció en 1996 su responsabilidad en el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
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