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La sesión contó con la presencia de personas autoconvocadas y miembros de diversas comunidades, así como organizaciones sociales y políticas, quienes se mantuvieron fuera del edificio de Tribunales 2, mostrando su apoyo a la comunidad.
En la Cámara Criminal N° 2 se expusieron los argumentos pertinentes y, al final, el juez pidió un aplazamiento adicional para considerar la sentencia.
El Ministerio Público Fiscal, representado por Gustavo Dalma, ofreció disculpas públicas a la comunidad por la falta de perspectiva de género e indígena en la investigación, y por no haber tomado las medidas necesarias para proteger a la víctima desde la fiscalía de instrucción de Jesús María.
La abogada a cargo del caso pidió que se incluyan conceptos como la perspectiva indígena y la violencia territorial, y solicitó una sentencia efectiva de cuatro años y seis meses, lo cual fue aceptado por la fiscalía.
Se espera que, en la segunda semana de agosto, el acusado ejerza su derecho constitucional de dar su última palabra antes de que se emita la sentencia definitiva.
Eugenia Scarpinello, abogada querellante había señalado que esperan una " condena ejemplar, efectiva".
Al ser consultada sobre las demoras y dilaciones en la sentencia de este juicio, la abogada de la querella señaló que, a su entender, se trata de una causa compleja, dónde claramente la perspectiva indígena todavía es un desafío para el poder judicial y al no tener una estrategia clara con una perspectiva indígena por el lado de fiscalía puede provocar que se postergue un poco el proceso de Fiscalía, de Cámara y de todos los involucrados. Además, recordó que se tuvieron que pedir nuevas pruebas periciales porque las pruebas periciales de instrucción "fueron un desastre", hecho que sumó demora al proceso.
Se trata de un momento crucial para la Comunidad Pluma Blanca, que ha sido víctima de múltiples crímenes, incluyendo hostigamiento, abusos, violación de la propiedad, matanza de animales y colocación de explosivos.
Scarpinello también advirtió sobre las graves consecuencias que la posibilidad de una absolución del acusado generaría ya que no sólo representaría un golpe devastador para la salud psicológica de la víctima y alertó sobre los riesgos de que conlleve a femicidio derivado.
Sobre la idea de " femicidio derivado", Scarpinello explicó que se trata de casos en donde la víctima, al no encontrar justicia, al encontrarse nuevamente a la merced de su agresor, quien como en este caso "abusó en el sentido amplio, contra la integridad sexual, con amenazas, introducción a la vivienda familiar", al sentir que no le creen, que no hay "justicia posible" podría cometer suicidio.
Desde la querella también se insiste en que la posibilidad de una absolución, podría sentar un peligroso precedente de impunidad, poniendo en riesgo la integridad y seguridad de toda la comunidad.
