Ayer se realizó la audiencia que determinaría el veredicto y la sentencia contra el individuo acusado de múltiples delitos contra la integridad sexual de una mujer en la comunidad de Córdoba.
Córdoba26 de julio de 2024
Sures Noticias
La sesión contó con la presencia de personas autoconvocadas y miembros de diversas comunidades, así como organizaciones sociales y políticas, quienes se mantuvieron fuera del edificio de Tribunales 2, mostrando su apoyo a la comunidad.
En la Cámara Criminal N° 2 se expusieron los argumentos pertinentes y, al final, el juez pidió un aplazamiento adicional para considerar la sentencia.
El Ministerio Público Fiscal, representado por Gustavo Dalma, ofreció disculpas públicas a la comunidad por la falta de perspectiva de género e indígena en la investigación, y por no haber tomado las medidas necesarias para proteger a la víctima desde la fiscalía de instrucción de Jesús María.
La abogada a cargo del caso pidió que se incluyan conceptos como la perspectiva indígena y la violencia territorial, y solicitó una sentencia efectiva de cuatro años y seis meses, lo cual fue aceptado por la fiscalía.
Se espera que, en la segunda semana de agosto, el acusado ejerza su derecho constitucional de dar su última palabra antes de que se emita la sentencia definitiva.
Eugenia Scarpinello, abogada querellante había señalado que esperan una " condena ejemplar, efectiva".
Al ser consultada sobre las demoras y dilaciones en la sentencia de este juicio, la abogada de la querella señaló que, a su entender, se trata de una causa compleja, dónde claramente la perspectiva indígena todavía es un desafío para el poder judicial y al no tener una estrategia clara con una perspectiva indígena por el lado de fiscalía puede provocar que se postergue un poco el proceso de Fiscalía, de Cámara y de todos los involucrados. Además, recordó que se tuvieron que pedir nuevas pruebas periciales porque las pruebas periciales de instrucción "fueron un desastre", hecho que sumó demora al proceso.
Se trata de un momento crucial para la Comunidad Pluma Blanca, que ha sido víctima de múltiples crímenes, incluyendo hostigamiento, abusos, violación de la propiedad, matanza de animales y colocación de explosivos.
Scarpinello también advirtió sobre las graves consecuencias que la posibilidad de una absolución del acusado generaría ya que no sólo representaría un golpe devastador para la salud psicológica de la víctima y alertó sobre los riesgos de que conlleve a femicidio derivado.
Sobre la idea de " femicidio derivado", Scarpinello explicó que se trata de casos en donde la víctima, al no encontrar justicia, al encontrarse nuevamente a la merced de su agresor, quien como en este caso "abusó en el sentido amplio, contra la integridad sexual, con amenazas, introducción a la vivienda familiar", al sentir que no le creen, que no hay "justicia posible" podría cometer suicidio.
Desde la querella también se insiste en que la posibilidad de una absolución, podría sentar un peligroso precedente de impunidad, poniendo en riesgo la integridad y seguridad de toda la comunidad.
La Provincia vuelve a los mercados internacionales para tomar hasta 500 millones de dólares a 9 años, con alta tasa y fuerte concentración de vencimientos, profundizando un esquema de endeudamiento en moneda extranjera que traslada el costo a las próximas gestiones y a la ciudadanía.
Tras un operativo, la Fuerza Policial Antinarcotráfico desbarató un punto de venta de drogas en el barrio Maldonado, secuestró 272 envoltorios de cocaína y detuvo a tres hombres —entre ellos Pablo Learte, condenado por el homicidio de Facundo “el Rubio del Pasaje” Rivera Alegre—, todos con antecedentes penales
A casi un año de que se perdiera el rastro de Lian Gael Flores Soraide, de 3 años, vecinos y organizaciones se movilizaron en la Plaza Nueva Esperanza de Ballesteros Norte para exigir avances en la causa y respuestas concretas de la Justicia provincial y federal.
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa reclamó en el Senado la eliminación de cinco artículos del proyecto oficial de reforma laboral, al considerar que desnaturalizan los convenios colectivos y pueden disparar una ola de juicios y conflictos. La entidad, que agrupa a pymes de todo el país, sostuvo que los cambios propuestos vulneran el artículo 14 bis de la Constitución y convenios internacionales de la OIT, y reclamó “de manera imperiosa” suprimir esos puntos para preservar la seguridad jurídica en las relaciones de trabajo.
de Gabinete y denunció un ajuste “ilegal” que podría dejar en la calle a más de 500 empleados públicos, incluso brigadistas que combaten incendios en la Patagonia. El gremio anticipó paros, asambleas y un plan de lucha si el Gobierno no da marcha atrás con el recorte.
El Cuerpo de Abogados del Ministerio de Seguridad de la Ciudad asumirá la defensa de Santiago Barrientos, acusado de matar de un tiro en la nuca a Víctor Vargas en Constitución, y de los vigilantes imputados por encubrimiento en el caso de Gabriel González en Lugano. Organizaciones de derechos humanos denuncian que esa estructura de defensa oficial termina financiando con impuestos la protección de agentes y privados involucrados en crímenes.
Tras un operativo, la Fuerza Policial Antinarcotráfico desbarató un punto de venta de drogas en el barrio Maldonado, secuestró 272 envoltorios de cocaína y detuvo a tres hombres —entre ellos Pablo Learte, condenado por el homicidio de Facundo “el Rubio del Pasaje” Rivera Alegre—, todos con antecedentes penales
El titular de La Bancaria y diputado de Unión por la Patria, Sergio Palazzo, cuestionó el proyecto de reforma laboral del gobierno de Javier Milei por licuar las sentencias, permitir el pago en cuotas de las indemnizaciones y vulnerar principios constitucionales, y advirtió que los legisladores que lo acompañen serán “básicamente unos delincuentes”.
El Tribunal Oral Federal N° 1 juzgará por primera vez a cuatro exintegrantes de la inteligencia estatal por 88 casos de secuestros, torturas, desapariciones y sustracción de menores cometidos en Automotores Orletti, la Base Pomar y una casona de Bacacay, epicentro porteño del terrorismo de Estado y del Plan Cóndor.
La Provincia vuelve a los mercados internacionales para tomar hasta 500 millones de dólares a 9 años, con alta tasa y fuerte concentración de vencimientos, profundizando un esquema de endeudamiento en moneda extranjera que traslada el costo a las próximas gestiones y a la ciudadanía.