Los ataques María O´Donnell, por viajar a ver la Copa America y a Marcelo Longobardi, quien fue etiquetado en las redes sociales de Milei como "dinosaurio", "chanta" y "pifiador serial", se unen a los casos de otros treinta comunicadores. Se solicita que se inste al Estado argentino a abstenerse de utilizar discursos que criminalicen.
Argentina25 de julio de 2024
Sures Noticias
La oficina argentina de Amnistía Internacional acaba de enviar una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a las Relatorías especiales de defensores de Derechos Humanos y de Libertad Expresión, “ante el potencial peligro que genera para el debilitamiento del debate público” la manera en la que el presidente Javier Milei se relaciona con los periodistas y trabajadores de prensa.
En lo que va de la gestión de La Libertad Avanza, cerca de 30 periodistas recibieron hostigamiento en redes socio digitales y medios de comunicación.
“El actual Gobierno lleva pocos meses de gestión, sin embargo, estamos siendo testigos de cómo la confrontación, odio, temor y las noticias falsas violan reglas básicas del Estado de derecho”, señaló Mariela Belski, directora Ejecutiva de la organización humanitaria.
El texto enviado al organismo internacional advierte que la red socio-digital “X” (ex Twitter) se convirtió en la herramienta preferida del Gobierno para los señalamientos y acusaciones. “A través de posteos y reposteos, los periodistas y comunicadores han estado en la primera línea de ataque: “mentirosos”, “ensobrados”, “idiotas”, “violentos”, “agresivos”, “despreciables”, “imbéciles”, son algunos de los calificativos e insultos elegidos”.
A Jorge Lanata, Jorge Fontevecchia, María O´Donnell, Marcelo Bonelli, María Laura Santillán, Martín Rodríguez Yebra, Joaquín Morales Solá. por nombrar solo algunos, ayer fue sumado Marcelo Longobardi, calificado como “dinosaurio”, “idiota”, “chanta” y “pifiador serial” a través de la cuenta de Milei.
También recuperan el caso de Nancy Pazos y Darío Villarruel. Ambos fueron denunciados penalmente por el ministro de justicia Mariano Cuneo Libarona, por supuesta “instigación a cometer delitos”. En un caso que provocó repudio, el Ministro denunció a los periodistas a raíz de una serie de declaraciones que realizaron en el marco del escándalo por las 5 toneladas de alimentos no distribuidos por el Ministerio de Capital Humano. Finalmente, el dictamen del fiscal federal Ramiro González consideró que las expresiones “no tienen entidad” para ser consideradas un delito. “Las estrategias de acoso judicial tienen un efecto negativo al inhibir la crítica, desalentar investigaciones periodísticas y generar una cultura de la autocensura que, además de afectar la labor periodística, lesiona el derecho del público a la información y el papel del ciudadano en la democracia. Pese a que, en casos como éste, la justicia las descarta, el efecto inhibidor y criminalizante opera en contra del ejercicio libre de expresarse y fomentar la rendición de cuentas del Estado”.
En el escrito, Amnistía también cuestionó la arbitrariedad con la que el Gobierno decidió remover la acreditación de la periodista Silvia Mercado. Y alertó sobre el anuncio del vocero de la presidencia de dictar lineamientos para la acreditación a Casa Rosada que pudieran devenir en un ejercicio arbitrario y selectivo para limitar las voces que pueden preguntar e indagar sobre las medidas de gobierno.
“Este tipo de ataques suele tener un anclaje más profundo cuando las víctimas son mujeres. Esto impacta directamente no solo en la reducción del debate público sino también en la salud de las personas afectadas”, dice la presentación.
“Una prensa independiente y crítica –continúan- constituye un elemento fundamental para la vigencia de un Estado de derecho. Cuando quien agrede es el Presidente de la Nación está claro que tendrá efectos aún más profundos sobre el discurso de otros, poniendo en riesgo el derecho a la libertad de expresión y la información. Pero, además, la descarga de odio contra los profesionales de prensa no hace sino habilitar y promover el hostigamiento, las amenazas y la violencia. En efecto, la palabra del funcionario es seguida de un aluvión de mensajes que reproducen agresiones y hostilidad”.
“La libertad de expresión y de prensa son derechos fundamentales reconocidos en los tratados internacionales, los cuales tienen jerarquía constitucional. Por eso, Amnistía Internacional considera urgente que la CIDH y las Relatorías Especiales tomen conocimiento de estos graves hechos; y, entre otras medidas, exhorten al Estado argentino a que se abstenga del uso de discursos y mensajes criminalizantes y a establecer recomendaciones específicas sobre el rol de los funcionarios públicos y el impacto de las comunicaciones del Estado en el rol del periodismo”, sintetizan.
Piden que la CIDH considere:
i Exhortar al Estado argentino a pronunciarse sobre la importancia de proteger los derechos a la libertad de expresión y prensa y el rol central que ocupa el periodismo en un estado de derecho
ii. Exhortar al Estado argentino a que se abstenga del uso de discursos y mensajes criminalizantes sobre la labor de periodistas y medios de comunicación.
iii. Considerar la relevancia de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – de la mano de las Relatorías Especiales- elabore mecanismos y respuestas para contrarrestar las prácticas de los Estados de utilizar discursos estigmatizantes y narrativas que procuran desacreditar al periodismo y silenciar y censuras las críticas.
iv. Considerar la relevancia de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – de la mano de las Relatorías Especiales- establezca y explicite recomendaciones específicas sobre el rol de los funcionarios públicos y el impacto en las comunicaciones del Estado, en el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión y el rol del periodismo.
La carta completa con todos los casos detallados se puede leer en la web de Amnistía Internacional Argentina.
Fuente: Canal Abierto
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