La adhesión se da en el marco de la propuesta elaborada por el Observatorio de Violencia de Género del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina, del que forma parte el Ministerio Público Fiscal de Córdoba, con el objetivo de dar cumplimiento a los estándares internacionales de la debida diligencia reforzada.
Córdoba24 de julio de 2024
Sures Noticias
La Fiscalía General de la provincia de Córdoba resolvió adherir al Protocolo de investigación y litigio de casos de violencia sexual elaborado por la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), a cargo de la Fiscal Federal Mariela Labozzetta, y aprobado por el Procurador General de la Nación interino, Eduardo Casal, en abril del 2023.
Luego de un proceso participativo de validación del protocolo con los equipos que investigan estos casos a los fines de receptar sus sugerencias de adaptación o ajuste, el Ministerio Público Fiscal provincial aprobó este instrumento, mediante la Resolución 13/24, como un instrumento orientativo para la investigación y litigio de delitos contra la integridad sexual.
La decisión del organismo provincial se enmarca en la propuesta elaborada en su agenda 2024 por el Observatorio de Violencia de Género del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina, del que forma parte el Ministerio Público Fiscal de Córdoba, con el objetivo de dar cumplimiento a los estándares internacionales de la debida diligencia reforzada.
Se trata del segundo Ministerio público local que adopta el instrumento de investigación. En marzo de este año, el procurador general de la provincia del Chaco, Jorge Edgardo Omar Canteros, aprobó en el ámbito del Ministerio Público Fiscal de esa jurisdicción el uso de esta herramienta.
El Protocolo de investigación y litigio de casos de violencia sexual fue aprobado por Resolución PGN 16/23 y tiene como objetivo establecer pautas para la incorporación de la perspectiva de género desde el inicio de las investigaciones, facilitar la construcción de una teoría del caso que permita una investigación de los hechos eficiente y libre de estereotipos de género y garantizar los derechos de las personas que atravesaron una situación de violencia sexual o que fueron testigos, durante su participación en el proceso penal.
A casi un año de que se perdiera el rastro de Lian Gael Flores Soraide, de 3 años, vecinos y organizaciones se movilizaron en la Plaza Nueva Esperanza de Ballesteros Norte para exigir avances en la causa y respuestas concretas de la Justicia provincial y federal.
Diez años del crimen de Santino Cabanillas: una bala de un efectivo policial que sigue impune. La familia del bebé asesinado en barrio Marqués Anexo, Córdoba, reclama justicia tras una década de dilaciones judiciales. Cintia Moyano y Federico Cabanillas exigen un juicio oral y público para el policía imputado, mientras critican la lentitud del sistema y la falta de respuestas del Estado.
Mientras el Gobierno de Córdoba exhibe como logro que la caída del empleo registrado privado fue del 2,07% frente al 3,04% nacional, la provincia omite que está festejando, en los hechos, la pérdida de más de 11.000 puestos de trabajo y la consolidación de un esquema de precarización sostenido en planes como el PPP y Empleo +26. (NdR)
Cámara Federal de Apelaciones frena por 60 días la privatización impulsada por Bullbarrel S.A., que planeaba un bar en el sitio de secuestros y torturas durante la dictadura. Sobrevivientes y organismos reclaman preservación como espacio de memoria histórica.
Organizaciones políticas, de DDHH, sindicatos y movimientos sociales se concentraron en la Casa de los Trabajadores exigiendo la Libertad de Milagro Sala y de todxs lxs presxs politicos de Argentina, también se expresaron en contra de la persecución judicial, el DNU de Milei y el Código de Convivencia de Llaryora, con palabras, convocatorias, arte y música.
La industria metalúrgica volvió a cerrar un año en rojo: en 2025 la actividad se retrajo 0,9% frente a 2024, período en el que ya se había desplomado 12,1%, lo que confirma la continuidad de la crisis en el sector.
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa reclamó en el Senado la eliminación de cinco artículos del proyecto oficial de reforma laboral, al considerar que desnaturalizan los convenios colectivos y pueden disparar una ola de juicios y conflictos. La entidad, que agrupa a pymes de todo el país, sostuvo que los cambios propuestos vulneran el artículo 14 bis de la Constitución y convenios internacionales de la OIT, y reclamó “de manera imperiosa” suprimir esos puntos para preservar la seguridad jurídica en las relaciones de trabajo.
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En un acto de centralismo autoritario, el gobierno de Javier Milei intervino por un año el puerto de Ushuaia mediante la ANPyN, alegando irregularidades que parecen pretextos para erosionar la soberanía provincial en plena temporada de cruceros. El gobernador Gustavo Melella y sindicatos denuncian la medida como ilegal y extorsiva, anunciando acciones judiciales contra esta afrenta.
Greenpeace, FARN, Aves Argentinas y otras entidades advierten sobre un retroceso en la protección de reservas hídricas. El proyecto traslada competencias a provincias y enfrenta cuestionamientos por inconstitucionalidad ante las sesiones extraordinarias del 2 de febrero.