Asamblea Vecinos del Chavascate, Foro Ambiental Traslasierra y ADARSA señalaron que en el contexto de la Acción Declarativa de Inconstitucionalidad de la ley 10830, que alteró de manera deshonrosa la ley de Política Ambiental 10208, el Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Córdoba, representado por el Fiscal Adjunto Bustos Fierro, se permite, en medio de una grave crisis ambiental, maniobrar con procedimientos insuficientes e inapropiados para emitir un dictamen (obligatorio, pero no vinculante) que busca justificar su postura de que la ley modificatoria de la 10208 es constitucional.
Córdoba 22 de marzo de 2024
Sures Noticias
En un comunicado señalaron: Bustos Fierro parece ignorar la existencia de dos presentaciones como Amicus Curiae, que precisamente señalan las graves deficiencias de la ley 10830 y las terribles consecuencias que tendrá para la población en su derecho a la salud, la vida y un ambiente sano.
Para fundamentar su opinión (nueva), en clara contradicción con su dictamen anterior, argumenta que: "la parte actora no especifica cuál es su agravio concreto o el perjuicio que le causaría la normativa impugnada, lo que da un carácter puramente especulativo a la pretensión (...) lo que excede la función de la ADI si no hay un agravio constitucional concreto para los solicitantes."
¿Es posible que en una crisis nacional tan grave, un funcionario público desconozca el derecho de manera tan evidente? Esta Acción Declarativa no se presentó para obtener la devolución de un "pagaré". Se presentó para proteger intereses colectivos y difusos, específicamente ambientales, y hay un conjunto de normas de orden público que el texto ignora.
¿Qué lo hizo cambiar de opinión, cuando en su primer dictamen afirmaba claramente: "es apropiado reconocer legitimación a la parte actora, porque el derecho que busca proteger tiene un interés colectivo o difuso, como es el ambiente"?
Creemos necesario resaltar que este Dictamen solo servirá para congraciarse con las autoridades del Panal, pero claramente pone en una situación de vulnerabilidad total a todos los habitantes de nuestra Provincia (humanos y no humanos). Habría sido interesante, y se pierde una valiosa oportunidad, que la Fiscalía General se pronunciara sobre los puntos específicos de la ley 10.830 impugnados en el ADI, en lugar de eso, utiliza un artilugio sobre la legitimidad de las organizaciones presentantes en relación con la inexistencia de un "caso concreto". Emitir este tipo de documentos, que estamos seguros no podrá ser tomado en serio, es preocupante.
Puntos claves:
Cuestionamiento Legal: La ley 10830, que modifica la ley de Política Ambiental 10208, es impugnada por su presunta inconstitucionalidad.
Opinión del Fiscal Adjunto: Bustos Fierro emitió un dictamen no vinculante argumentando la constitucionalidad de la ley, en contradicción con su dictamen anterior.
Defensa del Ambiente: Se presentaron dos Amicus Curiae destacando las falencias de la ley 10830 y sus posibles consecuencias negativas para la salud y el ambiente.
Crítica a la Fiscalía: Se critica la falta de atención a las normas de orden público ambientales y la vulnerabilidad que esto genera para los habitantes de la provincia.
Este resumen refleja los argumentos y preocupaciones expresados en el documento sobre la reforma legal y su impacto en el medio ambiente y la sociedad.
Las principales críticas a la ley 10830 se centran en los siguientes aspectos:
Inconstitucionalidad: Se cuestiona la constitucionalidad de la ley, argumentando que podría estar en conflicto con la Constitución y otras normas legales.
Opinión Contradictoria del Fiscal Adjunto: El Fiscal Adjunto, Bustos Fierro, emitió un dictamen no vinculante en el que sostiene la constitucionalidad de la ley, a pesar de haber emitido un dictamen previo en sentido contrario.
Impacto en el Medio Ambiente y la Salud: Se presentaron Amicus Curiae que destacan las deficiencias de la ley 10830 y su posible impacto negativo en la salud y el ambiente. Estas críticas se centran en la falta de atención a las normas de orden público ambientales y la vulnerabilidad que esto genera para los habitantes de la provincia.
En resumen, las críticas se enfocan en la legalidad, la opinión del Fiscal Adjunto y las posibles consecuencias adversas para el medio ambiente y la sociedad.
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Un estudio del Centro de Almaceneros revela que, debido a la escasez de plata, se intensifica la práctica de omitir comidas (con padres y madres que no comen para que sus hijos puedan hacerlo), y las meriendas se están convirtiendo en cenas.
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