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El Reporte Anual 2024 del Proyecto Mirar, elaborado por un equipo interdisciplinario de expertas en salud, derecho y género, monitorea exhaustivamente un año de gestión nacional tras el cambio presidencial de diciembre de 2023. Su análisis abarca coordenadas políticas, datos cuantitativos y cualitativos, la voz de las usuarias de servicios de aborto, y el panorama regulatorio entre enero y julio de 2025.
Contexto político: Zo-zobra y resistencia
Argentina vive una política de zozobra bajo la presidencia de Javier Milei, declarado opositor a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en foros internacionales y locales. A pesar de que la agenda feminista y de salud sexual queda arrinconada frente a otros blancos prioritarios del gobierno, la tensión es permanente y el ataque puede profundizarse. La estrategia comunicacional de “choque y horror” genera incertidumbre y posibilita que la agenda de género sea blanco de embestidas. No obstante, la sociedad sostiene un fuerte apoyo a las políticas de salud sexual y reproductiva: más del 70% considera esencial la inversión estatal en métodos anticonceptivos y prevención; un 50% apoya el aborto seguro, principalmente mujeres y quienes conocen a alguien que abortó.
Recortes y desafíos en la coyuntura 2025
El informe destaca el cierre del Plan ENIA y el retiro nacional de la provisión de misoprostol y mifepristona, trasladando la carga de compra a las provincias sin financiamiento ni planificación. Entre 2024 y 2025, Amnistía Internacional reportó una reducción del 81% en insumos anticonceptivos y test de embarazos, junto al aumento de obstrucciones de interrupciones legales. Estos recortes se inscriben tanto en el ajuste fiscal general como en la crítica oficial al movimiento de mujeres, generando un escenario de incertidumbre y ajustes improvisados en salud sexual y reproductiva. Las provincias, con distintas capacidades de respuesta, se adaptan para sostener la ley en medio de ataques discursivos y materiales.
Aborto: datos federales ante la adversidad
Los informes provinciales muestran que los números agregados de IVE/ILE en 2024 se mantienen similares a 2023, con un 84%-96% de interrupciones antes de las 12 semanas, en línea con estándares internacionales. La red de efectores varía enormemente entre provincias: desde 2% hasta 90% del total de instituciones públicas. El acceso también se mide por tasas de servicios por cada 100.000 mujeres, revelando disparidad territorial.
Las barreras más frecuentes son la falta de previsibilidad en insumos para el aborto y la heterogeneidad en la red de efectores. A pesar de la decisión nacional de no adquirir medicamentos, la mayoría de provincias realizó compras para sostener el acceso y algunas (Santa Fe, San Luis) produjeron misoprostol a nivel local. El aborto con medicamentos se impone, siendo seguro y ambulatorio, mientras la aspiración manual es minoritaria.
Experiencia de usuarias: la Encuesta MACA
La Encuesta MACA, primera herramienta estandarizada para medir acceso y calidad del aborto, muestra que 8 de cada 10 personas accedieron en el plazo que marca la ley (10 días), pero casi la mitad tuvieron que costear parte de los servicios, con ecografías como principal gasto. Las más jóvenes sufren demoras mayores y la gratuidad legal no se cumple plenamente.
En calidad, los servicios muestran compromiso: más del 90% de encuestadas recibió información integral, trato digno, respeto y confidencialidad, a pesar de los retos en insumos y recortes.
Impacto regulatorio y judicialización: avanzar o resistir
Entre enero y julio de 2025 se identificaron 27 proyectos normativos: 12 de ampliación de derechos y 15 con objetivos restrictivos, ninguno de los últimos aprobado gracias a la fortaleza del marco legal. Aparecen iniciativas restrictivas sobre restos fetales y duelo perinatal, que podrían implicar retrocesos, aunque el movimiento feminista y las organizaciones sociales logran frenar avances.
La judicialización continúa: de 38 causas contra la Ley 27.610, 35 fueron rechazadas, reafirmando la constitucionalidad y vigencia de la ley. Sin embargo, persisten ofensivas y amparos colectivos por falta de insumos que reflejan el clima de conflicto y desafío.
Conclusiones federales
- La postura oficial crítica al derecho al aborto es disonante con valores y opiniones mayoritarias de la sociedad argentina.
- El ajuste fiscal y la desregulación nacional deterioran políticas existentes, pero no han avanzado (aún) en cambios legislativos restrictivos.
- Las provincias y equipos de salud demuestran compromiso y creatividad para sostener el acceso y la calidad, adaptándose con compras locales, capacitación y actualización normativa.
- La respuesta federal muestra diversidad y resiliencia, pero su sostenibilidad y mejora dependen de oportunidades y recursos a futuro.
- A cuatro años de la sanción de la ley, la lucha por sostener los derechos sexuales y reproductivos sigue viva gracias al activismo, la gestión local y el esfuerzo de profesionales comprometidos, en un escenario desafiante y de ajuste.
El informe exhaustivo revela un mosaico de obstáculos y resistencias: la política nacional amenaza con retrocesos, pero son las mujeres, equipos de salud y organizaciones de derechos quienes sostienen la ley a toda costa, manteniendo encendida la esperanza y la acción por una Argentina más justa y equitativa para todas las personas.
