Así lo determinó el Tribunal Oral Federal de esa ciudad que, además, consideró los hechos como crímenes de lesa humanidad. En el juicio se abordó la responsabilidad de Mazzoni, que en ese momento se desempeñaba como secretario del Juzgado Federal, en las torturas infligidas a Hugo Barúa durante el allanamiento a su domicilio.
Argentina14 de marzo de 2024
Sures Noticias
El Tribunal Oral Federal de Resistencia, integrado por Osvaldo Alberto Facciano, Mario Gambacorta y Marcelo Cardozo, condenó hoy a cinco años y seis meses de prisión e inhabilitación perpetua al exfiscal federal Roberto Domingo Mazzoni en calidad de partícipe necesario del delito de tormentos agravados cometidos contra Hugo Barúa, un militante detenido en septiembre de 1975. En línea con el pedido del Ministerio Público Fiscal en su alegato, los jueces consideraron los hechos como crímenes de lesa humanidad. El 19 de marzo se conocerán los fundamentos.
En el juicio se abordó la responsabilidad de Mazzoni en hechos ocurridos en la madrugada del 10 de septiembre de 1975, cuando Barúa fue detenido y torturado durante un allanamiento a su domicilio llevado adelante por la Policía de Chaco y la Gendarmería Nacional. En el debate se tuvo por acreditado que el acusado, por entonces secretario del Juzgado Federal de Resistencia, estuvo presente.
El debate culminado hoy había comenzado el pasado 26 de febrero y contó con la declaración de seis testigos. En representación del Ministerio Público Fiscal intervinieron el fiscal general Federico Carniel y el auxiliar fiscal Diego Vigay.
La víctima de esta causa sobrevivió al terrorismo de Estado y testificó en diferentes juicios por crímenes de lesa humanidad. Ejerció la presidencia de la Comisión Provincial por la Memoria de Chaco en 2011 y falleció en 2020.
El acusado Mazzoni ya cuenta con una condena a 11 años de prisión, impuesta en 2019, por los delitos de "tormentos psicológicos, omisión de denunciar e incumplimiento de los deberes". En esa causa también estaban implicados por la comisión de crímenes de lesa humanidad el exjuez federal Luis Ángel Córdoba y el exfiscal federal Carlos Flores Leyes, quienes fallecieron antes del debate oral.
En aquella oportunidad, el TOF de Resistencia resaltó que “al poseer una posición de garante, por su especial posición institucional que prescribe especiales deberes de protección frente a los bienes jurídicos en juego, como la libertad, la integridad física de los detenidos, por sus cargos de fiscal y juez federal al momento de los hechos, revestían especiales deberes de protección frente a la libertad e integridad física de los detenidos al tomar conocimiento de los hechos denunciados y esta omisión debe serle imputada como si la hubiesen llevado de modo activo”.
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Ante el incumplimiento de cuotas alimentarias, el gobernador Axel Kicillof oficializó la ley 15.589 que veta el ingreso a casinos, salas de juegos de azar y bingos a personas morosas registradas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM). La medida, aprobada por la Legislatura bonaerense y vigente desde fines de 2025, obliga a los operadores a verificar identidades y refuerza la responsabilidad estatal en la protección de derechos infantiles y adolescentes, sumando sanciones económicas y clausuras por incumplimiento.
Este viernes 16 de enero, en la Casa de los Trabajadores, se realizará un acto con diálogo abierto, presentaciones artísticas y reclamos contra la persecución política y encarcelamiento de Milagro Sala bajo los gobiernos de Macri, Fernández y Milei. Participan e invitan referentes y organizaciones políticas, sindicales, sociales y de derechos humanos. La actividad es promovida por el Foro por la Libertad, la Democracia y los DDHH de Córdoba.
La Confederación General del Trabajo (CGT) convocaría a realizar un paro nacional con movilización el 10 de febrero, en coincidencia con el debate en el Senado del proyecto de reforma laboral promovido por el oficialismo. La decisión se habría tomado luego de la masiva marcha del 18 de diciembre en Plaza de Mayo, donde sindicatos y organizaciones sociales reclamaron frenar la iniciativa del Ejecutivo y exigieron una medida de fuerza a nivel nacional.
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Vecinos de Córdoba y activistas de todo el país se alistan para marchar el 31 de enero contra el extractivismo, la privatización del agua y el RIGI, denunciando la contaminación de ríos y la persecución a defensores ambientales.
El dirigente social y diputado nacional llegó caminando a la ciudad junto a militantes de Patria Grande, Argentina Humana y Córdoba Humana, y encabezó un encuentro tipo plaza en el Teatrino del Subnivel ante unas 300 personas, donde cuestionó duramente al gobierno de Javier Milei, reivindicó la justicia social, la agenda de derechos humanos y pidió organización solidaria frente a “un momento de suma gravedad” para la democracia argentina.
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