Así lo determinó el Tribunal Oral Federal de esa ciudad que, además, consideró los hechos como crímenes de lesa humanidad. En el juicio se abordó la responsabilidad de Mazzoni, que en ese momento se desempeñaba como secretario del Juzgado Federal, en las torturas infligidas a Hugo Barúa durante el allanamiento a su domicilio.
Argentina 14 de marzo de 2024
Sures Noticias
El Tribunal Oral Federal de Resistencia, integrado por Osvaldo Alberto Facciano, Mario Gambacorta y Marcelo Cardozo, condenó hoy a cinco años y seis meses de prisión e inhabilitación perpetua al exfiscal federal Roberto Domingo Mazzoni en calidad de partícipe necesario del delito de tormentos agravados cometidos contra Hugo Barúa, un militante detenido en septiembre de 1975. En línea con el pedido del Ministerio Público Fiscal en su alegato, los jueces consideraron los hechos como crímenes de lesa humanidad. El 19 de marzo se conocerán los fundamentos.
En el juicio se abordó la responsabilidad de Mazzoni en hechos ocurridos en la madrugada del 10 de septiembre de 1975, cuando Barúa fue detenido y torturado durante un allanamiento a su domicilio llevado adelante por la Policía de Chaco y la Gendarmería Nacional. En el debate se tuvo por acreditado que el acusado, por entonces secretario del Juzgado Federal de Resistencia, estuvo presente.
El debate culminado hoy había comenzado el pasado 26 de febrero y contó con la declaración de seis testigos. En representación del Ministerio Público Fiscal intervinieron el fiscal general Federico Carniel y el auxiliar fiscal Diego Vigay.
La víctima de esta causa sobrevivió al terrorismo de Estado y testificó en diferentes juicios por crímenes de lesa humanidad. Ejerció la presidencia de la Comisión Provincial por la Memoria de Chaco en 2011 y falleció en 2020.
El acusado Mazzoni ya cuenta con una condena a 11 años de prisión, impuesta en 2019, por los delitos de "tormentos psicológicos, omisión de denunciar e incumplimiento de los deberes". En esa causa también estaban implicados por la comisión de crímenes de lesa humanidad el exjuez federal Luis Ángel Córdoba y el exfiscal federal Carlos Flores Leyes, quienes fallecieron antes del debate oral.
En aquella oportunidad, el TOF de Resistencia resaltó que “al poseer una posición de garante, por su especial posición institucional que prescribe especiales deberes de protección frente a los bienes jurídicos en juego, como la libertad, la integridad física de los detenidos, por sus cargos de fiscal y juez federal al momento de los hechos, revestían especiales deberes de protección frente a la libertad e integridad física de los detenidos al tomar conocimiento de los hechos denunciados y esta omisión debe serle imputada como si la hubiesen llevado de modo activo”.
Tomás Arrieta es mencionado en un caso de delitos de lesa humanidad por torturar a soldados durante el conflicto bélico. "Nos quitaba la escasa comida cada vez que nos encontraba con los borceguíes desatados", relataron los excombatientes de CECIM La Plata.
Integrantes de todo el territorio plurinacional, asambleas socioambientales, comunidades indígenas, organizaciones y activistas autoconvocades pusieron en pie una campaña contra la adhesión al RIGI *Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones* en cada provincia y localidad. Escribieron una carta como propuesta colectiva que tiene como objetivo hacerla llegar a legisladores, diputados y concejales.
Juan Etchebarne fue absuelto en 1994 por esos hechos. La fiscalía de juicio había intentado avanzar contra esa decisión en el juicio oral. El tribunal y la Cámara de Casación indicaron que debía resolverse en primera instancia. Con el impulso de la fiscalía de instrucción, el juez federal Daniel Rafecas sostuvo que la prescripción por el mero paso del tiempo no puede aplicarse a crímenes de lesa humanidad.
EL Foro por la Libertad, la Democracia y los DDHH de Córdoba expresó su repudio y rechazo a la acción que, bajo el pretexto de una "visita humanitaria", envía un mensaje claro a la sociedad. Junto con otras actitudes del gobierno, esto parece legitimar las acciones del terrorismo de estado en nuestra historia reciente. Tambien sumaron su repudio el Partido Nuevo Encuentro de Córdoba y la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba
Por sus declaraciones públicas tras visitar represores, la Comisión por la Memoria presentó hoy una denuncia penal contra el diputado nacional Beltran Benedit (LLA) por el delito de apología del crimen, según lo estipula el artículo 213 del Código Penal.
El 12 de agosto está previsto que inicie el juicio contra Alejandro Bodart, dirigente político de izquierda, diputado porteño (mc) y director de la revista Revolución Permanente, de la Liga Internacional Socialista, por la causa penal que le iniciara la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas).
Con fecha 16 de julio la progenitora presentó su caso en el Comité Internacional de los derechos del Niño denunciando a la Argentina por vulnerar los derechos de sus hijos. Solicitó una medida cautelar que suspenda los efectos de la sentencia del Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y Familia de 1ra Nominación de Villa Dolores, que ordena entregar dos menores de edad a un extranjero que no es el padre de uno de ellos.
Un estudio del Centro de Almaceneros revela que, debido a la escasez de plata, se intensifica la práctica de omitir comidas (con padres y madres que no comen para que sus hijos puedan hacerlo), y las meriendas se están convirtiendo en cenas.
La jueza Sandra Cuneo, titular del Juzgado Civil de Villa Dolores, ordenó entregar dos niños a un extranjero que no es el padre de uno de ellos, comprobado con un ADN realizado en la causa penal que se tramita en el juzgado federal N° 2 que excluye al reclamante como padre biológico de la niña, y, por lo tanto, careció de legitimidad procesal para iniciar las acciones de restitución internacional que inició. La madre cordobesa fue respaldada por el Foro por la Libertad, la Democracia y los DDH de Córdoba la Mesa de Derechos Humanos de Traslasierra.
Letrados de Constanza Taricco han presentado un Habeas Corpus en la fiscalía de Villa Dolores para resguardar a la mujer y sus hijos de las acciones ilegítimas ordenadas por la jueza de 1ra Nominación de Villa Dolores. que ordena entregar dos niños a un extranjero que no es el padre de uno de ellos.
Ayer se realizó la audiencia que determinaría el veredicto y la sentencia contra el individuo acusado de múltiples delitos contra la integridad sexual de una mujer en la comunidad de Córdoba.
Se trata de Joaquín Guil, condenado por abusar sexualmente de la hermana de un militante el 24 de abril de 1975 en el edificio principal de la Policía de Salta. Tras revisar la sentencia, la Cámara Federal de Casación Penal sostuvo que la impugnación planteada por la defensa del exjefe policial solo “resulta de su disconformidad” con el fallo.