
Luego de la fallida licitación de la hidrovía, el Gobierno organiza y pone en funcionamiento la agencia que la gestiona de manera provisional
Se estableció la organización de segundo nivel de la nueva Agencia Nacional de Puertos y Navegación.
Así lo determinó el Tribunal Oral Federal de esa ciudad que, además, consideró los hechos como crímenes de lesa humanidad. En el juicio se abordó la responsabilidad de Mazzoni, que en ese momento se desempeñaba como secretario del Juzgado Federal, en las torturas infligidas a Hugo Barúa durante el allanamiento a su domicilio.
Argentina14 de marzo de 2024El Tribunal Oral Federal de Resistencia, integrado por Osvaldo Alberto Facciano, Mario Gambacorta y Marcelo Cardozo, condenó hoy a cinco años y seis meses de prisión e inhabilitación perpetua al exfiscal federal Roberto Domingo Mazzoni en calidad de partícipe necesario del delito de tormentos agravados cometidos contra Hugo Barúa, un militante detenido en septiembre de 1975. En línea con el pedido del Ministerio Público Fiscal en su alegato, los jueces consideraron los hechos como crímenes de lesa humanidad. El 19 de marzo se conocerán los fundamentos.
En el juicio se abordó la responsabilidad de Mazzoni en hechos ocurridos en la madrugada del 10 de septiembre de 1975, cuando Barúa fue detenido y torturado durante un allanamiento a su domicilio llevado adelante por la Policía de Chaco y la Gendarmería Nacional. En el debate se tuvo por acreditado que el acusado, por entonces secretario del Juzgado Federal de Resistencia, estuvo presente.
El debate culminado hoy había comenzado el pasado 26 de febrero y contó con la declaración de seis testigos. En representación del Ministerio Público Fiscal intervinieron el fiscal general Federico Carniel y el auxiliar fiscal Diego Vigay.
La víctima de esta causa sobrevivió al terrorismo de Estado y testificó en diferentes juicios por crímenes de lesa humanidad. Ejerció la presidencia de la Comisión Provincial por la Memoria de Chaco en 2011 y falleció en 2020.
El acusado Mazzoni ya cuenta con una condena a 11 años de prisión, impuesta en 2019, por los delitos de "tormentos psicológicos, omisión de denunciar e incumplimiento de los deberes". En esa causa también estaban implicados por la comisión de crímenes de lesa humanidad el exjuez federal Luis Ángel Córdoba y el exfiscal federal Carlos Flores Leyes, quienes fallecieron antes del debate oral.
En aquella oportunidad, el TOF de Resistencia resaltó que “al poseer una posición de garante, por su especial posición institucional que prescribe especiales deberes de protección frente a los bienes jurídicos en juego, como la libertad, la integridad física de los detenidos, por sus cargos de fiscal y juez federal al momento de los hechos, revestían especiales deberes de protección frente a la libertad e integridad física de los detenidos al tomar conocimiento de los hechos denunciados y esta omisión debe serle imputada como si la hubiesen llevado de modo activo”.
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El concierto del cantante Milo J, programado para la ex ESMA, fue cancelado por el gobierno de Javier Milei, que invocó razones de seguridad y política. La medida generó un fuerte rechazo entre artistas y políticos, quienes denunciaron un ataque a la libertad de expresión.
La votación culminó con 144 votos positivos, 98 negativos y dos abstenciones. Unión por la Patria denunció la "proscripción" de Cristina Kirchner. Desde LLA, el PRO, la UCR y otros bloques dialoguistas contestaron que la historia de la Ficha Limpia no es de ahora, sino que se remonta casi una década atrás y es lo que reclama la ciudadanía para volver a creer en el sistema politico.
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Martín Llaryora supervisó el inicio de obra del edificio que albergará la casa de altos estudios. La iniciativa busca promover la federalización de la educación universitaria dentro de la provincia. Un centenar de aspirantes ya se preinscribieron en el primer llamado para el ciclo lectivo 2025, con procedencias de diversas localidades de la región e incluso de provincias aledañas.
El organismo solicitó ajustar el proceso para prevenir la concesión de adjudicaciones inadecuadas. Indicó deficiencias en la evaluación de propuestas y carencias en el control ambiental.
“Este es un Gobierno de CEOs fracasados que le cuesta muy caro a la Argentina. Paralizan la ejecución de más de 100.000 viviendas en las que el Estado había invertido más de 3.000 millones de dólares. Generan un enorme déficit habitacional imposible de saldar ni siquiera en el mediano y largo plazo”, apuntó Rodolfo Aguiar.
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