Establecida por ley provincial desde 2019, comprende seis días de actividades que culminan el 24 de marzo de cada año, en conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. La ministra Liliana Montero se reunió con referentes de los espacios de la memoria locales y recibió a Giselle Parodi, hija de Sonia Torres. La fundadora de Abuelas Córdoba tendrá un monumento en la Plazoleta de la Merced.
Córdoba 25 de enero de 2024
Sures Noticias
La ministra de Desarrollo Humano, Liliana Montero, junto a la secretaria de Derechos Humanos y Diversidad, Tamara Pez, mantuvieron una serie de reuniones con vistas a la realización de la próxima Semana de la Memoria, en marzo próximo.
Establecida por ley desde 2019, la efeméride busca consolidar una cultura basada en la defensa de los derechos humanos y la transmisión de valores esenciales del sistema democrático y dispone que el Estado provincial realice durante seis días actividades educativas, culturales, deportivas, artísticas, actos y conferencias, que culminan el 24 de marzo de cada año, con la conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
Al frente del Ministerio de Desarrollo Humano, órgano de aplicación de la Ley provincial 10619, la ministra Montero se reunió con los referentes de los espacios de la memoria locales para avanzar en cuestiones operativas y ratificó el apoyo oficial para lograr una convocatoria amplia, democrática y participativa con todos los actores de la sociedad.
“Para el gobernador Martín Llaryora los Derechos Humanos son una política de Estado* que se mantiene vigente”, señaló Montero, quien recordó que uno de los últimos decretos que firmó como intendente de Córdoba, en el marco de los 40 años de Democracia, fue para autorizar el emplazamiento del monumento a Sonia Torres frente a la sede de Abuelas de Plaza de Mayo Córdoba en la Plazoleta de la Merced, 25 de Mayo esquina Rivadavia.
*NR | El gobierno y la justicia de la provincia de Córdoba recientemente y en contraposición a los DDHH, en ocasión del ruidazo del 21 de diciembre contra el DNU en Córdoba, detuvieron a 5 jóvenes, uno de ellos periodistas, y es uno de los principales gobiernos que llevan adelante políticas del mal llamado gatillo fácil.
Iniciativa del Gobierno provincial, en reconocimiento “por su ejemplar e inclaudicable lucha en defensa de los derechos humanos”, el monumento a Sonia Torres fue aprobado el 15 de noviembre de 2023 por la Legislatura (ley 10925).
En el mismo sentido, para dialogar sobre las expectativas de la familia acerca del monumento homenaje a Sonia Torres, la ministra Montero invitó a su despacho a Giselle Parodi, hija de la histórica referente de los derechos humanos fallecida en octubre pasado, a los 94 años.
Giselle Parodi, en nombre de la familia, agradeció la iniciativa de recordar a su madre en el espacio público y acercó algunas imágenes y fotografías que podrían inspirar la obra.
Pretenden llevar a juicio a seis defensores ambientales por proteger los territorios, el bosque nativo y los bienes comunes contra los avances extractivistas en la provincia de Córdoba: por tal motivo desde la Asamblea de Punilla iniciaron una campaña de firmas en apoyo al desprocesamiento.
Letrados de Constanza Taricco han presentado un Habeas Corpus en la fiscalía de Villa Dolores para resguardar a la mujer y sus hijos de las acciones ilegítimas ordenadas por la jueza de 1ra Nominación de Villa Dolores. que ordena entregar dos niños a un extranjero que no es el padre de uno de ellos.
Desde el Foro Ambiental Traslasierra y Unid@s por el Agua llevan adelante un pedido de informes al Aprhi (Administración Provincial de Recursos Hídricos), ante la preocupante situación de expolio que, entienden, viene sufriendo el Acuífero San Vicente/Los Cerrillos.
El IPET 265 Escuela de Minería, situado a 53 kilómetros de la capital, conmemorará este jueves 4 de julio su septuagésimo aniversario con una ceremonia oficial durante la cual se le asignará formalmente el nombre de "Luis Carnevale", quien fue secuestrado en 1976.
Están acusados de ser los autores materiales del incendio forestal que se inició el domingo pasado. Quedaron a disposición de la fiscalía de segunda nominación, a cargo de la Doctora María Eugenia Ferreyra. El incendio se encuentra en guardia de cenizas.
Con fecha 16 de julio la progenitora presentó su caso en el Comité Internacional de los derechos del Niño denunciando a la Argentina por vulnerar los derechos de sus hijos. Solicitó una medida cautelar que suspenda los efectos de la sentencia del Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y Familia de 1ra Nominación de Villa Dolores, que ordena entregar dos menores de edad a un extranjero que no es el padre de uno de ellos.
Con fecha 16 de julio la progenitora presentó su caso en el Comité Internacional de los derechos del Niño denunciando a la Argentina por vulnerar los derechos de sus hijos. Solicitó una medida cautelar que suspenda los efectos de la sentencia del Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y Familia de 1ra Nominación de Villa Dolores, que ordena entregar dos menores de edad a un extranjero que no es el padre de uno de ellos.
La jueza Sandra Cuneo, titular del Juzgado Civil de Villa Dolores, ordenó entregar dos niños a un extranjero que no es el padre de uno de ellos, comprobado con un ADN realizado en la causa penal que se tramita en el juzgado federal N° 2 que excluye al reclamante como padre biológico de la niña, y, por lo tanto, careció de legitimidad procesal para iniciar las acciones de restitución internacional que inició. La madre cordobesa fue respaldada por el Foro por la Libertad, la Democracia y los DDH de Córdoba la Mesa de Derechos Humanos de Traslasierra.
Tomás Arrieta es mencionado en un caso de delitos de lesa humanidad por torturar a soldados durante el conflicto bélico. "Nos quitaba la escasa comida cada vez que nos encontraba con los borceguíes desatados", relataron los excombatientes de CECIM La Plata.
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Ayer se realizó la audiencia que determinaría el veredicto y la sentencia contra el individuo acusado de múltiples delitos contra la integridad sexual de una mujer en la comunidad de Córdoba.
Se trata de Joaquín Guil, condenado por abusar sexualmente de la hermana de un militante el 24 de abril de 1975 en el edificio principal de la Policía de Salta. Tras revisar la sentencia, la Cámara Federal de Casación Penal sostuvo que la impugnación planteada por la defensa del exjefe policial solo “resulta de su disconformidad” con el fallo.