La normativa aprobada por la Unicameral, incorpora al Programa Médico Obligatorio (PMO) coberturas preventivas y terapéuticas aplicadas a casos de violencia de género. También se aprobó la creación de nuevos juzgados de Conciliación y Trabajo, con asiento en Córdoba.
Argentina 04 de diciembre de 2023
Sures Noticias
Otros de los temas tratados en la trigésima séptima sesión ordinaria de la Legislatura, fue la aprobación de la adhesión de Córdoba a la Ley Nacional Nº 27696, de Abordaje Integral de Personas Víctimas de Violencia de Género.
La iniciativa surgió de la compatibilización de dos proyectos de similar tenor, estableciendo la incorporación de un protocolo para el abordaje integral de personas víctimas de violencia de género, el cual debe ser incluido en el Programa Médico Obligatorio (PMO) de las obras sociales nacionales, a través de la cobertura total e integral de las respectivas prácticas preventivas y terapéuticas aplicadas a esta problemática.
Según los argumentos de uno de las iniciativas, “dicha Ley Nacional se erige como una estrategia necesaria y novedosa, que recoge el debate y los consensos para dar respuesta a un viejo problema que afecta a vastos sectores de la población”.
En este sentido, Alejandra Piasco destacó que “con la adhesión de esta ley nos estamos ubicando a la altura de los nuevos paradigmas que nos exigen una atención de la salud para las víctimas de violencia con perspectiva de género”, expresó la legisladora y presidenta de la Comisión de Equidad y Lucha contra la violencia de Género de la Unicameral.
Por su parte, la legisladora Sara García, una de las autoras de los proyectos en tratamiento, aseguró que la adherencia de Córdoba “viene a complementar el acceso integral de protección desarrollado a partir de esta normativa nacional. Tratamos de elevar el piso de protección establecido a nivel nacional y extenderlo al ámbito de los efectores de salud local”, indicó.
“Estamos convencidos de que este proyecto implica la adopción de una política concreta en materia de protección de los derechos de las víctimas de violencia. Seguramente es un paso más y hay mucho por hacer, pero entendemos que vamos por el camino correcto”, expresó al cierre de su intervención la legisladora García.
Por cuarenta y dos votos afirmativos, el proyecto se aprobó por unanimidad en general y particular.
Nuevos juzgados
La Cámara también aprobó la creación de siete Juzgados de Conciliación y Trabajo en la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba, para dar respuesta a la ciudadanía y mejorar el servicio de justicia.
Para argumentar la postura del bloque de la mayoría, la legisladora Julieta Rinaldi indicó que el proyecto elevado por el Ejecutivo surge como “consecuencia natural de la implementación de la Ley 10.596 de modificación del Código Procesal Laboral de Córdoba, donde se llevó a cabo una transformación trascendental y significativa de los procesos judiciales en materia laboral, al incorporar el denominado procedimiento declarativo abreviado con audiencia única, de competencia de los jueces de conciliación y trabajo”.
Los siete nuevos juzgados se suman a los 15 ya existentes, y será el Tribunal Superior de Justicia quien podrá adoptar las medidas de reorganización y rediseño funcional que resulten adecuadas en función de las necesidades del servicio de justicia.
Tomás Arrieta es mencionado en un caso de delitos de lesa humanidad por torturar a soldados durante el conflicto bélico. "Nos quitaba la escasa comida cada vez que nos encontraba con los borceguíes desatados", relataron los excombatientes de CECIM La Plata.
A partir de hoy 1 julio, entran en circulación “Los Chachos”, los Bonos de Cancelación de Deuda (BOCADE) denominados Chacho. Estos bonos cuentan con diferentes normas de seguridad a tener en cuenta por la población.
Se trata de Joaquín Guil, condenado por abusar sexualmente de la hermana de un militante el 24 de abril de 1975 en el edificio principal de la Policía de Salta. Tras revisar la sentencia, la Cámara Federal de Casación Penal sostuvo que la impugnación planteada por la defensa del exjefe policial solo “resulta de su disconformidad” con el fallo.
A través de un comunicado Abuelas señaló que, por medio de un decreto, el Gobierno pretende eliminar una unidad de investigación fundamental que busca garantizar el derecho a la verdad y a la identidad.
El 12 de agosto está previsto que inicie el juicio contra Alejandro Bodart, dirigente político de izquierda, diputado porteño (mc) y director de la revista Revolución Permanente, de la Liga Internacional Socialista, por la causa penal que le iniciara la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas).
Los imputados militares fueron responsables de la Sección de Inteligencia del Ejército y el principal colaborador del jefe del Área Militar 132, mientras que los civiles están sindicados como responsables de haber cruzado sobre la ruta la camioneta que embistió el vehículo que conducía el prelado. En la causa se investiga un atentado, tras la anulación de la sentencia que había declarado en 1978 que los hechos fueron un incidente vial.
Con fecha 16 de julio la progenitora presentó su caso en el Comité Internacional de los derechos del Niño denunciando a la Argentina por vulnerar los derechos de sus hijos. Solicitó una medida cautelar que suspenda los efectos de la sentencia del Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y Familia de 1ra Nominación de Villa Dolores, que ordena entregar dos menores de edad a un extranjero que no es el padre de uno de ellos.
La jueza Sandra Cuneo, titular del Juzgado Civil de Villa Dolores, ordenó entregar dos niños a un extranjero que no es el padre de uno de ellos, comprobado con un ADN realizado en la causa penal que se tramita en el juzgado federal N° 2 que excluye al reclamante como padre biológico de la niña, y, por lo tanto, careció de legitimidad procesal para iniciar las acciones de restitución internacional que inició. La madre cordobesa fue respaldada por el Foro por la Libertad, la Democracia y los DDH de Córdoba la Mesa de Derechos Humanos de Traslasierra.
En su décima sesión ordinaria del 146° período legislativo, la Legislatura de Córdoba aprobó por mayoría este miércoles -y luego del voto nominal a viva voz de cada legislador- el texto compatibilizado de tres proyectos que expresan preocupación por la situación que atraviesan los trabajadores de los Servicios de Radio y Televisión (SRT). Todos los bloques votaron a favor de la iniciativa conjunta, a excepción de los tres representantes del bloque PRO (se abstuvieron) y del legislador del bloque unipersonal de La Libertad Avanza (votó en contra).
Letrados de Constanza Taricco han presentado un Habeas Corpus en la fiscalía de Villa Dolores para resguardar a la mujer y sus hijos de las acciones ilegítimas ordenadas por la jueza de 1ra Nominación de Villa Dolores. que ordena entregar dos niños a un extranjero que no es el padre de uno de ellos.
Ayer se realizó la audiencia que determinaría el veredicto y la sentencia contra el individuo acusado de múltiples delitos contra la integridad sexual de una mujer en la comunidad de Córdoba.
Se trata de Joaquín Guil, condenado por abusar sexualmente de la hermana de un militante el 24 de abril de 1975 en el edificio principal de la Policía de Salta. Tras revisar la sentencia, la Cámara Federal de Casación Penal sostuvo que la impugnación planteada por la defensa del exjefe policial solo “resulta de su disconformidad” con el fallo.