La Plata: pidieron prisión perpetua para el exministro Smart y para dos expolicías por el homicidio de un militante en la vía pública en 1976

La Unidad Fiscal Federal de La Plata solicitó hoy al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de esa ciudad que imponga prisión perpetua al exministro de Gobierno bonaerense, Jaime Lamont Smart, y a los expolicías Walter Omar Ale y Juan Nazareno Risso, a quienes acusó por su responsabilidad en el homicidio calificado por haberse cometido con el concurso premeditado de dos o más personas en perjuicio del estudiante de Abogacía y militante de la organización Montoneros Horacio Alejandro Benavides, crimen perpetrado a plena luz del día frente al municipio de la capital provincial el 30 de septiembre de 1976.

El auxiliar fiscal Juan Martín Nogueira y el fiscal general Gonzalo Miranda -que integran la Unidad Fiscal junto al fiscal general Hernán Schapiro y la auxiliar fiscal Ana Oberlin- llevaron a cabo la exposición del Ministerio Público Fiscal. Acusaron a Smart en carácter de coautor mediato y a Ale y Risso como coautores materiales. Señalaron que los hechos deben ser calificados como "delitos contra el derecho de gentes, en particular como crimen de genocidio y de forma alternativa como delitos de lesa humanidad".

La fiscalía estableció la responsabilidad del grupo de policías intervinientes en función de la prueba documental que surge de sus propios legajos personales, donde se asentó una felicitación y promoción para el ascenso del jefe de policía, Ramón Camps, por haber intervenido en los hechos. "Sus propuestas de ascensos [fueron] aceptadas y promovidas por el entonces ministro de Gobierno Jaime Lamont Smart", indicó.

En el petitorio final, la fiscalía solicitó que el tribunal, al dictar la sentencia, incluya en la parte dispositiva una declaración de verdad que especifique que en los hechos participaron también otros funcionarios policiales que no pudieron ser juzgados. A ese respecto, Nogueira y Miranda requirieron que la sentencia establezca: "Que los funcionarios policiales que participaron del operativo del 30 de septiembre de 1976, además de Walter Omar Ale y Juan Nazareno Risso, fueron Ángel Raúl Andrada, Raúl Alberto Salcedo, Ramón Carlos Velasco, Carlos Emilio Bordalonga, Carlos Horacio Sánchez,  y Pedro Víctor Bidegain, todos ellos bajo las órdenes del entonces director general de Investigaciones de la policía de la provincia de Buenos Aires, Miguel Osvaldo Etchecolatz, quienes no pudieron estar en juicio a causa de su fallecimiento".

"El asesinato de Horacio Benavides no fue un episodio aislado. Se concatenó a una persecución sistemática contra él y otros compañeros y compañeras, especialmente a partir de su actividad y participación en la Lista Azul y Blanca, y luego en otras organizaciones políticas como fue Montoneros".
La fiscalía solicitó también que se adopten las siguientes medidas de reparación:

La remisión a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata de copias de las actas del juicio, de la sentencia y de todos los testimonios prestados, a los fines de que se incorporen al expediente personal de la víctima.
Se ordene la publicación de la parte dispositiva de la sentencia en el Boletín Oficial de la Nación, en el Boletín Oficial de la provincia y en el portal de Ministerio de Seguridad bonaerense, "organismo al que pertenecían los autores materiales del hecho".
Se dé amplia publicidad de la sentencia en portales y sitios de difusión pública de la región, así como en el Centro de Información Judicial.
Se ordene a los diarios Clarín, La Nación y El Día de La Plata que rectifiquen las noticias sobre los hechos sucedidos el día 30 de septiembre de 1976 de acuerdo a la verdad material que se acreditó a lo largo del presente proceso judicial.

La persecución

En su alegato, la fiscalía reconstruyó la historia de la víctima y el contexto que rodeó su homicidio. Recordó que, al momento de su asesinato Horacio Benavides tenía 22 años, estudiaba la carrera de Abogacía y trabajaba en el Departamento de Transmisión Gratuita de Bienes dependiente del Ministerio de Economía provincial. Estaba casado con Estela Rossi, junto a quien se había mudado a un departamento que alquilaban, en la calle 7 entre 36 y 37 de esa capital.

El MPF indicó que el seguimiento de las fuerzas represivas sobre Benavides y sus compañeros de militancia quedó asentado en documentación elaborada por la Dirección de Inteligencia de la Policía bonaernese (DIPBA), identificada como Legajo N°38, correspondiente al espionaje realizado sobre estudiantes de derecho. En ese documento hay un informe producido sobre el resultado de las elecciones estudiantiles de 1974, que contiene la nómina de la lista Azul y Blanca que integraba la víctima.

"El asesinato de Horacio Benavides no fue un episodio aislado. Se concatenó a una persecución sistemática contra él y otros compañeros y compañeras, especialmente a partir de su actividad y participación en la Lista Azul y Blanca, y luego en otras organizaciones políticas como fue Montoneros", indicaron los representantes del MPF.

En tal sentido, la fiscalía reseñó -entre otros- los casos de Domingo Alconada -presidente de aquella lista-, Enrique Román Sierra y Lucía Rosalina Victoria Tartaglia, quienes fueron secuestrados en distintos episodios a fines de noviembre de 1977 y permanecen desaparecidos.

Agregó que la persecución a este grupo cobró vigor en 1976 y al respecto reseñó que el 21 de septiembre de ese año, a las 3.00 de la mañana, un grupo de personas irrumpió en el domicilio de los padres de Benavides. Añadió que, si bien el objetivo era Horacio, "decidieron secuestrar a su hermano Marcelo", de 18 años de edad, "a quien luego de vendarle los ojos y atarle las manos, lo subieron a un auto Torino, y fue conducido a un lugar ubicado en la localidad de Arana, con el fin de interrogarlo mediante tortura sobre el paradero de Horacio".

"Un grupo de oficiales vestidos de civil descendieron de varios vehículos particulares y comenzaron a dispararle, provocando su muerte de manera inmediata. El cuerpo sin vida de Horacio quedó tendido sobre la calle 12 casi llegando a 50".
La fiscalía repasó el testimonio de Marcelo Benavides -denunciante y querellante- durante el juicio, en el cual sostuvo que aguantó la tortura durante tres horas antes de proporcionar a los represores el domicilio de su hermano.

El MPF agregó que instantes después, Marcelo Benavides fue conducido por sus torturadores hasta el domicilio de su hermano, donde ingresaron con disparos y detonaciones alrededor de las 6.00 de la mañana. En el departamento estaba Benavides junto a su esposa; Alconada y su pareja María Tapia; y Sierra y Tartaglia, quienes repelieron el ataque y lograron escapar por los techos, describió la fiscalía, y añadió que el matrimonio Sierra-Targlia permaneció escondido durante horas en un ropero de un departamento de la planta baja, luego de que Lucía Tartaglia sufriera una fractura expuesta al saltar desde el primer piso. El episodio y sus detalles fueron corroborados en el juicio por Tapia.

De regreso al centro clandestino de detención de Arana, las torturas a Marcelo Benavides prosiguieron -remarcó la fiscalía- hasta su liberación seis días después, previo pago de un rescate a través de un martillero de nombre José Luis Lagioiosa, que hizo de intermediario entre la familia y las autoridades del Regimiento 7 de Infantería.

La fiscalía refirió que Horacio Benavides y su esposa se refugiaron luego en el domicilio de unos amigos de su infancia, donde llegaron vestidos con pijama. Allí recibieron ropa y dinero, y luego se retiraron. El lugar luego fue allanado y destrozado por las fuerzas represivas, aclaró el MPF.

El homicidio

La fiscalía narró que Benavides fue finalmente cercado nueve días más tarde, el 30 de septiembre, cuando iba a concurrir a un encuentro con su amigo Fernando Ireba -que le iba proporcionar ropa y dinero para él y su esposa- en el histórico bar Portofino, ubicado en la intersección de 13 y 42. Reseñó al respecto el testimonio de Ireba y de su esposa en el debate.

"Horacio Benavides no llegó a encontrarse con Fernando Ireba porque unos momentos antes, a diez cuadras aproximadamente del lugar pactado, fue interceptado y asesinado a balazos", señaló la fiscalía.

En base a las pruebas documentales -entre ellos, artículos periodísticos- y a las declaraciones de cuatro testigos presenciales, precisó que ello ocurrió entre las 17.00 y las 19.00, cuando "personal policial perteneciente, en su mayoría, a la Dirección General de Investigaciones de la provincia de Buenos Aires, logró rodearlo, al parecer luego de bajar de un automóvil, en las inmediaciones de la plaza Moreno, cuando se dirigía hacia calle 12 entre 50 y 51. Fue en esas circunstancias, que un grupo de oficiales vestidos de civil descendieron de varios vehículos particulares y comenzaron a dispararle, provocando su muerte de manera inmediata. El cuerpo sin vida de Horacio quedó tendido sobre la calle 12 casi llegando a 50".

La fiscalía reseñó también la documentación policial y los artículos periodísticos que refieren que Benavides intentó repeler el ataque y, en ese contexto, murió por disparos de armas de fuego el sargento Carlos Sánchez.

Agregó que el cuerpo de Benavides le fue entregado a su padre y a su madre, luego de varias gestiones, que incluyeron una reunión con el jefe del Cuerpo I del Ejército, Carlos Suárez Mason, quien ordenó la entrega. El cadáver fue enterrado recién el 11 de octubre de 1976. Del acta de defunción -señaló- surge que "el deceso se produjo por destrucción de masa encefálica por proyectil de arma de fuego, el día 30 de septiembre de 1976, a las 19 horas, en la vía pública –calle 12 entre 50 y 51-".