De acuerdo con la acusación, el docente obligaba a sus alumnos a realizar un curso en una institución privada donde, a cambio de un pago, se les proveía un apunte con los contenidos a evaluar en la cátedra de Microbiología e Inmunología de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de esa ciudad. Los fiscales también acusaron a una exdecana por no haber denunciado los delitos ni promovido la investigación del profesor, y a otros dos sujetos que se desempeñaban en la institución privada.
Córdoba 30 de abril de 2023
Sures Noticias
El fiscal general Maximiliano Hairabedian y el auxiliar fiscal Maximiliano Aramayo solicitaron anteayer al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de Córdoba la imposición de una pena de 8 años y 6 meses de prisión para Luis Olmedo, extitular de la cátedra de Microbiología e Inmunología de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), a quien acusaron de haber extorsionado a sus alumnos para que realizaran pagos a modo de “apoyo” académico para aprobar la materia que él dictaba, por lo que el pedido de penas también incluyó 10 años de inhabilitación especial.
Olmedo fue señalado como coautor del delito de extorsión continuada junto a Adrián Casalis y Augusto Massimino, dos personas que administraban una institución privada donde se dictaba el contenido que el docente luego tomaba en sus exámenes en la universidad, para quienes el fiscal solicitó penas de 6 años y 5 años y 6 meses de prisión, respectivamente. Los representantes del Ministerio Público Fiscal también solicitaron una pena de un 1 y 10 meses de prisión condicional e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por cuatro años a la exdecana Mirta Spadiliero de Lutri al hallarla autora de incumplimiento de los deberes de funcionaria pública.
Los representantes del Ministerio Público también solicitaron que se remitan antecedentes a la fiscalía de turno para que varios testigos que declararon en el juicio sean investigados por falso testimonio, entre otros el actual decano de la Universidad Nacional de Córdoba, Guillermo De Leonardi.
De acuerdo a la acusación, desde una fecha indeterminada en la década del '90 hasta la actualidad, Luis Augusto Olmedo, primero como docente de cátedra inferior, y desde abril de 2004 en su calidad de profesor titular de la cátedra de Microbiología e Inmunología de la Facultad de Odontología de la UNC, abusó de su función mediante distintos actos. Así, habría ideado un sistema extorsivo por el cual los alumnos de su cátedra se veían obligados a hacer entregas de dinero a Casalis, primero, y a Massimino, después, para aprobar los exámenes de la materia, exigencia que era cubierta por la fachada de un curso. De acuerdo con la pesquisa, bajo la amenaza de no realizarlo, los alumnos se exponían en muchos casos a ser aplazados de manera indebida por una cantidad indeterminada de veces.
La intimidación, según Hairabedián y Aramayo, era ejercida principalmente por Olmedo a través de aplazos sistemáticos, masivos o reiterados a quienes no pagaban la academia o filtraban información del sistema, ejercicio despótico del cargo, maltrato y aprovechamiento de la asimetría existente entre su posición de poder respecto a la vulnerabilidad de los alumnos. Los representantes del MPF explicaron que, de esa forma, el docente infundía un temor generalizado entre el alumnado, que se fue consolidando con el paso del tiempo, y resultó altamente efectivo para doblegar la voluntad de los estudiantes para que entregaran dinero a Casalis o Massimino.
En la acusación, precisaron que, desde el año 2000 hasta el 2016, la pseudo academia a cargo de Casalis funcionaba bajo el nombre de AOC (Apoyo Odontológico Córdoba). Bajo la fachada de un centro de enseñanza, el contenido de las clases era brindado por Casalis, que no era profesional médico, tenía limitado conocimiento y le brindaba a los alumnos el material que luego Olmedo tomaba en los exámenes. Abonado el supuesto curso, se le entregaba a los alumnos un “apunte” tomando recaudos para evitar que fuera compartido con otros compañeros que no concurrían a la academia: imprimía el material en hojas oscuras para que no pudiera ser fotocopiado, se numeraba cada copia para identificar a qué alumno pertenecía cada ejemplar, e incluso amenazaba a sus alumnos con que podrían enviar personas a golpearlos o no aprobar nunca más Microbiología. Este fue el caso de uno de los denunciantes, a quien Olmedo habría aplazado seis veces como represalia por prestar el apunte a un compañero que no podía pagarlo.
Hairabedian y Aramayo también acusaron a Mirta Spadiliero de Lutri, decana de la Facultad de Odontología de la UNC, por no haber ejecutado la obligación de denunciar delitos conocidos en ejercicio de la función o promover actuaciones administrativas disciplinarias. Para la fiscalía, los actos señalados a Olmedo no sólo eran de público conocimiento en la facultad, sino que además habían sido anoticiados institucionalmente en más de una oportunidad, pese a lo cual, y sabiendo que Olmedo podía estar involucrado en maniobras de exigencias dinerarias para aprobar su materia, la decana intencionalmente evitó anoticiar los hechos a la autoridad competente u ordenar la investigación interna.
El IPET 265 Escuela de Minería, situado a 53 kilómetros de la capital, conmemorará este jueves 4 de julio su septuagésimo aniversario con una ceremonia oficial durante la cual se le asignará formalmente el nombre de "Luis Carnevale", quien fue secuestrado en 1976.
La Comunidad Pluma Blanca, junto con diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos y colectivos políticos de apoyo a comunidades indígenas, convoca a una movilización el próximo 25 de julio de 2024 a las 9 hs. en Tribunales Penales de Córdoba Capital, Cámara Criminal Número 2. Fructuosa Rivera 720. En esa fecha se llevará a cabo la última audiencia en la Cámara Criminal Número 2 de los Tribunales Penales de Córdoba Capital, donde se presentarán los alegatos y se dictará el veredicto en la causa que investiga crímenes contra la integridad sexual y amenazas hacia una integrante femenina de dicha comunidad.
Los hechos sucedieron ayer tarde en ocasión, de que la abuela del niño asesinado el 1 de junio por una disputa de violencia urbana, intercedió para que la Policia no hostigara a jóvenes trabajadores del barrio por parte de efectivos policiales. Cabe recordar que el trágico hecho, donde se desató una balacera, ocurrió el 1 de junio. El niño- adolescente quedó en medio del fuego cruzado, recibió un disparo en el abdomen y tórax. La fiscal María Eugenia Pérez Moreno quedó a cargo de la investigación. la familia exige justicia desde el mismo momento de sucedido el asesinato.
Con motivo de cumplirse 3100 días de presa política de Milagro Sala, este viernes 12 de julio de 2024, los colectivos: Más Democracia de Córdoba, Foro por la Libertad, la Democracia y los DDHH de Córdoba y el Comité por la Libertad de Milagro Sala Córdoba (LA), seleccionaron 10 poemas del libro "Mil poemas para Milagro", con la cual crearon 10 canciones con música y voces generadas con IA. La iniciativa es en el marco de la difusión y exigencia de la libertad de Milagro Sala y de todxs lxs presxs políticxs de Argentina.
Los gobernadores de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos firmaron una declaratoria ante el incumplimiento del financiamiento de los déficits de los sistemas previsionales. Las tres provincias que integran la Región Centro solicitaron un trato igualitario y equitativo con el resto de las administraciones que transfirieron sus sistemas previsionales al ámbito federal. Solo en el caso de Córdoba, la deuda a valores actualizados asciende a más de 431 mil millones de pesos. “Hoy estamos acompañando la gobernabilidad, pero este tema no resiste», sostuvo Llaryora, quien recordó que el reclamo de las tres provincias ya está en la Corte Suprema de Justicia.
Un repaso por la nutrida grilla de la Agencia Córdoba Cultura para el receso invernal. Hay teatro, música, lecturas, talleres culturales, actividades didácticas y lúdicas, dibujos, cuentos, cine y mucho más. Se destacan propuestas con entrada libre y gratuita, tanto en la ciudad como en el interior provincial.
Con fecha 16 de julio la progenitora presentó su caso en el Comité Internacional de los derechos del Niño denunciando a la Argentina por vulnerar los derechos de sus hijos. Solicitó una medida cautelar que suspenda los efectos de la sentencia del Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y Familia de 1ra Nominación de Villa Dolores, que ordena entregar dos menores de edad a un extranjero que no es el padre de uno de ellos.
El 12 de agosto está previsto que inicie el juicio contra Alejandro Bodart, dirigente político de izquierda, diputado porteño (mc) y director de la revista Revolución Permanente, de la Liga Internacional Socialista, por la causa penal que le iniciara la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas).
La jueza Sandra Cuneo, titular del Juzgado Civil de Villa Dolores, ordenó entregar dos niños a un extranjero que no es el padre de uno de ellos, comprobado con un ADN realizado en la causa penal que se tramita en el juzgado federal N° 2 que excluye al reclamante como padre biológico de la niña, y, por lo tanto, careció de legitimidad procesal para iniciar las acciones de restitución internacional que inició. La madre cordobesa fue respaldada por el Foro por la Libertad, la Democracia y los DDH de Córdoba la Mesa de Derechos Humanos de Traslasierra.
Letrados de Constanza Taricco han presentado un Habeas Corpus en la fiscalía de Villa Dolores para resguardar a la mujer y sus hijos de las acciones ilegítimas ordenadas por la jueza de 1ra Nominación de Villa Dolores. que ordena entregar dos niños a un extranjero que no es el padre de uno de ellos.
Ayer se realizó la audiencia que determinaría el veredicto y la sentencia contra el individuo acusado de múltiples delitos contra la integridad sexual de una mujer en la comunidad de Córdoba.
Se trata de Joaquín Guil, condenado por abusar sexualmente de la hermana de un militante el 24 de abril de 1975 en el edificio principal de la Policía de Salta. Tras revisar la sentencia, la Cámara Federal de Casación Penal sostuvo que la impugnación planteada por la defensa del exjefe policial solo “resulta de su disconformidad” con el fallo.