Este lunes 24 de abril frente a Tribunales I, la Multisectorial Contra la Criminalización de la Protesta de Córdoba presentó un pronunciamiento, firmado por más de 80 organizaciones, para rechazar y repudiar las imputaciones a referentes sociales en la provincia. Participaron de la conferencia de prensa representantes de organizaciones políticas, sociales, ambientales, estudiantiles, gremiales y de DDHH provinciales y nacionales. Prevén organizar un festival y una marcha, ambas durante el mes de mayo, para continuar su agenda de lucha.
Córdoba 25 de abril de 2023
Sures Noticias
Participaron de la conferencia, 4 de los referentes imputados, Soledad Díaz y Emanuel Berardo del Polo Obrero, Marisa Caridi de Libres del Sur y Agustin Nazar del MST Teresa Vive, acompañados por Luciana Echeverria, legisladora provincial del MST, Tri Heredia de Más Democracia y del Foro por la Libertad, la Democracia y los Derechos Humanos, Noelia Agüero. legisladora de Izquierda Socialista, Irina Santesteban del PL y de la Comisión de Homenaje a los Desaparecidos y Mártires Populares, Eduardo Beliboni, dirigente Nacional del Polo Obrero y Mónica Sulle del MST Teresa Vive, entre otrxs.
Emanuel Berardo, dirigente del Polo Obrero e imputado, señalo al Juez Fernández López, y explicó que “se juntaron el poder político y judicial contra lxs que luchan” , y advirtió que “si nos limitan el derecho a reclamar ningún otro derecho será garantizado”.
Irina Santesteban, Tri Heredia, Luciana Echeverria, Noelia Agüero.
Declaración completa: No a las imputaciones, ni a la criminalización de la protesta social. Basta de ajuste y represión.
Las organizaciones abajo firmantes rechazamos y repudiamos las imputaciones efectuadas por la Justicia provincial en contra de dirigentes sociales y gremiales que se movilizaron en la jornada nacional de la Unidad Piquetera del día 5 de abril pasado. Se trata de un nuevo episodio de la escalada represiva y persecutoria que viene estableciendo el gobierno de Schiaretti, para suprimir la protesta social en Córdoba. No hay justicia independiente, el fiscal actúa por cuenta y orden del gobierno.
Crece la crisis social y económica, y crece la pobreza y la indigencia; y los que gobiernan son responsables. Los gobiernos lejos de encontrar una solución al problema plantean reforzar el carácter represor del Estado para controlar y/o reprimir los reclamos sociales. El proceso inflacionario que ha llegado al 102% anual confisca groseramente salarios y jubilaciones. Así tenemos al 40% de la población en la pobreza, que sube al 54% en la niñez.
Toda esta política, económica y social ha sido definida por el FMI que dicta un fuerte ajuste en el país. En el último “acuerdo” se estableció avanzar en tarifazos, restricción al acceso de la moratoria jubilatoria, recortar programas sociales y avanzar en la devaluación. El gobierno nacional y los gobiernos provinciales llevan adelante este programa reaccionario. Sobre esa base existe una enorme carrera electoral derechista.
Con esta situación es fundamental defender el derecho a reclamar, como hacen docentes, trabajadores de salud, desocupadxs y demás luchas que se desarrollan. El “Derecho de Protesta” se relaciona con los derechos de libertad de expresión, de reunión y de asociación, libertad sindical y de huelga; cuyas conquistas se deben a grandes luchas del movimiento obrero y popular.
La represión de las manifestaciones, la infiltración de provocadores en las columnas de las organizaciones que se movilizan, el encarcelamiento de referentes, la judicialización de la protesta social, las maniobras de funcionarios judiciales para desconocer derechos constitucionales, la estigmatización y discriminación promovida desde los grandes medios de comunicación adictos al poder político; son los métodos con los cuales el Estado y los gobiernos intentan y reprimen al pueblo trabajador. Se trata de un accionar sistemático.
Esta escalada abiertamente represiva se viene presentando en la Legislatura con distintos proyectos, y ha sido condensada en un fallo inconstitucional, ilegal y arbitrario que emitió el Juez Fernández López, que dice que la policía está autorizada a “llevar adelante todo tipo de tareas inherentes a la prevención anticipada de la toma indebida del espacio público, con preponderancia de las calles y demás vías de circulación”. Es decir, habilitó la prohibición de la protesta social y la persecución y represión sobre el pueblo trabajador que lucha. Ese accionar nefasto de la Policía, quedo al descubierto en el juicio por el asesinato de Blas Correas.
El fallo infame y fascistizante ha sido elaborado con el apoyo y la participación de los gobiernos provincial y municipal, y de la policía. En esa resolución justifica la prohibición de toda protesta social, la promoción de la represión estatal o paraestatal, y la persecución contra quienes se movilicen. Para demonizar las movilizaciones, Fernández López afirma que constituyen “tiranías” equiparables a la dictadura de Videla, como así también endilga a las movilizaciones el carácter de asociación ilícita y toda clase de delitos. El Juez llega al extremo reaccionario absurdo de endilgarles a madres y padres que se movilizan, una inexistente utilización de sus hijos, como “escudo” contra las fuerzas represivas.
Convocamos a todas la organizaciones políticas, gremiales, sociales, de DDHH y ciudadanía democrática en general a sumar su repudio y construir una respuesta colectiva ante este atropello. Los abajo firmantes creemos que debemos dar una respuesta contundente y convocamos para debatir cómo enfrentar el nuevo intento de restringir este derecho elemental.
Firman y adhieren:
Foro por la Libertad, la Democracia y los DDHH de Córdoba
Marabunta
Partido de la Liberación PL
Agrupaciones de Base Clasistas ABC
Más Democracia
Pueblo Fuerte (FOB)
PRML
CUBa-MTR
Polo Obrero
Partido Obrero
Izquierda Socialista en el FITU
Nuevo mas
Movimiento Socialista de los Trabajadores
MST - Teresa Vive
PTS
Libres del Sur
OLP R y L.
Asamblea por trabajo y vivienda
Frente de Organizaciones en Lucha
VAMOS Córdoba
Consejo de Organizaciones de Unidad Ciudadana
Comité por la Libertad de Milagro Sala y Todxs lxs Presxs Políticos (L.A) Córdoba
Comisión de Homenaje a los Desaparecidos y Mártires Populares
Centro Cultural La Piojera
Votamos Luchar
Gremial de Abogados y Abogadas
Convocatoria Segunda Independencia
Peronistas Autoconvocados
Agrupación Integración de Ex Presos Políticos de Córdoba
Colectivo Paravachasca por la Memoria
Espacio Político Tinku
Radio Comunitaria Encuentro 95.7 FM
Red Mujeres Alertas y Actrices Feministas Córdoba
Defensa de los Derechos Humanos de la Identidad y Cultura Romaní Argentina
Unidad Ciudadana Cosquín
Docentes en Marcha / UEPC
Cooperativa de trabajo Viarava limitada
Lista marrón del SUTNA
ATE Córdoba
CTA Autónoma Provincial
CTA Autónoma Regional Córdoba
Peronismo Revolucionario en el Proyecto de Liberación Nacional y Latinoamericano
Mesa de Trabajo por los DDHH de Traslasierra
Mesa DDHH La Falda - Córdoba
Agrupación Docente Carlos Fuentealba
APDH Córdoba
Manifiesto Argentino Córdoba
MILES
La Colectiva
Familiares de detenidos desaparecidos por razones políticas de Córdoba-Comisión de homenaje a los desaparecidos
Ya Basta! Juventud Anticapitalista
Secretaria de Derechos de les estudiantes y lucha por presupuesto del Ceffyh
Malvinas lucha por la Vida línea fundadora
Agrupación Montoneros Córdoba
Asamblea Ambiental Cosquín Esperanza Verde
Mujeres Costureras en Lucha Punilla
Libertad a los Presos Políticos y Luchadores Sociales de América Latina y el Mundo
Cooperativa de trabajo Tosco Vive
Frente Antirrepresivo en Lucha (FAL)
Sindicato de Trabajadores Químicos y Petroquímicos Río Tercero
Sindicato de Trabajadores del Neumático- SUTNA
Sindicato de Municipales de Jesús María
Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de Tancacha ATE
Sivialco
Unión Obrera Grafica
Eduardo Beliboni, dirigente nacional del Polo Obrero
¡La invitación a unirse a la caminata este 9 de agosto en Córdoba, para visibilizar la violencia sexual contra las infancias y reconocer solidariamente a los y las sobrevivientes!
Pretenden llevar a juicio a seis defensores ambientales por proteger los territorios, el bosque nativo y los bienes comunes contra los avances extractivistas en la provincia de Córdoba: por tal motivo desde la Asamblea de Punilla iniciaron una campaña de firmas en apoyo al desprocesamiento.
Los hechos sucedieron ayer tarde en ocasión, de que la abuela del niño asesinado el 1 de junio por una disputa de violencia urbana, intercedió para que la Policia no hostigara a jóvenes trabajadores del barrio por parte de efectivos policiales. Cabe recordar que el trágico hecho, donde se desató una balacera, ocurrió el 1 de junio. El niño- adolescente quedó en medio del fuego cruzado, recibió un disparo en el abdomen y tórax. La fiscal María Eugenia Pérez Moreno quedó a cargo de la investigación. la familia exige justicia desde el mismo momento de sucedido el asesinato.
Letrados de Constanza Taricco han presentado un Habeas Corpus en la fiscalía de Villa Dolores para resguardar a la mujer y sus hijos de las acciones ilegítimas ordenadas por la jueza de 1ra Nominación de Villa Dolores. que ordena entregar dos niños a un extranjero que no es el padre de uno de ellos.
Ayer se realizó la audiencia que determinaría el veredicto y la sentencia contra el individuo acusado de múltiples delitos contra la integridad sexual de una mujer en la comunidad de Córdoba.
Este miércoles se realizó la audiencia en la Secretaria de Trabajo de la Provincia, de la que participaron los sindicatos que representan a los trabajadores y las trabajadoras y delegados del multimedio. Las autoridades del Directorio de los Servicios de Radio y Televisión (SRT) de la UNC ni sus representantes legales se presentaron a la audiencia y sus trabajadorxs siguen sin cobrar los sueldos y el aguinaldo en una situación crítica.
Con fecha 16 de julio la progenitora presentó su caso en el Comité Internacional de los derechos del Niño denunciando a la Argentina por vulnerar los derechos de sus hijos. Solicitó una medida cautelar que suspenda los efectos de la sentencia del Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y Familia de 1ra Nominación de Villa Dolores, que ordena entregar dos menores de edad a un extranjero que no es el padre de uno de ellos.
El 12 de agosto está previsto que inicie el juicio contra Alejandro Bodart, dirigente político de izquierda, diputado porteño (mc) y director de la revista Revolución Permanente, de la Liga Internacional Socialista, por la causa penal que le iniciara la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas).
La jueza Sandra Cuneo, titular del Juzgado Civil de Villa Dolores, ordenó entregar dos niños a un extranjero que no es el padre de uno de ellos, comprobado con un ADN realizado en la causa penal que se tramita en el juzgado federal N° 2 que excluye al reclamante como padre biológico de la niña, y, por lo tanto, careció de legitimidad procesal para iniciar las acciones de restitución internacional que inició. La madre cordobesa fue respaldada por el Foro por la Libertad, la Democracia y los DDH de Córdoba la Mesa de Derechos Humanos de Traslasierra.
Letrados de Constanza Taricco han presentado un Habeas Corpus en la fiscalía de Villa Dolores para resguardar a la mujer y sus hijos de las acciones ilegítimas ordenadas por la jueza de 1ra Nominación de Villa Dolores. que ordena entregar dos niños a un extranjero que no es el padre de uno de ellos.
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Se trata de Joaquín Guil, condenado por abusar sexualmente de la hermana de un militante el 24 de abril de 1975 en el edificio principal de la Policía de Salta. Tras revisar la sentencia, la Cámara Federal de Casación Penal sostuvo que la impugnación planteada por la defensa del exjefe policial solo “resulta de su disconformidad” con el fallo.