Bajo el título "Basta de criminalizar la justa protesta social contra el ajuste provincial y nacional" la Multisectorial expresa que "Las declaraciones recientemente publicadas del juez de control del juzgado n° 10 Juan Manuel Fernández López y de la jefa de policía Liliana Zárate, entre otros, no solamente constituyen un ataque frontal al derecho constitucional a la protesta, sino que informan la comisión de verdaderas ilegalidades como el trabajo de inteligencia a referentes sociales.
Córdoba28 de febrero de 2023
Sures Noticias
Comunicado completo
Basta de criminalizar la justa protesta social contra el ajuste provincial y nacional
Tras las iniciativas que ingresaron a la legislatura de Córdoba en setiembre pasado JxC y HC para limitar y sancionar la protesta social, un nuevo ataque a este derecho se ha puesto en escena en los últimos días. Con motivo de un Habeas Corpus de vecinos agrupados en el centro vecinal de barrio centro, se han desarrollado audiencias convocadas por el poder judicial y que han sentado a funcionarios provinciales y municipales para dar un tratamiento absolutamente reaccionario a la conflictividad social.
Las declaraciones recientemente publicadas del juez de control del juzgado n° 10 Juan Manuel Fernández López y de la jefa de policía Liliana Zárate, entre otros, no solamente constituyen un ataque frontal al derecho constitucional a la protesta, sino que informan la comisión de verdaderas ilegalidades como el trabajo de inteligencia a referentes sociales.
Con la excusa de investigar la presunta comisión de vaya a saber qué delitos, declaran a boca de jarro haber infiltrado manifestaciones para recabar información sobre “cabecillas” de organizaciones para “cercarlos y atacarlos penalmente” y “cortar la cabeza” de líderes sociales, tal como ya lo hizo también Mauricio Macri en su presidencia.
Las declaraciones sobre “apoyar firmemente” los proyectos de ley orientados a cercenar el derecho a la protesta son acompañadas de un clamor del magistrado por un “cambio de doctrina” respecto al abordaje judicial de las movilizaciones. Este cambio no es menos que “investigar” sin delito, hacer inteligencia, fraguar causas judiciales para “cercar y perseguir” penalmente a quienes se atrevan a organizarse para luchar.
Esta doctrina de “tolerancia cero” que impulsa este magistrado para acompañar las leyes anti-protestas de legisladores de HxC y JxC no es más la criminalización preventiva de organizaciones sociales, políticas, ambientales y sindicales en un contexto de ajuste brutal que golpea a las grandes mayorías y del cual solo es posible defenderse con la lucha en las calles.
Ese ajuste que motiva las justas protestas ocurre tanto en Córdoba como en otras provincias gobernadas por Juntos por el Cambio y por el oficialista Frente de Todos.
En este punto no hay "grieta" porque en esas provincias y a nivel del gobierno nacional se aplican ajustes en sintonía con el FMI a fin de juntar divisas para pagar la deuda externa fraudulenta contraída por el gobierno de Macri en 2018 y convalidada y reestructurada por los Fernández y Massa en 2022.
¿Acaso la tolerancia cero sólo es legítima para el poder político, cuando se trata de cuidar los intereses de unos pocos?, ¿acaso no hay tolerancia cero ante la desocupación, ante la precarización, ante el hambre, ante el saqueo de los recursos naturales y la destrucción del ambiente?, ¿ante el accionar de la justicia injusta?, ¿no existe la tolerancia cero ante las redes de corrupción bien cuidadas por todo el poder político?
Ante un nuevo episodio de arremetida contra los miles de trabajadores organizados en la provincia de Córdoba, el gobierno de Juan Schiaretti replica el modelo de criminalización y persecución tal como su par jujeño Gerardo Morales. Un modelo completo de irregularidades y con prácticas nefastas, como ser la utilización de la justicia de forma arbitraria y a su antojo político, el despliegue amenazante de las fuerzas represivas, la infiltración e inteligencia en las organizaciones populares y la amenaza de crear causas de manera despótica a los y las luchadoras populares que resisten el ajuste. Todas prácticas dignas de las épocas de la dictadura acción que actualmente es acompañada por la policía de la provincia que ya nos tiene acostumbrada a actuar de forma fraudulenta.
Ante esta arremetida en contra de todas las organizaciones políticas y sociales, en contra de todas y todos los trabajadores. Un conjunto de organizaciones abajo firmantes respondemos que:
¡Ningún derecho se ha conquistado sin lucha, sin organización y lo demostramos todos los días!
¡Basta de criminalizar a lxs trabajadores!
¡Es urgente la más amplia unidad para defender nuestros derechos!
¡Basta de ajuste y cogobierno con el FMI!
Firmantes
-Foro por la Libertad, la Democracia y los DDHH de Córdoba
-Colectivo Más Democracia
-Frente Vamos
-Comité por la Libertad de Milagro Sala y Todxs los Presos Políticxs
-Nuevo Mas
-FOL (Frente de Organizaciones en Lucha)
-COUC
-PTS
-Peronistas Autoconvocados
-Espacio Político Tinku
-MST
-Partido de la Liberación PL
-Agrupación Beatriz Perosio
-Casa de lxs Trabajadorxs Cordoba
-Centro Cultural La Piojera -Izquierda Socialista -Asamblea Malvinas Lucha por la Vida
-Asamblea Fuera Porta.
-PRML
-CUBa-MTR
-Agrupación Che Docente
-29 de MAYO - UNC
-Agrupación Sures
-Libres Del Sur
-OLP Resistir y Luchar
-Asamblea por Trabajo y Vivienda
-Pueblo Fuerte (FOB)
-Imprenta del Pueblo Roberto Matthews
-Marabunta
-MAR
-MTR 12 de Abril
-La William Cooke
-Votamos Luchar
-ATE y CTA Córdoba
-MTL Rebelde
-Convocatoria Segunda Independencia
-Gremial de Abogados y Abogadas de Argentina
A casi un año de que se perdiera el rastro de Lian Gael Flores Soraide, de 3 años, vecinos y organizaciones se movilizaron en la Plaza Nueva Esperanza de Ballesteros Norte para exigir avances en la causa y respuestas concretas de la Justicia provincial y federal.
Diez años del crimen de Santino Cabanillas: una bala de un efectivo policial que sigue impune. La familia del bebé asesinado en barrio Marqués Anexo, Córdoba, reclama justicia tras una década de dilaciones judiciales. Cintia Moyano y Federico Cabanillas exigen un juicio oral y público para el policía imputado, mientras critican la lentitud del sistema y la falta de respuestas del Estado.
Mientras el Gobierno de Córdoba exhibe como logro que la caída del empleo registrado privado fue del 2,07% frente al 3,04% nacional, la provincia omite que está festejando, en los hechos, la pérdida de más de 11.000 puestos de trabajo y la consolidación de un esquema de precarización sostenido en planes como el PPP y Empleo +26. (NdR)
Vecinos de Córdoba y activistas de todo el país se alistan para marchar el 31 de enero contra el extractivismo, la privatización del agua y el RIGI, denunciando la contaminación de ríos y la persecución a defensores ambientales.
La Asociación Trabajadores del Estado acusó a las autoridades de la Comisión Nacional de Energía Atómica de desviar una partida de más de $3.863 millones que debían destinarse al pago de salarios y al mantenimiento de la Planta Industrial de Agua Pesada de Neuquén. El gremio exige explicaciones al nuevo presidente del organismo, Martín Porro, y anunció cortes sobre la Ruta Nacional 22 hasta que se garantiza el cobro íntegro de los haberes.
El bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria recibió a representantes de colectivos que defienden a personas con cardiopatías congénitas, en respuesta al desguace del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas impulsado por el Gobierno. La reunión se centró en trazar planes de acción, incluyendo la citación al ministro de Salud, Mario Lugones, para que explique la desvinculación de tres de los siete cardiólogos pediátricos especializados que coordinaban el área a nivel nacional.
Diez años del crimen de Santino Cabanillas: una bala de un efectivo policial que sigue impune. La familia del bebé asesinado en barrio Marqués Anexo, Córdoba, reclama justicia tras una década de dilaciones judiciales. Cintia Moyano y Federico Cabanillas exigen un juicio oral y público para el policía imputado, mientras critican la lentitud del sistema y la falta de respuestas del Estado.
A casi un año de que se perdiera el rastro de Lian Gael Flores Soraide, de 3 años, vecinos y organizaciones se movilizaron en la Plaza Nueva Esperanza de Ballesteros Norte para exigir avances en la causa y respuestas concretas de la Justicia provincial y federal.
Los empleados del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) llaman a un abrazo simbólico el miércoles 28 de enero a las 10 en la sede central de General Paz 5445, en rechazo a la orden gubernamental de cerrar la Dirección de Metrología Legal y el Organismo de Certificación, efectiva desde el 31 de enero en el AMBA. Estas áreas emplean a unos 150 técnicos y profesionales responsables de verificar instrumentos de medición en transacciones comerciales.
Greenpeace, FARN, Aves Argentinas y otras entidades advierten sobre un retroceso en la protección de reservas hídricas. El proyecto traslada competencias a provincias y enfrenta cuestionamientos por inconstitucionalidad ante las sesiones extraordinarias del 2 de febrero.