Bajo el título "Basta de criminalizar la justa protesta social contra el ajuste provincial y nacional" la Multisectorial expresa que "Las declaraciones recientemente publicadas del juez de control del juzgado n° 10 Juan Manuel Fernández López y de la jefa de policía Liliana Zárate, entre otros, no solamente constituyen un ataque frontal al derecho constitucional a la protesta, sino que informan la comisión de verdaderas ilegalidades como el trabajo de inteligencia a referentes sociales.
Córdoba 28 de febrero de 2023
Sures Noticias
Comunicado completo
Basta de criminalizar la justa protesta social contra el ajuste provincial y nacional
Tras las iniciativas que ingresaron a la legislatura de Córdoba en setiembre pasado JxC y HC para limitar y sancionar la protesta social, un nuevo ataque a este derecho se ha puesto en escena en los últimos días. Con motivo de un Habeas Corpus de vecinos agrupados en el centro vecinal de barrio centro, se han desarrollado audiencias convocadas por el poder judicial y que han sentado a funcionarios provinciales y municipales para dar un tratamiento absolutamente reaccionario a la conflictividad social.
Las declaraciones recientemente publicadas del juez de control del juzgado n° 10 Juan Manuel Fernández López y de la jefa de policía Liliana Zárate, entre otros, no solamente constituyen un ataque frontal al derecho constitucional a la protesta, sino que informan la comisión de verdaderas ilegalidades como el trabajo de inteligencia a referentes sociales.
Con la excusa de investigar la presunta comisión de vaya a saber qué delitos, declaran a boca de jarro haber infiltrado manifestaciones para recabar información sobre “cabecillas” de organizaciones para “cercarlos y atacarlos penalmente” y “cortar la cabeza” de líderes sociales, tal como ya lo hizo también Mauricio Macri en su presidencia.
Las declaraciones sobre “apoyar firmemente” los proyectos de ley orientados a cercenar el derecho a la protesta son acompañadas de un clamor del magistrado por un “cambio de doctrina” respecto al abordaje judicial de las movilizaciones. Este cambio no es menos que “investigar” sin delito, hacer inteligencia, fraguar causas judiciales para “cercar y perseguir” penalmente a quienes se atrevan a organizarse para luchar.
Esta doctrina de “tolerancia cero” que impulsa este magistrado para acompañar las leyes anti-protestas de legisladores de HxC y JxC no es más la criminalización preventiva de organizaciones sociales, políticas, ambientales y sindicales en un contexto de ajuste brutal que golpea a las grandes mayorías y del cual solo es posible defenderse con la lucha en las calles.
Ese ajuste que motiva las justas protestas ocurre tanto en Córdoba como en otras provincias gobernadas por Juntos por el Cambio y por el oficialista Frente de Todos.
En este punto no hay "grieta" porque en esas provincias y a nivel del gobierno nacional se aplican ajustes en sintonía con el FMI a fin de juntar divisas para pagar la deuda externa fraudulenta contraída por el gobierno de Macri en 2018 y convalidada y reestructurada por los Fernández y Massa en 2022.
¿Acaso la tolerancia cero sólo es legítima para el poder político, cuando se trata de cuidar los intereses de unos pocos?, ¿acaso no hay tolerancia cero ante la desocupación, ante la precarización, ante el hambre, ante el saqueo de los recursos naturales y la destrucción del ambiente?, ¿ante el accionar de la justicia injusta?, ¿no existe la tolerancia cero ante las redes de corrupción bien cuidadas por todo el poder político?
Ante un nuevo episodio de arremetida contra los miles de trabajadores organizados en la provincia de Córdoba, el gobierno de Juan Schiaretti replica el modelo de criminalización y persecución tal como su par jujeño Gerardo Morales. Un modelo completo de irregularidades y con prácticas nefastas, como ser la utilización de la justicia de forma arbitraria y a su antojo político, el despliegue amenazante de las fuerzas represivas, la infiltración e inteligencia en las organizaciones populares y la amenaza de crear causas de manera despótica a los y las luchadoras populares que resisten el ajuste. Todas prácticas dignas de las épocas de la dictadura acción que actualmente es acompañada por la policía de la provincia que ya nos tiene acostumbrada a actuar de forma fraudulenta.
Ante esta arremetida en contra de todas las organizaciones políticas y sociales, en contra de todas y todos los trabajadores. Un conjunto de organizaciones abajo firmantes respondemos que:
¡Ningún derecho se ha conquistado sin lucha, sin organización y lo demostramos todos los días!
¡Basta de criminalizar a lxs trabajadores!
¡Es urgente la más amplia unidad para defender nuestros derechos!
¡Basta de ajuste y cogobierno con el FMI!
Firmantes
-Foro por la Libertad, la Democracia y los DDHH de Córdoba
-Colectivo Más Democracia
-Frente Vamos
-Comité por la Libertad de Milagro Sala y Todxs los Presos Políticxs
-Nuevo Mas
-FOL (Frente de Organizaciones en Lucha)
-COUC
-PTS
-Peronistas Autoconvocados
-Espacio Político Tinku
-MST
-Partido de la Liberación PL
-Agrupación Beatriz Perosio
-Casa de lxs Trabajadorxs Cordoba
-Centro Cultural La Piojera -Izquierda Socialista -Asamblea Malvinas Lucha por la Vida
-Asamblea Fuera Porta.
-PRML
-CUBa-MTR
-Agrupación Che Docente
-29 de MAYO - UNC
-Agrupación Sures
-Libres Del Sur
-OLP Resistir y Luchar
-Asamblea por Trabajo y Vivienda
-Pueblo Fuerte (FOB)
-Imprenta del Pueblo Roberto Matthews
-Marabunta
-MAR
-MTR 12 de Abril
-La William Cooke
-Votamos Luchar
-ATE y CTA Córdoba
-MTL Rebelde
-Convocatoria Segunda Independencia
-Gremial de Abogados y Abogadas de Argentina
Letrados de Constanza Taricco han presentado un Habeas Corpus en la fiscalía de Villa Dolores para resguardar a la mujer y sus hijos de las acciones ilegítimas ordenadas por la jueza de 1ra Nominación de Villa Dolores. que ordena entregar dos niños a un extranjero que no es el padre de uno de ellos.
Con motivo de cumplirse 3100 días de presa política de Milagro Sala, este viernes 12 de julio de 2024, los colectivos: Más Democracia de Córdoba, Foro por la Libertad, la Democracia y los DDHH de Córdoba y el Comité por la Libertad de Milagro Sala Córdoba (LA), seleccionaron 10 poemas del libro "Mil poemas para Milagro", con la cual crearon 10 canciones con música y voces generadas con IA. La iniciativa es en el marco de la difusión y exigencia de la libertad de Milagro Sala y de todxs lxs presxs políticxs de Argentina.
Este miércoles se realizó la audiencia en la Secretaria de Trabajo de la Provincia, de la que participaron los sindicatos que representan a los trabajadores y las trabajadoras y delegados del multimedio. Las autoridades del Directorio de los Servicios de Radio y Televisión (SRT) de la UNC ni sus representantes legales se presentaron a la audiencia y sus trabajadorxs siguen sin cobrar los sueldos y el aguinaldo en una situación crítica.
En su décima sesión ordinaria del 146° período legislativo, la Legislatura de Córdoba aprobó por mayoría este miércoles -y luego del voto nominal a viva voz de cada legislador- el texto compatibilizado de tres proyectos que expresan preocupación por la situación que atraviesan los trabajadores de los Servicios de Radio y Televisión (SRT). Todos los bloques votaron a favor de la iniciativa conjunta, a excepción de los tres representantes del bloque PRO (se abstuvieron) y del legislador del bloque unipersonal de La Libertad Avanza (votó en contra).
Con fecha 16 de julio la progenitora presentó su caso en el Comité Internacional de los derechos del Niño denunciando a la Argentina por vulnerar los derechos de sus hijos. Solicitó una medida cautelar que suspenda los efectos de la sentencia del Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y Familia de 1ra Nominación de Villa Dolores, que ordena entregar dos menores de edad a un extranjero que no es el padre de uno de ellos.
La adhesión se da en el marco de la propuesta elaborada por el Observatorio de Violencia de Género del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina, del que forma parte el Ministerio Público Fiscal de Córdoba, con el objetivo de dar cumplimiento a los estándares internacionales de la debida diligencia reforzada.
Con fecha 16 de julio la progenitora presentó su caso en el Comité Internacional de los derechos del Niño denunciando a la Argentina por vulnerar los derechos de sus hijos. Solicitó una medida cautelar que suspenda los efectos de la sentencia del Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y Familia de 1ra Nominación de Villa Dolores, que ordena entregar dos menores de edad a un extranjero que no es el padre de uno de ellos.
El 12 de agosto está previsto que inicie el juicio contra Alejandro Bodart, dirigente político de izquierda, diputado porteño (mc) y director de la revista Revolución Permanente, de la Liga Internacional Socialista, por la causa penal que le iniciara la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas).
La jueza Sandra Cuneo, titular del Juzgado Civil de Villa Dolores, ordenó entregar dos niños a un extranjero que no es el padre de uno de ellos, comprobado con un ADN realizado en la causa penal que se tramita en el juzgado federal N° 2 que excluye al reclamante como padre biológico de la niña, y, por lo tanto, careció de legitimidad procesal para iniciar las acciones de restitución internacional que inició. La madre cordobesa fue respaldada por el Foro por la Libertad, la Democracia y los DDH de Córdoba la Mesa de Derechos Humanos de Traslasierra.
Letrados de Constanza Taricco han presentado un Habeas Corpus en la fiscalía de Villa Dolores para resguardar a la mujer y sus hijos de las acciones ilegítimas ordenadas por la jueza de 1ra Nominación de Villa Dolores. que ordena entregar dos niños a un extranjero que no es el padre de uno de ellos.
Ayer se realizó la audiencia que determinaría el veredicto y la sentencia contra el individuo acusado de múltiples delitos contra la integridad sexual de una mujer en la comunidad de Córdoba.
Se trata de Joaquín Guil, condenado por abusar sexualmente de la hermana de un militante el 24 de abril de 1975 en el edificio principal de la Policía de Salta. Tras revisar la sentencia, la Cámara Federal de Casación Penal sostuvo que la impugnación planteada por la defensa del exjefe policial solo “resulta de su disconformidad” con el fallo.