
Luego de la fallida licitación de la hidrovía, el Gobierno organiza y pone en funcionamiento la agencia que la gestiona de manera provisional
Se estableció la organización de segundo nivel de la nueva Agencia Nacional de Puertos y Navegación.
La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados inició pasadas las 11 la primera de las audiencias en las que recibirá testimonios de jueces y funcionarios judiciales, en el marco de lo que constituye la segunda etapa de sustanciación del proceso que se lleva a cabo contra los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia, impulsado por el presidente Alberto Fernández y gobernadores.
Argentina23 de febrero de 2023En el quinto encuentro de la Comisión de Juicio Político de la Cámara Baja, se encuentran convocados para brindar testimonios los magistrados Alejo Ramos Padilla (juez federal de La Plata) y Sebastián Ramos (juez federal de la Ciudad de Buenos Aires), entre otros.
Al inicio de la jornada, previo a las declaraciones de los testigos, el presidente del bloque de Coalición Cívica, Juan Manuel López, leyó el documento presentado en la Cámara de Diputados donde denunció que “hay hechos de extrema gravedad institucional que suceden en el juicio político a los miembros de la Corte Suprema”.
Tras esa lectura, los representantes de Juntos por el Cambio se retiraron de la sala.
“Hemos alertados de dichos actos, pero los avasallamientos han continuado y se encuentra en riesgo el estado de derecho y las garantías de los derechos de los ciudadanos”, dijo el diputado López, respecto a los pedidos de prueba de la lista de los llamados de los celulares, entre ellos, del ministro de Seguridad porteño -en uso de licencia- Mauricio D’alesandro y el asesor judicial Silvio Robles.
“Advertimos que la Comisión no solo ha cometido severas irregularidades, sino que, además, ha avanzado ilegalmente en el marco de la etapa probatoria puesto que, amparándose en una exigua y circunstancial mayoría del bloque oficialista que no refleja la voluntad popular, ha ordenado producir prueba violando las reglas del debido proceso y las garantías individuales de los ciudadanos que, como es sabido, se encuentran amparadas en la Constitución Nacional”, señala la nota presentada por el interbloque Juntos por el Cambio.
En un contexto signado por la decisión de sectores de la oposición de retirarse de la sala, el primer testigo de la primera audiencia testimonial fue el juez federal Sebastián Ramos.
La convocatoria de ambos magistrados está vinculada al capítulo judicial de la filtración de las supuestas conversaciones por chat a través de la red social Telegram atribuidas a Silvio Robles, colaborador del presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti, y Marcelo D´Alessandro, ministro de Seguridad y Justicia (en uso de licencia) de la Ciudad de Buenos Aires, en las que se referían a casos que estaban bajo estudio del máximo tribunal conocidos como "Consejo de la Magistratura" y "Coparticipación".
En tanto, el juez Sebastián Ramos fue quien archivó desde los tribunales federales de Comodoro Py, y a instancias del fiscal Carlos Stornelli, una denuncia vinculada a esos chats, bajo el argumento de que los elementos probatorios incorporados a la denuncia podrían haber sido obtenidos "mediante maniobras organizadas basadas en actividades de inteligencia ilegal".
Su colega Alejo Ramos Padilla, en tanto, intervino en una denuncia por los mismos hechos, pero presentada ante el fuero federal platense por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y sostuvo lo opuesto en relación a los supuestos indicios de espionaje ilegal.
Además, la lista aprobada por los diputados para la jornada de hoy incluye los nombres de Cristian Abritta, extitular de la Secretaría Judicial N°5, actualmente inexistente en el organigrama de la Corte Suprema; Sergio Rubén Romero, subdirector de Gestión Interna y Habilitación, dependiente de la Secretaría General de Administración; Silenio Rómulo Cárdenas Ponce Ruiz, de la Secretaría Judicial N°2 Previsional; y Alejandro Daniel Rodríguez, de la Secretaría de Juicios Originarios.
Asimismo, de la vocalía de Horacio Rosatti serán llamados Roberto Miguel Ángel Saggese.
Se estableció la organización de segundo nivel de la nueva Agencia Nacional de Puertos y Navegación.
El concierto del cantante Milo J, programado para la ex ESMA, fue cancelado por el gobierno de Javier Milei, que invocó razones de seguridad y política. La medida generó un fuerte rechazo entre artistas y políticos, quienes denunciaron un ataque a la libertad de expresión.
La votación culminó con 144 votos positivos, 98 negativos y dos abstenciones. Unión por la Patria denunció la "proscripción" de Cristina Kirchner. Desde LLA, el PRO, la UCR y otros bloques dialoguistas contestaron que la historia de la Ficha Limpia no es de ahora, sino que se remonta casi una década atrás y es lo que reclama la ciudadanía para volver a creer en el sistema politico.
Este es el segundo incidente en dos meses en el norte del país. Para justificar sus políticas de endurecimiento en la zona fronteriza y su “guerra contra el narcotráfico”, Bullrich discrimina y criminaliza a los trabajadores informales, quienes transportan productos para sostener a sus familias.
Asambleas de todo el país respondieron al llamado desde la Patagonia, exigiendo al Gobierno que asuma su responsabilidad en la gestión del fuego y ponga fin a la criminalización. En Córdoba Capital el punto de encuentro será este jueves 13 de febrero a las 18.30hs, en Patio Olmos.
Martín Llaryora supervisó el inicio de obra del edificio que albergará la casa de altos estudios. La iniciativa busca promover la federalización de la educación universitaria dentro de la provincia. Un centenar de aspirantes ya se preinscribieron en el primer llamado para el ciclo lectivo 2025, con procedencias de diversas localidades de la región e incluso de provincias aledañas.
El organismo solicitó ajustar el proceso para prevenir la concesión de adjudicaciones inadecuadas. Indicó deficiencias en la evaluación de propuestas y carencias en el control ambiental.
“Este es un Gobierno de CEOs fracasados que le cuesta muy caro a la Argentina. Paralizan la ejecución de más de 100.000 viviendas en las que el Estado había invertido más de 3.000 millones de dólares. Generan un enorme déficit habitacional imposible de saldar ni siquiera en el mediano y largo plazo”, apuntó Rodolfo Aguiar.
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