La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados inició pasadas las 11 la primera de las audiencias en las que recibirá testimonios de jueces y funcionarios judiciales, en el marco de lo que constituye la segunda etapa de sustanciación del proceso que se lleva a cabo contra los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia, impulsado por el presidente Alberto Fernández y gobernadores.
Argentina 23 de febrero de 2023
Sures Noticias
En el quinto encuentro de la Comisión de Juicio Político de la Cámara Baja, se encuentran convocados para brindar testimonios los magistrados Alejo Ramos Padilla (juez federal de La Plata) y Sebastián Ramos (juez federal de la Ciudad de Buenos Aires), entre otros.
Al inicio de la jornada, previo a las declaraciones de los testigos, el presidente del bloque de Coalición Cívica, Juan Manuel López, leyó el documento presentado en la Cámara de Diputados donde denunció que “hay hechos de extrema gravedad institucional que suceden en el juicio político a los miembros de la Corte Suprema”.
Tras esa lectura, los representantes de Juntos por el Cambio se retiraron de la sala.
“Hemos alertados de dichos actos, pero los avasallamientos han continuado y se encuentra en riesgo el estado de derecho y las garantías de los derechos de los ciudadanos”, dijo el diputado López, respecto a los pedidos de prueba de la lista de los llamados de los celulares, entre ellos, del ministro de Seguridad porteño -en uso de licencia- Mauricio D’alesandro y el asesor judicial Silvio Robles.
“Advertimos que la Comisión no solo ha cometido severas irregularidades, sino que, además, ha avanzado ilegalmente en el marco de la etapa probatoria puesto que, amparándose en una exigua y circunstancial mayoría del bloque oficialista que no refleja la voluntad popular, ha ordenado producir prueba violando las reglas del debido proceso y las garantías individuales de los ciudadanos que, como es sabido, se encuentran amparadas en la Constitución Nacional”, señala la nota presentada por el interbloque Juntos por el Cambio.
En un contexto signado por la decisión de sectores de la oposición de retirarse de la sala, el primer testigo de la primera audiencia testimonial fue el juez federal Sebastián Ramos.
La convocatoria de ambos magistrados está vinculada al capítulo judicial de la filtración de las supuestas conversaciones por chat a través de la red social Telegram atribuidas a Silvio Robles, colaborador del presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti, y Marcelo D´Alessandro, ministro de Seguridad y Justicia (en uso de licencia) de la Ciudad de Buenos Aires, en las que se referían a casos que estaban bajo estudio del máximo tribunal conocidos como "Consejo de la Magistratura" y "Coparticipación".
En tanto, el juez Sebastián Ramos fue quien archivó desde los tribunales federales de Comodoro Py, y a instancias del fiscal Carlos Stornelli, una denuncia vinculada a esos chats, bajo el argumento de que los elementos probatorios incorporados a la denuncia podrían haber sido obtenidos "mediante maniobras organizadas basadas en actividades de inteligencia ilegal".
Su colega Alejo Ramos Padilla, en tanto, intervino en una denuncia por los mismos hechos, pero presentada ante el fuero federal platense por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y sostuvo lo opuesto en relación a los supuestos indicios de espionaje ilegal.
Además, la lista aprobada por los diputados para la jornada de hoy incluye los nombres de Cristian Abritta, extitular de la Secretaría Judicial N°5, actualmente inexistente en el organigrama de la Corte Suprema; Sergio Rubén Romero, subdirector de Gestión Interna y Habilitación, dependiente de la Secretaría General de Administración; Silenio Rómulo Cárdenas Ponce Ruiz, de la Secretaría Judicial N°2 Previsional; y Alejandro Daniel Rodríguez, de la Secretaría de Juicios Originarios.
Asimismo, de la vocalía de Horacio Rosatti serán llamados Roberto Miguel Ángel Saggese.
Por sus declaraciones públicas tras visitar represores, la Comisión por la Memoria presentó hoy una denuncia penal contra el diputado nacional Beltran Benedit (LLA) por el delito de apología del crimen, según lo estipula el artículo 213 del Código Penal.
Manifestants pertenecientes a sindicatos y movimientos populares, fueron reprimidos y luego detenidos en condiciones irregulares, sin haber estar claros los motivos de las detenciones, fueron trasladados a distintas dependencias policiales. Desde el colectivo ANDHES, del norte del país, interpusieron un recurso de Habeas Corpus frente a la justicia provincial por las personas detenidas.
El informe "Cultura del Acoso: Punto y Aparte" presentado por la asociación reveló 19 incidentes de acoso sexual perpetrados por el periodista especializado en política internacional hacia sus colegas en varios medios de comunicación.
A través de un comunicado Abuelas señaló que, por medio de un decreto, el Gobierno pretende eliminar una unidad de investigación fundamental que busca garantizar el derecho a la verdad y a la identidad.
El 12 de agosto está previsto que inicie el juicio contra Alejandro Bodart, dirigente político de izquierda, diputado porteño (mc) y director de la revista Revolución Permanente, de la Liga Internacional Socialista, por la causa penal que le iniciara la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas).
Fue por decisión de la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, quien resaltó el relato aportado por la denunciante. Además, quedó firme el embargo al imputado por un monto de 1.500.000 pesos.
Del 24 al 27 de julio, el Centro de Convenciones (Forum) de la ciudad de Santiago del Estero será el epicentro de la Cumbre Climática de Juventudes de Naciones Unidas.
Con fecha 16 de julio la progenitora presentó su caso en el Comité Internacional de los derechos del Niño denunciando a la Argentina por vulnerar los derechos de sus hijos. Solicitó una medida cautelar que suspenda los efectos de la sentencia del Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y Familia de 1ra Nominación de Villa Dolores, que ordena entregar dos menores de edad a un extranjero que no es el padre de uno de ellos.
La jueza Sandra Cuneo, titular del Juzgado Civil de Villa Dolores, ordenó entregar dos niños a un extranjero que no es el padre de uno de ellos, comprobado con un ADN realizado en la causa penal que se tramita en el juzgado federal N° 2 que excluye al reclamante como padre biológico de la niña, y, por lo tanto, careció de legitimidad procesal para iniciar las acciones de restitución internacional que inició. La madre cordobesa fue respaldada por el Foro por la Libertad, la Democracia y los DDH de Córdoba la Mesa de Derechos Humanos de Traslasierra.
Letrados de Constanza Taricco han presentado un Habeas Corpus en la fiscalía de Villa Dolores para resguardar a la mujer y sus hijos de las acciones ilegítimas ordenadas por la jueza de 1ra Nominación de Villa Dolores. que ordena entregar dos niños a un extranjero que no es el padre de uno de ellos.
Ayer se realizó la audiencia que determinaría el veredicto y la sentencia contra el individuo acusado de múltiples delitos contra la integridad sexual de una mujer en la comunidad de Córdoba.
Se trata de Joaquín Guil, condenado por abusar sexualmente de la hermana de un militante el 24 de abril de 1975 en el edificio principal de la Policía de Salta. Tras revisar la sentencia, la Cámara Federal de Casación Penal sostuvo que la impugnación planteada por la defensa del exjefe policial solo “resulta de su disconformidad” con el fallo.