A 19 años del femicidio de Andrea Noemí López, aumentan a 1,5 millones la recompensa para dar con restos de joven pampeana

Familiares de víctimas de gatillo fácil y organismos de DDHH impulsan un proyecto de ley para que el gobierno de la provincia de Buenos Aires deje de financiar defensores legales y técnicos de policías implicados en casos relacionados a la violencia institucional. Se trata un de flagelo que, según la Comisión Provincial por la Memoria, deja un saldo de un muerto por “ahorcamiento” y otras causas por mes desde 2012.

En ese universo 504 fueron condenadas, 127 están procesadas y 5 aguardan la resolución de su situación procesal. Más de la mitad de las personas detenidas en cárceles tienen entre 70 y 75 años de edad. Estas cifras se dan en un marco en el que, desde 2006, se investigó a más de 3700 personas y recibieron condena casi 1200.

La comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento que preside Silvia Lospennato convocó a una reunión informativa para el martes al mediodía. Cabe recordar, que recientemente, a propuesta de Unión por la Patria, se votó una moción de apartamiento de reglamento para que se incluyera en el temario el proyecto de la diputada Gisela Marziotta que apunta a expulsar a los seis diputados libertarios involucrados en el escándalo. La moción fue rechazada por legisladores cómplices de las políticas negacionistas del gobierno libertario.

El expolicía del Servicio de Informaciones de Santa Fe cuenta con tres condenas -una de ellas firme- y está procesado en una causa. El Tribunal Oral Federal N° 2 de Rosario señaló que no existe un derecho a la prisión domiciliaria y que la edad mayor de 70 años no es una pauta que deba evaluarse de manera exclusiva para su otorgamiento. Dispuso su traslado a una cárcel federal.

Mientras que algunas regiones logran mantenerse a flote gracias a inversiones en sectores clave, otras se ven sumidas en una profunda crisis debido a la caída del consumo.

Cada miércoles, un grupo de jubilados se congrega en el Congreso para reclamar mejoras en sus pensiones. En esta ocasión, se sumaron más personas en la esquina de Entre Ríos y Rivadavia, y la policía, bajo el mando de Patricia Bullrich, procedió a dispersar la manifestación. Hoy marcharon en rechazo del anunciado veto del Poder Ejecutivo al aumento de las jubilaciones. Pese a la represión de la policía que golpeó y gaseó a Jubilados , jubiladas y también a la prensa, la marcha avanza nutrida desde el Anexo del Congreso hasta Plaza de Mayo. En Córdoba se realizaron rondas.