El diputado nacional del Frente de Todos (FdT) Hugo Yasky aseguró hoy que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner "es la candidata que tiene que encabezar" la fórmula electoral del oficialismo y sostuvo que tema de su "proscripción tiene que ser central en los debates de la mesa política" convocada por el presidente Alberto Fernández para analizar las estrategias electorales de la coalición de cara a las próximas elecciones.
Argentina 08 de febrero de 2023
Sures Noticias
"Es un tema que hay que resolver. La proscripción de Cristina tiene que ser central en la mesa política. No podemos seguir haciendo comentarios o expresando deseos cuando estamos en el gobierno", afirmó Yasky en declaraciones a la radio online Futurock.
De esta forma se refirió el dirigente sindical a la condena a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos que recibió la exmandataria en el juicio de la causa Vialidad.
El titular de la CTA aseguró que el FdT está "en condiciones de derrotar electoralmente a la derecha" y consideró que "el gran desafío es sintetizar una iniciativa en común" para presentarle al electorado.
"Me niego a creer que Cristina está fuera de la cancha. En la provincia de Buenos Aires nuestro candidato es (el gobernador Axel) Kicilof y para mí, Cristina debe encabezar nuestra fórmula (en el orden nacional)", remarcó.
Además, el referente gremial sostuvo que "sería un acto de fingir demencia sentarnos a hablar de candidaturas cuando tenemos a nuestra principal candidata proscripta".
"No quiero resignarme a aceptar que esta decisión la tomaron los del círculo rojo. Apuraron un juicio trucho para condenarla y sacarla de la cancha con esa condena de inhabilita de por vida. Suena a las dictaduras que sufríamos en el siglo XX", agregó.
Al ser consultado por una posible respuesta por parte de la militancia, Yasky aseguró que "se va a trabajar para construir episodios para reclamar en masividad".
"También me imagino decisiones del gobierno antes de la definición electoral o una iniciativa a nivel internacional. Hay muchos caminos que no fueron explorados y hay que ponerlos sobre la mesa el día que nos convoquen a una mesa política", apuntó.
En tanto, aseguró que desde la oposición "quieren hacer bardo económico" porque "saben que si seguimos estabilizando el país, ellos la tiene difícil" en las próximas elecciones.
"Los formadores de precios están decididos a desestabilizar económicamente a este gobierno y que haya una brutal devaluación para que pierda las elecciones y seguir engordando su dinero en los paraísos fiscales", completó.
Fue por decisión de la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, quien resaltó el relato aportado por la denunciante. Además, quedó firme el embargo al imputado por un monto de 1.500.000 pesos.
Juan Etchebarne fue absuelto en 1994 por esos hechos. La fiscalía de juicio había intentado avanzar contra esa decisión en el juicio oral. El tribunal y la Cámara de Casación indicaron que debía resolverse en primera instancia. Con el impulso de la fiscalía de instrucción, el juez federal Daniel Rafecas sostuvo que la prescripción por el mero paso del tiempo no puede aplicarse a crímenes de lesa humanidad.
Por sus declaraciones públicas tras visitar represores, la Comisión por la Memoria presentó hoy una denuncia penal contra el diputado nacional Beltran Benedit (LLA) por el delito de apología del crimen, según lo estipula el artículo 213 del Código Penal.
A través de una medida de no innovar que dictó a pedido de la Fiscalía de La Plata, el juez federal Ernesto Kreplak. La medida pretende que la documentación no pueda ser modificada, mudada o cambiada • En marzo se comenzó a desarmar la política de Memoria, Verdad y Justicia que se implementaba desde hace catorce años.
El 12 de agosto está previsto que inicie el juicio contra Alejandro Bodart, dirigente político de izquierda, diputado porteño (mc) y director de la revista Revolución Permanente, de la Liga Internacional Socialista, por la causa penal que le iniciara la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas).
La Justicia le había dado al Ministerio de Capital Humano 48 horas para informar sobre el tema.
Con fecha 16 de julio la progenitora presentó su caso en el Comité Internacional de los derechos del Niño denunciando a la Argentina por vulnerar los derechos de sus hijos. Solicitó una medida cautelar que suspenda los efectos de la sentencia del Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y Familia de 1ra Nominación de Villa Dolores, que ordena entregar dos menores de edad a un extranjero que no es el padre de uno de ellos.
El 12 de agosto está previsto que inicie el juicio contra Alejandro Bodart, dirigente político de izquierda, diputado porteño (mc) y director de la revista Revolución Permanente, de la Liga Internacional Socialista, por la causa penal que le iniciara la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas).
La jueza Sandra Cuneo, titular del Juzgado Civil de Villa Dolores, ordenó entregar dos niños a un extranjero que no es el padre de uno de ellos, comprobado con un ADN realizado en la causa penal que se tramita en el juzgado federal N° 2 que excluye al reclamante como padre biológico de la niña, y, por lo tanto, careció de legitimidad procesal para iniciar las acciones de restitución internacional que inició. La madre cordobesa fue respaldada por el Foro por la Libertad, la Democracia y los DDH de Córdoba la Mesa de Derechos Humanos de Traslasierra.
Letrados de Constanza Taricco han presentado un Habeas Corpus en la fiscalía de Villa Dolores para resguardar a la mujer y sus hijos de las acciones ilegítimas ordenadas por la jueza de 1ra Nominación de Villa Dolores. que ordena entregar dos niños a un extranjero que no es el padre de uno de ellos.
Ayer se realizó la audiencia que determinaría el veredicto y la sentencia contra el individuo acusado de múltiples delitos contra la integridad sexual de una mujer en la comunidad de Córdoba.
Se trata de Joaquín Guil, condenado por abusar sexualmente de la hermana de un militante el 24 de abril de 1975 en el edificio principal de la Policía de Salta. Tras revisar la sentencia, la Cámara Federal de Casación Penal sostuvo que la impugnación planteada por la defensa del exjefe policial solo “resulta de su disconformidad” con el fallo.