El presidente de la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua (Fipca), Julio César Urien, denunció esta noche "violencia y agresiones" por parte de la seguridad del empresario Joe Lewis y pidió la intervención de los Gobiernos nacional y provincial, dado que "peligra la vida" de los militantes que acampan frente a la mansión del magnate británico, en Lago Escondido, Río Negro.
Argentina 03 de febrero de 2023 Marcelo Cena para TÉLAM
"Tuvimos una llamada por teléfono satelital con los compañeros que están en la montaña, con Sergio Cuestas, el abogado (de FIPCA), y nos dice que empezaron a ser agredidos, les rompieron el equipamiento, las mochilas que tenían", aseguró Urien en diálogo con Télam, desde la séptima Marcha por la Soberanía al Lago Escondido.
Y añadió que "agredieron al Padre Paco (Olveira), le sacaron la Biblia cuando se puso a rezar".
"Están como sacados, estamos concretamente preocupados por la vida de ellos", aseveró Urien.
En ese sentido, informó que desde FIPCA están "tomando todas las medidas que podemos y pidiendo al gobierno de la provincia que garantice su seguridad y a distintas autoridades del gobierno nacional", ya que "creemos que hay peligro de vida".
Una columna de manifestantes llegó hoy a una de las playas de Lago Escondido situada frente a la estancia del magnate británico Joe Lewis, luego de que a otro grupo se le impidiera ingresar por el camino público de Tacuifí por la acción de peones rurales que trabajan en esa propiedad.
La columna que denuncia agresiones es la número 2, de montaña, también denominada 'Juana Azurduy', que llegó a la playa frente a la mansión de Joe Lewis, según se informó hoy por la tarde.
"Su gente dice que tienen que salir por un camino privado. Nosotros no aceptamos eso. Si no pueden bajar por el camino público de Tacuifí se van a quedar una semana acampando hasta recibir una respuesta favorable", explicó Urien, quien encabeza la columna 1 junto a otros referentes políticos, sociales y gremiales.
Ya se conocieron incidentes durante el día miércoles, cuando resultaron heridos el diputado y jefe de bloque del Frente de Todos del Parlasur, Gastón Harispe, y la dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) Celeste Fierro, entre otros militantes.
Fue por decisión de la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, quien resaltó el relato aportado por la denunciante. Además, quedó firme el embargo al imputado por un monto de 1.500.000 pesos.
Manifestants pertenecientes a sindicatos y movimientos populares, fueron reprimidos y luego detenidos en condiciones irregulares, sin haber estar claros los motivos de las detenciones, fueron trasladados a distintas dependencias policiales. Desde el colectivo ANDHES, del norte del país, interpusieron un recurso de Habeas Corpus frente a la justicia provincial por las personas detenidas.
EL Foro por la Libertad, la Democracia y los DDHH de Córdoba expresó su repudio y rechazo a la acción que, bajo el pretexto de una "visita humanitaria", envía un mensaje claro a la sociedad. Junto con otras actitudes del gobierno, esto parece legitimar las acciones del terrorismo de estado en nuestra historia reciente. Tambien sumaron su repudio el Partido Nuevo Encuentro de Córdoba y la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba
A través de una medida de no innovar que dictó a pedido de la Fiscalía de La Plata, el juez federal Ernesto Kreplak. La medida pretende que la documentación no pueda ser modificada, mudada o cambiada • En marzo se comenzó a desarmar la política de Memoria, Verdad y Justicia que se implementaba desde hace catorce años.
Juan Etchebarne fue absuelto en 1994 por esos hechos. La fiscalía de juicio había intentado avanzar contra esa decisión en el juicio oral. El tribunal y la Cámara de Casación indicaron que debía resolverse en primera instancia. Con el impulso de la fiscalía de instrucción, el juez federal Daniel Rafecas sostuvo que la prescripción por el mero paso del tiempo no puede aplicarse a crímenes de lesa humanidad.
Por sus declaraciones públicas tras visitar represores, la Comisión por la Memoria presentó hoy una denuncia penal contra el diputado nacional Beltran Benedit (LLA) por el delito de apología del crimen, según lo estipula el artículo 213 del Código Penal.
Del 24 al 27 de julio, el Centro de Convenciones (Forum) de la ciudad de Santiago del Estero será el epicentro de la Cumbre Climática de Juventudes de Naciones Unidas.
Con fecha 16 de julio la progenitora presentó su caso en el Comité Internacional de los derechos del Niño denunciando a la Argentina por vulnerar los derechos de sus hijos. Solicitó una medida cautelar que suspenda los efectos de la sentencia del Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y Familia de 1ra Nominación de Villa Dolores, que ordena entregar dos menores de edad a un extranjero que no es el padre de uno de ellos.
La jueza Sandra Cuneo, titular del Juzgado Civil de Villa Dolores, ordenó entregar dos niños a un extranjero que no es el padre de uno de ellos, comprobado con un ADN realizado en la causa penal que se tramita en el juzgado federal N° 2 que excluye al reclamante como padre biológico de la niña, y, por lo tanto, careció de legitimidad procesal para iniciar las acciones de restitución internacional que inició. La madre cordobesa fue respaldada por el Foro por la Libertad, la Democracia y los DDH de Córdoba la Mesa de Derechos Humanos de Traslasierra.
Letrados de Constanza Taricco han presentado un Habeas Corpus en la fiscalía de Villa Dolores para resguardar a la mujer y sus hijos de las acciones ilegítimas ordenadas por la jueza de 1ra Nominación de Villa Dolores. que ordena entregar dos niños a un extranjero que no es el padre de uno de ellos.
Ayer se realizó la audiencia que determinaría el veredicto y la sentencia contra el individuo acusado de múltiples delitos contra la integridad sexual de una mujer en la comunidad de Córdoba.
Se trata de Joaquín Guil, condenado por abusar sexualmente de la hermana de un militante el 24 de abril de 1975 en el edificio principal de la Policía de Salta. Tras revisar la sentencia, la Cámara Federal de Casación Penal sostuvo que la impugnación planteada por la defensa del exjefe policial solo “resulta de su disconformidad” con el fallo.