La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) manifestó hoy que el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que dispuso el 21 de diciembre que el Gobierno nacional le reintegre el cobro del 2,95% de la masa de fondos coparticipables al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, "va a perjudicar a más de tres millones" de empleados del sector público.
Argentina 05 de enero de 2023
Sures Noticias
"Esa decisión de la Corte Suprema va a perjudicar a 3 millones y medio de estatales: 716.000 nacionales, más de 2 millones que prestan servicios en las provincias y casi 500.000 distribuidos en todas las comunas del país", afirmó Rodolfo Aguiar, secretario general adjunto de ATE-Nacional a través de un comunicado.
El dirigente de los estatales sostuvo además que "por la nueva redistribución de fondos, las transferencias a las provincias y los municipios se verán reducidas en más de 180.000 millones de pesos, afectando todas las partidas presupuestarias, entre las cuales se encuentran las destinadas al pago de salarios y la regularización del empleo en las distintas administraciones".
El 21 de diciembre último, en un fallo unánime, el máximo tribunal de Justicia falló a favor del Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en el reclamo por los fondos de seguridad que el presidente Alberto Fernández reasignó a la provincia de Buenos Aires en el año 2020.
Para Aguiar, "con este fallo se perjudica a todos los ciudadanos y en particular a los trabajadores estatales. Frente a esto, no sólo son los gobernadores los que tienen que reclamar, los Intendentes deberían estar poniendo el grito en el cielo".
"Cientos de miles de millones de pesos dejarán de ser girados a las provincias y a los municipios. Se van a ver afectadas todas las partidas presupuestarias, entre estas, las destinadas a pagar salarios", evaluó el dirigente sindical.
En ese sentido, Aguiar recordó que "una gran parte de los trabajadores de la administración pública nacional, las provincias y los municipios ya se encuentran bajo la línea de pobreza y esta decisión de la Corte impedirá el mejoramiento de sus condiciones de vida en el corto plazo".
"Sin lugar a dudas existirá un aumento de la conflictividad en gran parte del país", completó el dirigente estatal", puntualizó.
La organización sindical recordó recientemente que ATE denunció que "el 60% de los estatales se encuentra bajo la línea de pobreza ya que más de 2 millones tienen sueldos que no alcanzan los $145.947 que, según el propio Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), necesitó en noviembre una familia de cuatro integrantes para no ser pobre".
El Cels presentó un amparo en el fuero contencioso administrativo federal para impedir la aplicación de esa normativa para fuerzas de seguridad federales y el servicio penitenciario federal, que se aparta de los principios que regulan el uso de la fuerza letal reconocidos universalmente.
Hugo Yasky. secretario General de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y diputado nacional señaló en una entrevista radial la adhesión a la medida de fuerza: "Ya tenemos mandato, porque habíamos hecho hace un par de semanas un plenario nacional", en tanto el titular de CTA Autónoma, Hugo "Cachorro" Godoy, adelanto a Sures Noticias que la central adhiere al paro del 9 de mayo.
Legisladores de Unión por la Patria, Hacemos Coalición Federal (HCF), Unión Cívica Radical (UCR), Innovación Federal y Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad (FiT) recibieron a estudiantes de las casas de altos estudios en la Cámara baja. Adhirieron a la Marcha Federal Universitaria que se realizará el martes 23 de abril, y respaldaron las acciones para revertir esta situación se realizan en todo el país.
El Astillero Río Santiago se encuentra trabajando junto a la facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata en la construcción de un prototipo de impresora 3d para la fabricación de viviendas sociales.
Los licenciatarios de Servicios de TIC establecerán sus tarifas, las cuales deberán ser equitativas y razonables, cubrir los costos de operación y promover una prestación eficiente con un margen de operación razonable, según lo estipula el decreto 302/2024.
“Recibió una amenaza por escrito contra ella y su familia en su domicilio particular”. El comunicado emitido por la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo filial Rosario y H.I.J.O.S. Rosario indica que han denunciado un reciente acto de violencia dirigido a una activista de derechos humanos de dichas organizaciones, quien participa en procesos judiciales relacionados con crímenes de lesa humanidad.
En el día de ayer en sede de Tribunales Provinciales II, se realizó una presentación de acción judicial de un Hábeas Corpus preventivo, llevada adelante por Eugenia Scarpinello, abogada y militante por los DDHH, quien fuera intimidada por fuerzas policiales provinciales en ocasión del ejercicio de su trabajo profesional.
Convocada en defensa de la Universidad Pública, será en las principales ciudades del país: Buenos Aires, Córdoba, Río Cuarto, Villa María y en otras ciudades del país. En Córdoba la marcha partirá a las 11 hs. desde el monumento de la Reforma, en Ciudad Universitaria, y se dirigirá al Patio Olmos, donde se leerá un documento. La jornada de lucha se extensiva durante todo el día. Jhon Boretto, rector de la Universidad Nacional de Córdoba no participara de la movilización en Córdoba.
El evento se llevó a cabo en el museo de Antropología, de 15 hs a 20 hs, en Córdoba. El mismo estuvo organizado por la Red de DDHH en contexto de encierro Córdoba, red que se gestó en el año 2023, conformada por diversas organizaciones sociales, familiares de detenidos y espacios universitarios que trabajan con el tema pertenecientes a la universidad Nacional de Córdoba.
La comunidad educativa protagonizó una inédita jornada en rechazo al ajuste presupuestario dispuesto por el gobierno de Milei. Estiman que se movilizó un millón y medio de personas a lo largo y ancho de la Argentina.
En Córdoba se llevaron adelante manifestaciones en distintos lugares de la provincia: Córdoba Capital, Villa Maria, Río Cuarto, Alta Gracia, entre otras. En capital la multitud llego a Plaza Tosco y luego de la lectura del documento se extendió la jornada de lucha. Multitudes congregadas en las grandes y medianas ciudades del país, donde están afincadas la mayoría de las 57 universidades nacionales, salieron a las calles y a las plazas para aunar su voz en defensa de la educación y la ciencia públicas y en contra de la licuadora y la motosierra que la administración encabezada por Javier Milei aplica al sistema universitario argentina.
El fiscal Fabián Canda consideró que debía admitirse la acción de amparo interpuesta por Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) contra el Ministerio de Seguridad de la Nación, a fin de obtener datos sobre la normativa que regula las misiones, funciones, estructuras y actividades de inteligencia criminal de las cuatro fuerzas de Seguridad federales.