El presidente Alberto Fernández anunció hoy que dispuso "reasignar" fondos del Presupuesto 2022 para transferir a una cuenta del Banco Nación a nombre del Gobierno porteño para cumplir con la medida cautelar dictada por la Corte Suprema, a la espera del fallo definitivo sobre la disputa por coparticipación, y anticipó, además, que el Ministerio de Economía enviará al Congreso un proyecto sobre esta materia para que sea tratado en sesiones extraordinarias.
Argentina26 de diciembre de 2022
Sures Noticias
Así lo anticipó en mensajes que emitió esta mañana a través de la red social Twitter, en los que consignó que el Estado nacional había sido "notificado" de la medida cautelar de la Corte Suprema de Justicia a favor de la Ciudad de Buenos Aires el miércoles pasado, por lo que señaló que ordenó reasignar los "únicos recursos disponibles del ejercicio 2022" y transferir a una cuenta del Banco Nación a nombre del Gobierno porteño, para lo cual se "se utilizarán bonos TX31".
"Estoy convencido de que la resolución carece de los fundamentos exigidos a toda decisión judicial y por lo tanto está viciada, afecta legítimos derechos de las provincias argentinas y quiebra la igualdad sobre la cual se asienta el federalismo en nuestra Constitución Nacional", expresó el mandatario.
El mandatario puntualizó que las "políticas públicas que dispone el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) se aplican en todo el territorio nacional; por lo tanto, si se afectan recursos de la Nación, se verá obviamente resentida la gestión del Estado nacional en las provincias argentinas y éstas serán perjudicadas".
En paralelo, apuntó que el "actual estado de las cuentas públicas y el respeto que se debe al sistema legal argentino hacen que la resolución dictada por la Corte Suprema, actuando como instancia única, sea hoy una cuestión de imposible cumplimiento".
El mandatario planteó que "ante una decisión cautelar que viola la división de poderes y carece de fundamentación suficiente, como Presidente de la Nación he dispuesto el único remedio posible y razonable en estas circunstancias, hasta que se resuelva la cuestión de fondo o el Congreso dicte una ley".
En este punto y en línea con lo que había anticipado luego de una reunión que mantuvo con 14 gobernadores tras el fallo, el Presidente informó hoy que instruyó al procurador del Tesoro, Carlos Zannini, para presentar un "recurso de revocatoria 'in extremis' contra la decisión judicial tomada, a fin de que se revise la medida cautelar dispuesta".
"Además -precisó-, he ordenado recusar a los jueces del máximo tribunal porque, habiendo fijado posición sobre la cuestión de fondo al dictar la medida cautelar, han prejuzgado contra el Estado nacional, perjudicando sus cuentas y afectando los recursos de las 23 provincias argentinas".
El jefe de Estado puso de relieve, asimismo, que las "decisiones judiciales son obligatorias aun cuando las estime disvaliosas e injustas".
En ese contexto, aclaró que, "respetuoso del Estado de derecho", buscará "revertir la mala resolución de la Corte y retomar la senda del federalismo observando y haciendo observar la Constitución como he jurado hacer".
"También debo respetar las leyes vigentes", sostuvo y, luego, citó: "El artículo 22 de la Ley 23.982 indica que los pagos ordenados al Estado Nacional por orden judicial deben ser previstos en la ley de Presupuesto".
En este punto, el mandatario advirtió que "ni el Presupuesto 2022 ni el 2023, votado por amplia mayoría, prevén estos pagos".
Por eso, instruyó a la Jefatura de Gabinete para que "reasigne los únicos recursos disponibles del ejercicio 2022 y los transfiera a una cuenta del Banco Nación a nombre del GCBA", y anticipó que "se utilizarán bonos TX31 y se los pondrá a disposición del cumplimiento de la medida cautelar que impugnamos".
"Dicha transferencia -refirió Fernández- comprenderá, en bonos, el dinero correspondiente a 90 días de vigencia de la medida cautelar, a la espera del fallo definitivo, o a una ley del Congreso que le asigne a este pago los recursos presupuestarios pertinentes".
Sobre este punto, explicó que los bonos consignados "ya fueron aceptados por la Corte para atender la deuda del Estado nacional con la provincia de Santa Fe" y añadió que, "siendo así, no habría lesión al derecho concedido a la CABA, a menos que el tribunal crea que existen ciudades de primera y provincias de segunda".
Paralelamente, el Presidente informó que instruyó al Ministerio de Economía para que envíe al Congreso un proyecto de ley para tratar en "sesiones extraordinarias" y que "prevea presupuestariamente los recursos necesarios para hacer posible cumplir la manda judicial conforme dispone la ley 23.982 en su artículo 22".
"Dicha norma deberá preservar el sistema federal vigente; no afectar los derechos reconocidos a las provincias argentinas y compensar las pérdidas que esta medida cautelar les produce", sostuvo el jefe de Estado.
El Tribunal Oral Federal N° 1 juzgará por primera vez a cuatro exintegrantes de la inteligencia estatal por 88 casos de secuestros, torturas, desapariciones y sustracción de menores cometidos en Automotores Orletti, la Base Pomar y una casona de Bacacay, epicentro porteño del terrorismo de Estado y del Plan Cóndor.
El Cuerpo de Abogados del Ministerio de Seguridad de la Ciudad asumirá la defensa de Santiago Barrientos, acusado de matar de un tiro en la nuca a Víctor Vargas en Constitución, y de los vigilantes imputados por encubrimiento en el caso de Gabriel González en Lugano. Organizaciones de derechos humanos denuncian que esa estructura de defensa oficial termina financiando con impuestos la protección de agentes y privados involucrados en crímenes.
de Gabinete y denunció un ajuste “ilegal” que podría dejar en la calle a más de 500 empleados públicos, incluso brigadistas que combaten incendios en la Patagonia. El gremio anticipó paros, asambleas y un plan de lucha si el Gobierno no da marcha atrás con el recorte.
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa reclamó en el Senado la eliminación de cinco artículos del proyecto oficial de reforma laboral, al considerar que desnaturalizan los convenios colectivos y pueden disparar una ola de juicios y conflictos. La entidad, que agrupa a pymes de todo el país, sostuvo que los cambios propuestos vulneran el artículo 14 bis de la Constitución y convenios internacionales de la OIT, y reclamó “de manera imperiosa” suprimir esos puntos para preservar la seguridad jurídica en las relaciones de trabajo.
de Gabinete y denunció un ajuste “ilegal” que podría dejar en la calle a más de 500 empleados públicos, incluso brigadistas que combaten incendios en la Patagonia. El gremio anticipó paros, asambleas y un plan de lucha si el Gobierno no da marcha atrás con el recorte.
El Cuerpo de Abogados del Ministerio de Seguridad de la Ciudad asumirá la defensa de Santiago Barrientos, acusado de matar de un tiro en la nuca a Víctor Vargas en Constitución, y de los vigilantes imputados por encubrimiento en el caso de Gabriel González en Lugano. Organizaciones de derechos humanos denuncian que esa estructura de defensa oficial termina financiando con impuestos la protección de agentes y privados involucrados en crímenes.
Tras un operativo, la Fuerza Policial Antinarcotráfico desbarató un punto de venta de drogas en el barrio Maldonado, secuestró 272 envoltorios de cocaína y detuvo a tres hombres —entre ellos Pablo Learte, condenado por el homicidio de Facundo “el Rubio del Pasaje” Rivera Alegre—, todos con antecedentes penales
El titular de La Bancaria y diputado de Unión por la Patria, Sergio Palazzo, cuestionó el proyecto de reforma laboral del gobierno de Javier Milei por licuar las sentencias, permitir el pago en cuotas de las indemnizaciones y vulnerar principios constitucionales, y advirtió que los legisladores que lo acompañen serán “básicamente unos delincuentes”.
El Tribunal Oral Federal N° 1 juzgará por primera vez a cuatro exintegrantes de la inteligencia estatal por 88 casos de secuestros, torturas, desapariciones y sustracción de menores cometidos en Automotores Orletti, la Base Pomar y una casona de Bacacay, epicentro porteño del terrorismo de Estado y del Plan Cóndor.
La Provincia vuelve a los mercados internacionales para tomar hasta 500 millones de dólares a 9 años, con alta tasa y fuerte concentración de vencimientos, profundizando un esquema de endeudamiento en moneda extranjera que traslada el costo a las próximas gestiones y a la ciudadanía.