Sobrevivientes y familiares de víctimas de la tragedia de Cromañón entregaron este mediodía en la Casa Rosada un petitorio dirigido al presidente Alberto Fernández para que se haga efectiva la expropiación del lugar donde funcionaba el local bailable en el que la noche del 30 de diciembre de 2004 murieron 194 personas por un incendio durante un recital de Callejeros.
Argentina 22 de diciembre de 2022
Sures Noticias
Los familiares buscan que se cumpla la Ley que declaró "de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles donde funcionaba Cromañón" en Bartolomé Mitre 3.038/78, sancionada por el Senado en octubre pasado.
La nota, con la firma de nueve organizaciones, sostiene que “el efectivo resguardo de las condiciones estructurales del inmueble, como así también de la huella que ha quedado donde sucedió la masacre ha sido para nosotrxs en estos cuatro años el principal y permanente motivo de movilización y demanda”.
Y hacen hincapié en “la incertidumbre respecto de su conservación”.
Además, considera que “el Poder Ejecutivo tiene la herramienta legal precisa para la inmediata toma de posesión del inmueble” y afirma que “ese debe ser el camino a seguir, para poder preservar el inmueble, mientras se discute la mejor reglamentación posible de la Ley”.
Representantes de las organizaciones ratificaron a Télam que el inmueble donde funcionó Cromañón estaba a nombre de una empresa off shore radicada en Uruguay llamada Nueva Zarelux, pero su verdadero dueño es Rafael Levy, quien fue condenado a cuatro años y medio de prisión como responsable de varias decisiones vinculadas con el funcionamiento del lugar.
En ese sentido, recordaron que hasta 2018 la situación del inmueble estaba judicializada pero en octubre de ese año el Tribunal Oral en lo Criminal 24 devolvió la posesión a la empresa de Levy y que ,dicha devolución, no fue correctamente notificada a familiares y sobrevivientes.
Este acto impidió que se puedan retirar del lugar las pertenencias de los fallecidos y sobrevivientes.
Los familiares aseguran que dentro de Cromañón quedaron diversos objetos de un alto valor simbólico y afectivo para las familias que fueron tirados cuando se realizaron reformas en el lugar.
Por último, en el texto entregado por las organizaciones "Coordinadora Cromañón", "El Camino es Cultural", "Movimiento Cromañón", "Ni Olvido Ni Perdón", "No Nos Cuenten Cromañón", "Organización 30 de Diciembre", "Que No Se Repita", "Sin Derechos No Hay Justicia", y “Plaza de la Memoria los pibes de Cromañón Presentes” se solicita ser tenidos en cuenta al momento de la reglamentación de la ley “para su elaboración, redacción y puesta en funcionamiento".
Análisis de los despidos y suspensiones en el primer semestre del 2024: relevamiento de casos paradigmáticos en industria y servicios elaborado por CEPA (Centro de Economía Política Argentina).
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) ha prohibido a sus trabajadores el uso de términos como "agroecología", "cambio climático", "género", "sustentabilidad", "biodiversidad", "huella de carbono" y "prohuerta" en documentos y publicaciones del organismo. Esta medida ha sido denunciada por la Asociación del Personal del INTA (Apinta), que señala que la censura afecta el desarrollo del Plan Estratégico Institucional 2015-2030.
Tomás Arrieta es mencionado en un caso de delitos de lesa humanidad por torturar a soldados durante el conflicto bélico. "Nos quitaba la escasa comida cada vez que nos encontraba con los borceguíes desatados", relataron los excombatientes de CECIM La Plata.
El 12 de agosto está previsto que inicie el juicio contra Alejandro Bodart, dirigente político de izquierda, diputado porteño (mc) y director de la revista Revolución Permanente, de la Liga Internacional Socialista, por la causa penal que le iniciara la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas).
Los imputados militares fueron responsables de la Sección de Inteligencia del Ejército y el principal colaborador del jefe del Área Militar 132, mientras que los civiles están sindicados como responsables de haber cruzado sobre la ruta la camioneta que embistió el vehículo que conducía el prelado. En la causa se investiga un atentado, tras la anulación de la sentencia que había declarado en 1978 que los hechos fueron un incidente vial.
A través de un comunicado Abuelas señaló que, por medio de un decreto, el Gobierno pretende eliminar una unidad de investigación fundamental que busca garantizar el derecho a la verdad y a la identidad.
Con fecha 16 de julio la progenitora presentó su caso en el Comité Internacional de los derechos del Niño denunciando a la Argentina por vulnerar los derechos de sus hijos. Solicitó una medida cautelar que suspenda los efectos de la sentencia del Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y Familia de 1ra Nominación de Villa Dolores, que ordena entregar dos menores de edad a un extranjero que no es el padre de uno de ellos.
La jueza Sandra Cuneo, titular del Juzgado Civil de Villa Dolores, ordenó entregar dos niños a un extranjero que no es el padre de uno de ellos, comprobado con un ADN realizado en la causa penal que se tramita en el juzgado federal N° 2 que excluye al reclamante como padre biológico de la niña, y, por lo tanto, careció de legitimidad procesal para iniciar las acciones de restitución internacional que inició. La madre cordobesa fue respaldada por el Foro por la Libertad, la Democracia y los DDH de Córdoba la Mesa de Derechos Humanos de Traslasierra.
En su décima sesión ordinaria del 146° período legislativo, la Legislatura de Córdoba aprobó por mayoría este miércoles -y luego del voto nominal a viva voz de cada legislador- el texto compatibilizado de tres proyectos que expresan preocupación por la situación que atraviesan los trabajadores de los Servicios de Radio y Televisión (SRT). Todos los bloques votaron a favor de la iniciativa conjunta, a excepción de los tres representantes del bloque PRO (se abstuvieron) y del legislador del bloque unipersonal de La Libertad Avanza (votó en contra).
Letrados de Constanza Taricco han presentado un Habeas Corpus en la fiscalía de Villa Dolores para resguardar a la mujer y sus hijos de las acciones ilegítimas ordenadas por la jueza de 1ra Nominación de Villa Dolores. que ordena entregar dos niños a un extranjero que no es el padre de uno de ellos.
Ayer se realizó la audiencia que determinaría el veredicto y la sentencia contra el individuo acusado de múltiples delitos contra la integridad sexual de una mujer en la comunidad de Córdoba.
Se trata de Joaquín Guil, condenado por abusar sexualmente de la hermana de un militante el 24 de abril de 1975 en el edificio principal de la Policía de Salta. Tras revisar la sentencia, la Cámara Federal de Casación Penal sostuvo que la impugnación planteada por la defensa del exjefe policial solo “resulta de su disconformidad” con el fallo.