Según un informe del Observatorio de Trabajo, Economía y Sociedad (OTES) desde 2016 hasta 2021 se llevó a cabo una caída constante en los montos presupuestados de los programas de Ambiente. En 2022 se produce un repunte pero no logra recuperar los niveles previos a 2020. A precios de hoy, se han recortado cerca de $390 millones entre 2016 y 2022.
Córdoba14 de julio de 2022
Sures Noticias
Compartimos el informe del Observatorio de Trabajo, Economía y Sociedad (OTES) sobre ambiente economía y presupuesto en Córdoba.
En el presente informe busca analizar la problemática ambiental de la Provincia de Córdoba teniendo en cuenta cuál ha sido el rol del gobierno mediante la política presupuestaria de los últimos años así como el impacto que el cambio en el modelo económico provincial tuvo sobre la naturaleza y las comunidades que se sostienen de esta.
Las actividades que experimentaron un mayor crecimiento dentro del Producto Geográfico Bruto (PGB) entre 2010 y 2020 fueron la agricultura 31% en primer lugar, seguida por las actividades inmobiliarias 20%
Entre los principales problemas ambientales de Córdoba se encuentra la pérdida de bosque nativo. Los principales factores que explican dicha pérdida: El Corrimiento de la Frontera Agropecuaria, los Incendios y el Crecimiento Urbano.
El presupuesto permite observar un aspecto de esta realidad. En general, el presupuesto destinado a las políticas ambientales cae desde el año 2016, y aunque en 2022 creció, no logra alcanzar los valores de 6 años atrás. Los montos destinados a las políticas ambientales ocultan algunas situaciones particulares. Si bien hubo momentos en
que la ejecución creció, la caída generalizada del presupuesto fue acompañada de una menor ejecución por parte del gobierno. Los niveles de ejecución, que alcanzaron el 97% en 2018 y 2019 cayeron en 2020 y no se han recuperado todavía
A casi un año de que se perdiera el rastro de Lian Gael Flores Soraide, de 3 años, vecinos y organizaciones se movilizaron en la Plaza Nueva Esperanza de Ballesteros Norte para exigir avances en la causa y respuestas concretas de la Justicia provincial y federal.
Diez años del crimen de Santino Cabanillas: una bala de un efectivo policial que sigue impune. La familia del bebé asesinado en barrio Marqués Anexo, Córdoba, reclama justicia tras una década de dilaciones judiciales. Cintia Moyano y Federico Cabanillas exigen un juicio oral y público para el policía imputado, mientras critican la lentitud del sistema y la falta de respuestas del Estado.
Mientras el Gobierno de Córdoba exhibe como logro que la caída del empleo registrado privado fue del 2,07% frente al 3,04% nacional, la provincia omite que está festejando, en los hechos, la pérdida de más de 11.000 puestos de trabajo y la consolidación de un esquema de precarización sostenido en planes como el PPP y Empleo +26. (NdR)
La industria metalúrgica volvió a cerrar un año en rojo: en 2025 la actividad se retrajo 0,9% frente a 2024, período en el que ya se había desplomado 12,1%, lo que confirma la continuidad de la crisis en el sector.
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa reclamó en el Senado la eliminación de cinco artículos del proyecto oficial de reforma laboral, al considerar que desnaturalizan los convenios colectivos y pueden disparar una ola de juicios y conflictos. La entidad, que agrupa a pymes de todo el país, sostuvo que los cambios propuestos vulneran el artículo 14 bis de la Constitución y convenios internacionales de la OIT, y reclamó “de manera imperiosa” suprimir esos puntos para preservar la seguridad jurídica en las relaciones de trabajo.
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En un acto de centralismo autoritario, el gobierno de Javier Milei intervino por un año el puerto de Ushuaia mediante la ANPyN, alegando irregularidades que parecen pretextos para erosionar la soberanía provincial en plena temporada de cruceros. El gobernador Gustavo Melella y sindicatos denuncian la medida como ilegal y extorsiva, anunciando acciones judiciales contra esta afrenta.
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Greenpeace, FARN, Aves Argentinas y otras entidades advierten sobre un retroceso en la protección de reservas hídricas. El proyecto traslada competencias a provincias y enfrenta cuestionamientos por inconstitucionalidad ante las sesiones extraordinarias del 2 de febrero.