Sures Noticias
Agregan que por las ilegalidades de las Autovías de Paravachasca y Punilla, que no sólo depredan el monte sino que producen el desarraigo de personas que son utilizadas como objetos que se pueden trasladar, sus territorios están en constante riesgo en las manos de negocios privados que no tienen otro objetivo que mercantilizar la tierra.
Además, expresan que las violencias estatales avanzan sobre sus territorios ancestrales como el de Pluma Blanca, comunidad ancestral que resiste al desalojo de sus tierras, quienes son violentados como muchas otras comunidades que atraviesan conflictos que afectan la práctica de la espiritualidad y reciprocidad con sus territorios.
Por último, sostienen que el estado provincial niega la preexistencia de comunidades indígenas al no aplicar la Ley 26160 que suspende desalojos en comunidades y de esta manera pasa por encima de la constitución nacional en su artículo 75 inc 17 y del convenio internacional 169 de la OIT, consulta libre, previa e informada. Estas políticas extractivistas son ejecutadas y planificadas con la complicidad de los silencios y omisiones de los medios hegemónicos de comunicación junto al estado provincial, culminaron.
