El director del Banco Nación, Claudio Lozano, se manifestó hoy a favor de capitalizar la empresa Vicentín, e instó a los ministerios de Desarrollo Productivo y de Agricultura a definir un "proyecto estratégico" para convertirla en una "empresa mixta".
Argentina21 de junio de 2022
Sures Noticias
"Sería deseable que entre el Ministerio de Desarrollo Productivo y el Ministerio de Agricultura definan al caso Vicentín como Proyecto Estratégico, a efectos de poder asumir la tarea de capitalizar la empresa", señaló hoy Lozano en un comunicado.
En este sentido, planteó la "idea de una empresa mixta que sea testigo en materia de comercio exterior de granos, y que pueda, reestructuración mediante, intervenir en el mercado de alimentos".
Lozano también respaldó la posición del presidente Alberto Fernández respecto de la necesidad de que el Estado sume una empresa testigo que ordene el mercado.
"Existen sobradas razones para que las fuerzas que integramos el Frente de Todos iniciemos un proceso de movilización política y social que respalde esta decisión presidencial", explicó Lozano.
Al respecto, resaltó la importancia de "esclarecer ante la opinión pública un camino que le ponga un límite a la impunidad con que suelen actuar estos grupos empresarios, y fortalecer a la comunidad con herramientas que permitan administrar mejor el funcionamiento de la economía".
“Con el Banco Nación a la cabeza del conjunto de la banca pública y sumando a otros organismos como la AFIP, también acreedores de Vicentín, hay que utilizar los derechos que el Estado tiene en el concurso, encolumnados por el carácter de acreedor privilegiado del Nación", concluyó Lozano.
La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe decidió desplazar al juez del concurso preventivo de acreedores de la empresa Vicentin, y le ordenó remitir las actuaciones para poder expedirse, a la vez que suspendió todos los plazos procesales.
La resolución llevó la firma del presidente del máximo tribunal provincial, Julio Gutiérrez, y de la prosecretaria, Fernanda Drago, y ordena al juez civil y comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, que remita el expediente a la CSJ.
El PJ presentará un pedido de juicio político contra la jueza Sandra Arroyo Salgado, a raíz de la detención de militantes, funcionarios y concejala opositores implicados en la protesta en la vereda del hogar del legislador odiante José Luis Espert. La denuncia será impulsada por los legisladores Mariano Recalde y Vanesa Siley ante el Consejo de la Magistratura.
Casi 400 científicos de diversas disciplinas se reunieron este jueves en una asamblea convocada con pocas horas de antelación, evidenciando la creciente preocupación por rumores sobre posibles reformas en el Conicet.
Los abogados de los seis detenidxs por el escrache al diputado libertario José Luis Espert, junto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y diversas agrupaciones políticas, exigieron su liberación, calificando la situación como una "persecución política, judicial y mediática".
El arresto de un jubilado chaqueño por publicaciones en redes sociales abre un nuevo capítulo en la escalada autoritaria del oficialismo. Bajo el pretexto de recibir amenazas, se refuerza un patrón preocupante: el uso del aparato judicial y policial para silenciar voces críticas y consolidar un clima de miedo y autocensura. No se trata de defender mensajes que promuevan la violencia —toda amenaza real debe investigarse con responsabilidad y no como método persecutorio—
"Responsabilizo a Javier Milei por cualquier decisión que ponga en riesgo la soberanía energética: lo que debería hacer el Presidente es defender a la Argentina y a YPF", sostuvo este martes el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, al encabezar una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno.
Ante el deterioro de las políticas culturales del actual gobierno, del 3 al 9 de julio se llevará a cabo el Festival ENTRÁ, un encuentro federal y autogestivo en apoyo al Instituto Nacional del Teatro (INT).
La provincia marca un hito al retornar, imitando al gobierno de Milei, a los mercados internacionales tras ocho años, pero especialistas cuestionan el timing y el costo de una estrategia que hipoteca el futuro. El endeudamiento sera para pagar deuda con vencimiento este 2027 y un concepto genérico "fortalecer la sostenibilidad fiscal, promover el desarrollo económico y garantizar el cumplimiento de las obligaciones".
Un informe del Observatorio de Industriales Pymes Argentinos (IPA) revela que en el primer año de la administración de Javier Milei, más de 12.000 pequeñas y medianas empresas (PYMEs) cerraron sus puertas. Este cierre masivo ha reducido el total de unidades productivas en el país a menos de 500.000, desde las 511.630 registradas en 2023.
Mientras el Gobierno Nacional utiliza los salarios como herramienta para consolidar la desinflación, Córdoba, gobernada por LLaryora, aliado de Milei, atraviesa un escenario de caída del empleo, ajuste real del salario y conflictos gremiales en alza. Las tensiones sociales crecen al compás de un modelo que prioriza las metas macroeconómicas sobre la recuperación del poder adquisitivo.
"Responsabilizo a Javier Milei por cualquier decisión que ponga en riesgo la soberanía energética: lo que debería hacer el Presidente es defender a la Argentina y a YPF", sostuvo este martes el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, al encabezar una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno.
El arresto de un jubilado chaqueño por publicaciones en redes sociales abre un nuevo capítulo en la escalada autoritaria del oficialismo. Bajo el pretexto de recibir amenazas, se refuerza un patrón preocupante: el uso del aparato judicial y policial para silenciar voces críticas y consolidar un clima de miedo y autocensura. No se trata de defender mensajes que promuevan la violencia —toda amenaza real debe investigarse con responsabilidad y no como método persecutorio—
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Casi 400 científicos de diversas disciplinas se reunieron este jueves en una asamblea convocada con pocas horas de antelación, evidenciando la creciente preocupación por rumores sobre posibles reformas en el Conicet.
La decisión fue adoptada por el Tribunal Oral Federal N°1 de Córdoba al ejecutar una sentencia de la Cámara Federal de Casación que le ordenó pronunciarse en ese sentido. La decisión conlleva la nulidad de todos los actos cumplidos con posterioridad a la medida implementada por orden de la dictadura, que derivaron en el vaciamiento del patrimonio de la firma.