Desde la Red de Egresadxs en Comunicación acompañamos el reclamo de lxs Graduadxs - Profesorxs de Nivel Medio en relación al recorte del alcance de nuestros Títulos de Licenciatura y Profesorado en Comunicación social según lo evaluado por la Unidad de Títulos de la Provincia, señalaron en un comunicado publico.
Córdoba24 de abril de 2022
Sures Noticias
La modificación del Estatuto Docente de la Provincia de Córdoba y la reglamentación 257/2019 perjudican la estabilidad laboral de lxs comunicadorxs que ejercen la docencia en escuelas secundarias. Esta modificatoria impide titularizar cargos en espacios curriculares como el de Lengua y Literatura, Ciudadanía y Participación (CyP) y Formación para la vida y el trabajo (FVT) en los cuales están habilitados en carácter de "supletorios", añadieron.
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Además, informaron que se llevó el tema al Directivo de la Facultad de Comunicación del UNC e invitó a referentes de la asamblea a explayarse sobre la situación. EL 28 de marzo se firmo un despacho firmado por todxs lxs Consejerxs presentes en la sesión en el que se expresó la preocupación al respecto e instó a lxs consiliarixs representantes de la FCC a extender esta demanda ante el HCS de la UNC.
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Agregan que la Decana de la facultad y la Dirección del Profesorado, tienen una agenda de trabajo con el Ministerio de Educación previa a la pandemia, cuyo objetivo es solucionar un problema que se acarrea desde 2012. La decana Mariela Parisi inició las gestiones políticas con Delia Provinciali, Secretaria de Educación de la Provincia de Córdoba, quien se comprometió a revisar la situación ante la documentación que presentará próximamente la FCC.
Reclaman que se amplíen las incumbencias docentes de lxs egresadxs en espacios curriculares tan importantes como los mencionados anteriormente. Para esto, la Dirección del Profesorado en conjunto con egresadxs que participan activamente de la asamblea, presentarán, ante la Unidad de Títulos, un documento que fundamenta dicha ampliación.
Por último solicitan que se reconozca y evalúe la doble titulación a quienes se graduaron de la licenciatura en Comunicación Social y del profesorado en Comunicación Social. Otro problema existente por acción u omisión de gestiones anteriores, es el que provoca que lxs egresadxs no tengan el puntaje correspondiente de acuerdo con la formación recibida.
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La Arquidiócesis de Córdoba cuestiona el apuro en las modificaciones al Código de Convivencia provincial, impulsadas en fin de año, y pide diálogo inclusivo para abordar realidades como cuidacoches, limpiavidrios y merodeo sin criminalizar la subsistencia callejera.
La organización de DDHH exige la revisión inmediata de la medida y el traslado del genocida a una cárcel común, en defensa de los principios de memoria, verdad y justicia.
La joven de 26 años fue vista por última vez el 21 de noviembre en Malagueño, Córdoba, y desde entonces su madre, docentes, compañeras y organizaciones feministas marchan para exigir una búsqueda real y la aparición con vida. Denuncian demoras en la toma de la denuncia, falta de avances en la investigación y reclaman que la causa deje de estar caratulada como “búsqueda de paradero” para pasar a investigarse como trata de personas, mientras la querella apunta también a responsabilidades de las justicias de Córdoba y Jujuy y pide la intervención de la Justicia Federal y organismos especializados.
Fue un sector del establecimiento que aloja a mujeres detenidas en el complejo carcelario de Bouwer. En medio de una "supuesta" pelea entre dos internas del penal de mujeres de Bouwer, una presa murió en el lugar y otra falleció luego ser está internada. Organizaciones y referentes anticarcelarias contradicen la versión oficial y ubican el desenlace en el marco de reclamos.
La Justicia de Córdoba hizo lugar a una demanda colectiva por la violación del derecho a la libertad (no) reproductiva de mujeres de Córdoba. La resolución judicial que marca un antes y un después en la libertad (no) reproductiva en Córdoba
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Organizaciones, referentes y personas invitadas a firman un pronunciamiento en defensa de la diputada nacional, denunciando el uso del derecho penal para censurar el discurso político y señalando una violencia de género institucional.
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Exigen su expulsión de la Cámara de Diputados y el juicio del juez Ariel Lijo ante declaraciones que reivindican el terrorismo de Estado en un programa de streaming.