El Sindicato de Prensa de Buenos Aires -SiPreBA- repudió las declaraciones que realizó Sergio Berni, ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, resumidas en un zócalo de C5N como “El narcotráfico pone plata en las radios barriales”.
Argentina10 de febrero de 2022
Sures Noticias
En un comunidad señalan que las compañeras y los compañeros de los medios comunitarios y autogestivos son quienes le dan voz a las organizaciones barriales que intentan enfrentar al narcotráfico. Y en algunos casos son parte de esas redes de contención sociales. Lejos de recibir plata, suelen quedar peligrosamente expuestas y expuestas ante el narco, al que funcionarios como Berni deberían combatir, en lugar de estigmatizar a quienes se plantan con los pies en el territorio.
Por último afirmaron que desde el SiPreBA, organización de la que son parte centenares de afiliados y afiliadas, trabajadoras y trabajadoras de prensa que participan en esos medios, repudiamos las declaraciones y nos solidarizamos con quienes día a día enfrentan al crimen organizado.
La Federación de Profesionales de la Salud (Fesprosa) ha convocado a una jornada nacional de lucha que se llevará a cabo el próximo 17 de julio, en una acción coordinada a nivel nacional que se manifiesta en paros y movilizaciones.
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El PJ presentará un pedido de juicio político contra la jueza Sandra Arroyo Salgado, a raíz de la detención de militantes, funcionarios y concejala opositores implicados en la protesta en la vereda del hogar del legislador odiante José Luis Espert. La denuncia será impulsada por los legisladores Mariano Recalde y Vanesa Siley ante el Consejo de la Magistratura.
Casi 400 científicos de diversas disciplinas se reunieron este jueves en una asamblea convocada con pocas horas de antelación, evidenciando la creciente preocupación por rumores sobre posibles reformas en el Conicet.
Los abogados de los seis detenidxs por el escrache al diputado libertario José Luis Espert, junto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y diversas agrupaciones políticas, exigieron su liberación, calificando la situación como una "persecución política, judicial y mediática".
El arresto de un jubilado chaqueño por publicaciones en redes sociales abre un nuevo capítulo en la escalada autoritaria del oficialismo. Bajo el pretexto de recibir amenazas, se refuerza un patrón preocupante: el uso del aparato judicial y policial para silenciar voces críticas y consolidar un clima de miedo y autocensura. No se trata de defender mensajes que promuevan la violencia —toda amenaza real debe investigarse con responsabilidad y no como método persecutorio—
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El gobierno de Córdoba impulsa una obra vial que partiría en dos una reserva estratégica para la biodiversidad, el patrimonio histórico y la provisión de agua en Sierras Chicas. Sin consulta previa y en el marco de un sospechoso canje de tierras federales, organizaciones ambientales y sociales denuncian un nuevo avance del modelo extractivista-inmobiliario.
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En un hecho sin precedentes, empresas de izaje y organizaciones ambientales de Córdoba se movilizan para impedir la extracción de un quebracho blanco de 284 años, símbolo de la biodiversidad y la memoria ambiental de Villa Allende. La Municipalidad confirmó la remoción, pero la resistencia ciudadana y empresarial gana fuerza.
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El exjefe comunal “Minino” Negro, quien ejerció mandato durante 40 años, y su candidato a sucederlo políticamente en las elecciones de 2023 están acusados como instigadores de la usurpación y posterior loteo de terrenos pertenecientes al ferrocarril, donde distintas familias procedentes de Río Cuarto se asentaron y construyeron viviendas en enero de 2023. Otras tres personas irán a juicio como coautoras.
El gobierno prometía que las desregulaciones iban a facilitar la creación de trabajo y el crecimiento de la economía. Sin embargo, ya se perdieron más de 400 mil puestos.
La Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) y las Vecinas Unidas en Defensa de un Ambiente Sano (VUDAS) habia presentado una solicitud a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que evalúe la responsabilidad del Estado argentino respecto al funcionamiento ilegal de la empresa Porta Hnos. S.A. en el barrio San Antonio, Córdoba.