Autoridades del Sindicato Médico AMRA de Córdoba solicitaron mayor seguridad para el personal, luego de conocerse hechos de violencia contra trabajadores de la salud en un domicilio de la ciudad en los últimos días de diciembre, a la vez que reclaman por mejoras salariales y laborales.
Córdoba13 de enero de 2022
Sures Noticias
En diálogo con Télam, Hugo Zárate, secretario general de AMRA Córdoba, expresó: "Reclamamos, puntualmente, mejores condiciones de trabajo, precarizaciones laboral y salario, que se visibilizaron más con la pandemia, pero es un conflicto de larga data".
Además, "se puso peor con la violencia hacia los médicos, como la situación ocurrida el 27 de diciembre" en el barrio Juan Pablo 2, cuando una enfermera y un enfermero fueron agredidos por familiares de un paciente que falleció, acusándolos de "demorar demasiado la llegada con la ambulancia", dijo el dirigente.
Zárate repudió además el ataque que sufrió el Secretario de Salud de General Levalle, Marcelo Cachagua, a quien un vecino golpeó por hacerlo responsable por el contagio de coronavirus.
"Mañana en General Levalle hay un acto repudiando la agresión al secretario de salud, vamos a manifestar en defensa a los agredidos", sostuvo Zárate sobre la movilización prevista en esa localidad de la provincia de Buenos Aires para el mediodía de este viernes.
Asimismo, el sindicalista Zárate reclamó que en Córdoba "el 90% de los médicos de las clínicas privadas están en negro. Hay condiciones cero de recursos humanos en la provincia".
Tras un operativo, la Fuerza Policial Antinarcotráfico desbarató un punto de venta de drogas en el barrio Maldonado, secuestró 272 envoltorios de cocaína y detuvo a tres hombres —entre ellos Pablo Learte, condenado por el homicidio de Facundo “el Rubio del Pasaje” Rivera Alegre—, todos con antecedentes penales
A casi un año de que se perdiera el rastro de Lian Gael Flores Soraide, de 3 años, vecinos y organizaciones se movilizaron en la Plaza Nueva Esperanza de Ballesteros Norte para exigir avances en la causa y respuestas concretas de la Justicia provincial y federal.
Diez años del crimen de Santino Cabanillas: una bala de un efectivo policial que sigue impune. La familia del bebé asesinado en barrio Marqués Anexo, Córdoba, reclama justicia tras una década de dilaciones judiciales. Cintia Moyano y Federico Cabanillas exigen un juicio oral y público para el policía imputado, mientras critican la lentitud del sistema y la falta de respuestas del Estado.
La industria metalúrgica volvió a cerrar un año en rojo: en 2025 la actividad se retrajo 0,9% frente a 2024, período en el que ya se había desplomado 12,1%, lo que confirma la continuidad de la crisis en el sector.
Diez años del crimen de Santino Cabanillas: una bala de un efectivo policial que sigue impune. La familia del bebé asesinado en barrio Marqués Anexo, Córdoba, reclama justicia tras una década de dilaciones judiciales. Cintia Moyano y Federico Cabanillas exigen un juicio oral y público para el policía imputado, mientras critican la lentitud del sistema y la falta de respuestas del Estado.
A casi un año de que se perdiera el rastro de Lian Gael Flores Soraide, de 3 años, vecinos y organizaciones se movilizaron en la Plaza Nueva Esperanza de Ballesteros Norte para exigir avances en la causa y respuestas concretas de la Justicia provincial y federal.
Los empleados del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) llaman a un abrazo simbólico el miércoles 28 de enero a las 10 en la sede central de General Paz 5445, en rechazo a la orden gubernamental de cerrar la Dirección de Metrología Legal y el Organismo de Certificación, efectiva desde el 31 de enero en el AMBA. Estas áreas emplean a unos 150 técnicos y profesionales responsables de verificar instrumentos de medición en transacciones comerciales.
de Gabinete y denunció un ajuste “ilegal” que podría dejar en la calle a más de 500 empleados públicos, incluso brigadistas que combaten incendios en la Patagonia. El gremio anticipó paros, asambleas y un plan de lucha si el Gobierno no da marcha atrás con el recorte.
El Cuerpo de Abogados del Ministerio de Seguridad de la Ciudad asumirá la defensa de Santiago Barrientos, acusado de matar de un tiro en la nuca a Víctor Vargas en Constitución, y de los vigilantes imputados por encubrimiento en el caso de Gabriel González en Lugano. Organizaciones de derechos humanos denuncian que esa estructura de defensa oficial termina financiando con impuestos la protección de agentes y privados involucrados en crímenes.
Tras un operativo, la Fuerza Policial Antinarcotráfico desbarató un punto de venta de drogas en el barrio Maldonado, secuestró 272 envoltorios de cocaína y detuvo a tres hombres —entre ellos Pablo Learte, condenado por el homicidio de Facundo “el Rubio del Pasaje” Rivera Alegre—, todos con antecedentes penales