Autoridades del Sindicato Médico AMRA de Córdoba solicitaron mayor seguridad para el personal, luego de conocerse hechos de violencia contra trabajadores de la salud en un domicilio de la ciudad en los últimos días de diciembre, a la vez que reclaman por mejoras salariales y laborales.
Córdoba13 de enero de 2022
Sures Noticias
En diálogo con Télam, Hugo Zárate, secretario general de AMRA Córdoba, expresó: "Reclamamos, puntualmente, mejores condiciones de trabajo, precarizaciones laboral y salario, que se visibilizaron más con la pandemia, pero es un conflicto de larga data".
Además, "se puso peor con la violencia hacia los médicos, como la situación ocurrida el 27 de diciembre" en el barrio Juan Pablo 2, cuando una enfermera y un enfermero fueron agredidos por familiares de un paciente que falleció, acusándolos de "demorar demasiado la llegada con la ambulancia", dijo el dirigente.
Zárate repudió además el ataque que sufrió el Secretario de Salud de General Levalle, Marcelo Cachagua, a quien un vecino golpeó por hacerlo responsable por el contagio de coronavirus.
"Mañana en General Levalle hay un acto repudiando la agresión al secretario de salud, vamos a manifestar en defensa a los agredidos", sostuvo Zárate sobre la movilización prevista en esa localidad de la provincia de Buenos Aires para el mediodía de este viernes.
Asimismo, el sindicalista Zárate reclamó que en Córdoba "el 90% de los médicos de las clínicas privadas están en negro. Hay condiciones cero de recursos humanos en la provincia".
La Arquidiócesis de Córdoba cuestiona el apuro en las modificaciones al Código de Convivencia provincial, impulsadas en fin de año, y pide diálogo inclusivo para abordar realidades como cuidacoches, limpiavidrios y merodeo sin criminalizar la subsistencia callejera.
La organización de DDHH exige la revisión inmediata de la medida y el traslado del genocida a una cárcel común, en defensa de los principios de memoria, verdad y justicia.
La joven de 26 años fue vista por última vez el 21 de noviembre en Malagueño, Córdoba, y desde entonces su madre, docentes, compañeras y organizaciones feministas marchan para exigir una búsqueda real y la aparición con vida. Denuncian demoras en la toma de la denuncia, falta de avances en la investigación y reclaman que la causa deje de estar caratulada como “búsqueda de paradero” para pasar a investigarse como trata de personas, mientras la querella apunta también a responsabilidades de las justicias de Córdoba y Jujuy y pide la intervención de la Justicia Federal y organismos especializados.
Fue un sector del establecimiento que aloja a mujeres detenidas en el complejo carcelario de Bouwer. En medio de una "supuesta" pelea entre dos internas del penal de mujeres de Bouwer, una presa murió en el lugar y otra falleció luego ser está internada. Organizaciones y referentes anticarcelarias contradicen la versión oficial y ubican el desenlace en el marco de reclamos.
La identificación fue efectuada por el Equipo Argentino de Antropología Forense utilizando restos óseos hallados en una fosa de inhumación clandestina situada en las instalaciones del Arsenal Miguel de Azcuénaga. Argañaraz fue secuestrado en 1977 en la localidad de Monteros, en la provincia de Tucumán, junto a su hermano.
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Organizaciones, referentes y personas invitadas a firman un pronunciamiento en defensa de la diputada nacional, denunciando el uso del derecho penal para censurar el discurso político y señalando una violencia de género institucional.
La organización de DDHH exige la revisión inmediata de la medida y el traslado del genocida a una cárcel común, en defensa de los principios de memoria, verdad y justicia.
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Exigen su expulsión de la Cámara de Diputados y el juicio del juez Ariel Lijo ante declaraciones que reivindican el terrorismo de Estado en un programa de streaming.