El presidente Alberto Fernández aseguró hoy que "la Corte Suprema de Justicia tiene un problema de funcionamiento muy serio" y al criticar uno de los últimos fallos del alto tribunal que declaró inconstitucional la ley del Consejo de la Magistratura y ordenó reponer su normativa precedente, advirtió que "una ley que fue derogada no puede recuperar su utilidad por una sentencia".
Argentina10 de enero de 2022
Sures Noticias
"La Justicia parece ser un coto cerrado para la oposición; cada vez que uno habla de la Justicia reaccionan de un modo increíble", analizó el Presidente, en declaraciones a la radio AM750.
En cuanto al fallo de la Corte que declaró inconstitucional la ley del Consejo de la Magistratura e instó a ese organismo a modificar su composición en un plazo de 120 días, Fernández señaló: "Un alumno de primer año sabe que una ley que ha sido derogada no puede nunca recuperar su utilidad por una sentencia. Necesita otra ley que la vuelva a poner en vigencia".
"Aquí la Corte hizo eso: declaró inconstitucional esta ley y por lo tanto dejó vigente la que el mismo Congreso derogó. Esto es, en términos jurídicos... voy a utilizar la palabra asombroso para ser generoso".
Fernández dijo que pretendía ser "respetuoso de las instituciones", pero, advirtió, "también soy un hombre que respeta el estado de derecho y que entiende que la Justicia es uno de los tres poderes de la República".
"Hay algo que está funcionando mal. Que hoy todavía Milagro Sala esté detenida es que hay algo que está funcionando mal", reflexionó.
Además, opinó que "es muy agudo" el problema de la justicia y subrayó: "Por eso hay que asumirlo para que funcione como lo que es: un servicio".
"Cuando la justicia funciona mal, no es que funciona mal para un presidente, vicepresidente, ministro, funciona mal para los ciudadanos", agregó.
La Justicia obligó al Ejecutivo a dejar sin efecto la resolución que afectaba a trabajadores estatales. ATE celebró la medida y advirtió que la presión de las sanciones económicas aceleró el cumplimiento.
La Asociación de Profesionales y Técnicos realizará este jueves un paro de 24 horas para exigir la promulgación de la norma aprobada por el Congreso. Con actividades culturales y encuentros con la sociedad, buscan visibilizar la crisis que atraviesa el hospital pediátrico más importante del país.
Mónica Gurina y Leandro Sánchez, referentes de la CTA-A y UTEM, enfrentarán un juicio oral el próximo 15 de octubre de 2025, acusados por participar de un acampe pacífico durante el “misionerazo”. Organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos denuncian un ataque al derecho a la protesta y exigen el cese de la criminalización de lxs luchadorxs.
El próximo sábado 30 de agosto, colectivas transfeministas y disidentes de Córdoba realizarán una jornada político-cultural en solidaridad con Palestina. Las actividades comenzarán a las 13 hs. en el Cispren (Obispo Trejo 365) y culminarán con una acción pública en Patio Olmos a las 19 hs. Lo recaudado será destinado a cocinas comunitarias en Gaza. En otra actividad se conmemorará la vida del escritor y periodista Juan Yaser.
La Asociación de Profesionales y Técnicos realizará este jueves un paro de 24 horas para exigir la promulgación de la norma aprobada por el Congreso. Con actividades culturales y encuentros con la sociedad, buscan visibilizar la crisis que atraviesa el hospital pediátrico más importante del país.
Un operativo desmedido de la Policía del gobierno de Córdoba dejó al menos 13 detenidos durante una protesta por alimentos frente a la Municipalidad. Entre ellos, Federico Giuliani, secretario general de la CTA Autónoma, quien resultó herido, quien es el único que permanece detenido. Organizaciones políticas, de DDHH y sociales denuncian una política sistemática de persecución y criminalización de la protesta por parte del gobierno de Llaryora.
Con Jorge Cueto al frente, la legendaria banda Año Luz ofrecerá un show único en La Piojera este sábado 30 de agosto, donde repasará clásicos del rock local y compartirá escenario con músicos invitados. La entrada será libre, con salida a la gorra.
La Justicia obligó al Ejecutivo a dejar sin efecto la resolución que afectaba a trabajadores estatales. ATE celebró la medida y advirtió que la presión de las sanciones económicas aceleró el cumplimiento.