En un breve comunicado las organizaciones políticas y sociales convocantes señalaron que el ajuste de los empresarios sigue descargándose sobre las espaldas de la clase trabajadora y el pueblo.
Córdoba06 de septiembre de 2021
Sures Noticias
Texto del comunicado
En la ciudad de Córdoba, el gobierno de Martin Llaryora, en acuerdo con las empresas Tamse, Ersa y Coniferal, han aumentado el boleto de transporte urbano a un precio exorbitante: el 1 de Enero del 2021, el boleto pasó de costar $31,90 a $43, y en Julio de este mismo año volvió a aumentar a $49,88. Esto implica, que cada persona de la clase trabajadora que necesita viajar en el sistema de transporte urbano para ir a trabajar, tiene un gasto mínimo de $2.000 por mes sólo en pasajes. Mientras que los empresarios plantean cínicamente que el precio de cada boleto tendría que estar en $176 si el sistema de transporte no recibiera los millonarios subsidios que recibe por mes: nacional (118 millones de pesos), provincial (91 millones de pesos) y municipal (60 millones de pesos).
Por eso, un conjunto de organizaciones sociales y políticas vamos a marchar este Jueves 9 de Septiembre desde Colón y Cañada a las 17:00 hs para exigir al gobierno municipal la baja del precio del boleto y el aumento de las frecuencias de los colectivos en los distintos barrios de la ciudad de Córdoba.
Entre las organizaciones convocantes se encuentran: Política Obrera, Barricada, Votamos Luchar e Izquierda Libertaria
El colectivo político-cultural recordó ayer con emoción a su compañero fallecido y agradeció la solidaridad de organizaciones sociales, políticas y gremiales que acompañaron a la comunidad Tinku.
El dirigente social y diputado nacional llegó caminando a la ciudad junto a militantes de Patria Grande, Argentina Humana y Córdoba Humana, y encabezó un encuentro tipo plaza en el Teatrino del Subnivel ante unas 300 personas, donde cuestionó duramente al gobierno de Javier Milei, reivindicó la justicia social, la agenda de derechos humanos y pidió organización solidaria frente a “un momento de suma gravedad” para la democracia argentina.
Vecinos de Córdoba y activistas de todo el país se alistan para marchar el 31 de enero contra el extractivismo, la privatización del agua y el RIGI, denunciando la contaminación de ríos y la persecución a defensores ambientales.
La Confederación General del Trabajo (CGT) convocaría a realizar un paro nacional con movilización el 10 de febrero, en coincidencia con el debate en el Senado del proyecto de reforma laboral promovido por el oficialismo. La decisión se habría tomado luego de la masiva marcha del 18 de diciembre en Plaza de Mayo, donde sindicatos y organizaciones sociales reclamaron frenar la iniciativa del Ejecutivo y exigieron una medida de fuerza a nivel nacional.
Un informe especial de la Comisión Provincial por la Memoria, tras dos años de monitoreo de protestas bajo el gobierno de Javier Milei en la ciudad de CABA, advierte un incremento de la violencia estatal, con 2.585 personas heridas y 258 detenciones arbitrarias.
Ante el incumplimiento de cuotas alimentarias, el gobernador Axel Kicillof oficializó la ley 15.589 que veta el ingreso a casinos, salas de juegos de azar y bingos a personas morosas registradas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM). La medida, aprobada por la Legislatura bonaerense y vigente desde fines de 2025, obliga a los operadores a verificar identidades y refuerza la responsabilidad estatal en la protección de derechos infantiles y adolescentes, sumando sanciones económicas y clausuras por incumplimiento.
Vecinos de Córdoba y activistas de todo el país se alistan para marchar el 31 de enero contra el extractivismo, la privatización del agua y el RIGI, denunciando la contaminación de ríos y la persecución a defensores ambientales.
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Diciembre registró una suba de precios del 2,8% y completó el séptimo mes consecutivo de aceleración. Mientras la inflación anual fue de 31,5%, una familia tipo necesita más de 1,3 millones de pesos para no ser pobre y los principales cortes de carne aumentaron más de 70% en un año.
La Asociación Trabajadores del Estado acusó a las autoridades de la Comisión Nacional de Energía Atómica de desviar una partida de más de $3.863 millones que debían destinarse al pago de salarios y al mantenimiento de la Planta Industrial de Agua Pesada de Neuquén. El gremio exige explicaciones al nuevo presidente del organismo, Martín Porro, y anunció cortes sobre la Ruta Nacional 22 hasta que se garantiza el cobro íntegro de los haberes.