Tiene 5 años de edad y fue vista por última vez el lunes 14 de junio en la ciudad de San Luis.
Argentina18 de junio de 2021
Sures Noticias
El Ministerio Público Fiscal, a través de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, integra la Coordinación Operativa Nacional del "Programa Alerta Sofía" en función de un convenio vigente con el Ministerio de Seguridad de la Nación, aprobado por Resolución PGNº 101/19. En ese sentido, se aclara que la difusión pública de las imágenes de la niña debe finalizar una vez que cese la alerta vigente.
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Qué es Alerta Sofía
Alerta Sofía es un sistema de comunicación de emergencia rápida para el reporte de desapariciones de menores de edad, en situaciones que presenten un alto riesgo inminente sobre su integridad física y/o biopsicosocial y, como tal, constituye una herramienta que pretende aumentar las capacidades de búsqueda y recupero de niñas, niños y adolescentes desaparecidas y desaparecidos. Este mecanismo, llamado Sofía en alusión al caso de desaparición de Sofía Herrera, es similar al modelo norteamericano de alerta conocido como “Alerta AMBER”, y también adoptado en otros países.
La coordinación del Programa del Alerta Sofía se encuentra a cargo del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU), del Ministerio de Seguridad de la Nación. El 25 de noviembre de 2019 el procurador general de la Nación interino firmó el acta de cooperación con el Ministerio de Seguridad de la Nación, por medio de la cual este organismo pasó a formar parte del “Programa Alerta Sofía” (Resolución PGN 101/2019).
La principal responsabilidad del Ministerio Público Fiscal en el marco del “Programa Alerta Sofía” consiste en brindar información acerca del estado procesal general de las investigaciones preparatorias y procesos penales, así como de las medidas de protección y asistencia integral otorgadas, respecto a la inmediata búsqueda y localización de niñas, niños y adolescentes en el territorio nacional cuya vida se considere en alto riesgo inminente; ello, para contribuir a su inmediata búsqueda y localización, y en la medida de que esa información no contravenga el principio de reserva en la investigación previa, ni los derechos a la integridad e intimidad de las víctimas.
En este marco de colaboración, el MPFN integra el “Comité Nacional Interinstitucional” y la “Coordinación Operativa Nacional” del Programa Alerta Sofía; en este último caso, se designó a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) para la gestión de las alertas y la interrelación entre las fiscalías intervinientes ante un caso de desaparición de niñas, niños o adolescentes, con los demás organismos participantes del Programa Alerta Sofía. La PROTEX participa también de la administración del Sistema Sincronizado de Denuncias sobre los Delitos de Trata y Explotación de Personas creado por la ley N°26.842 (línea telefónica n° 145), fuente de denuncias de desaparición de niñas, niños y adolescentes, a partir de un sistema de actuación y derivación coordinado con el Programa de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas de Trata de Personas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, y mantiene una frecuente interacción con el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas.
Referentes de las tres centrales sindicales acordaron un plan de acción con movilizaciones en Córdoba y Rosario, paros el día del tratamiento parlamentario y un rechazo unificado a la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei por considerar que implica un fuerte retroceso en derechos y condiciones de trabajo.
La Justicia de Chubut concedió la prisión domiciliaria a Mauricio Naum Vargas y Damián Andrés Díaz, activistas antimineros detenidos desde diciembre de 2025 por su participación en protestas contra la zonificación minera. Aunque un avance para sus familias, persiste el riesgo de retorno a prisión si el Superior Tribunal de Justicia ratifica las condenas, en medio de reclamos por criminalización de la protesta socioambiental.
El Tribunal Oral Federal N° 1 juzgará por primera vez a cuatro exintegrantes de la inteligencia estatal por 88 casos de secuestros, torturas, desapariciones y sustracción de menores cometidos en Automotores Orletti, la Base Pomar y una casona de Bacacay, epicentro porteño del terrorismo de Estado y del Plan Cóndor.
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa reclamó en el Senado la eliminación de cinco artículos del proyecto oficial de reforma laboral, al considerar que desnaturalizan los convenios colectivos y pueden disparar una ola de juicios y conflictos. La entidad, que agrupa a pymes de todo el país, sostuvo que los cambios propuestos vulneran el artículo 14 bis de la Constitución y convenios internacionales de la OIT, y reclamó “de manera imperiosa” suprimir esos puntos para preservar la seguridad jurídica en las relaciones de trabajo.
Mientras el Gobierno de Córdoba exhibe como logro que la caída del empleo registrado privado fue del 2,07% frente al 3,04% nacional, la provincia omite que está festejando, en los hechos, la pérdida de más de 11.000 puestos de trabajo y la consolidación de un esquema de precarización sostenido en planes como el PPP y Empleo +26. (NdR)
El Cuerpo de Abogados del Ministerio de Seguridad de la Ciudad asumirá la defensa de Santiago Barrientos, acusado de matar de un tiro en la nuca a Víctor Vargas en Constitución, y de los vigilantes imputados por encubrimiento en el caso de Gabriel González en Lugano. Organizaciones de derechos humanos denuncian que esa estructura de defensa oficial termina financiando con impuestos la protección de agentes y privados involucrados en crímenes.
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La Municipalidad de Cosquín confirmó daños intencionales en morteros rupestres de alto valor ceremonial ubicados en la Reserva Natural Río Yuspe‑Cosquín, donde se detectaron marcas de herramientas, retiro de cartelería informativa y bloqueo de senderos, y anunció denuncias penales para resguardar este patrimonio reconocido por la Dirección de Patrimonio Cultural de la Provincia.
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