Tiene 5 años de edad y fue vista por última vez el lunes 14 de junio en la ciudad de San Luis.
Argentina 18 de junio de 2021
Sures Noticias
El Ministerio Público Fiscal, a través de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, integra la Coordinación Operativa Nacional del "Programa Alerta Sofía" en función de un convenio vigente con el Ministerio de Seguridad de la Nación, aprobado por Resolución PGNº 101/19. En ese sentido, se aclara que la difusión pública de las imágenes de la niña debe finalizar una vez que cese la alerta vigente.
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Qué es Alerta Sofía
Alerta Sofía es un sistema de comunicación de emergencia rápida para el reporte de desapariciones de menores de edad, en situaciones que presenten un alto riesgo inminente sobre su integridad física y/o biopsicosocial y, como tal, constituye una herramienta que pretende aumentar las capacidades de búsqueda y recupero de niñas, niños y adolescentes desaparecidas y desaparecidos. Este mecanismo, llamado Sofía en alusión al caso de desaparición de Sofía Herrera, es similar al modelo norteamericano de alerta conocido como “Alerta AMBER”, y también adoptado en otros países.
La coordinación del Programa del Alerta Sofía se encuentra a cargo del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU), del Ministerio de Seguridad de la Nación. El 25 de noviembre de 2019 el procurador general de la Nación interino firmó el acta de cooperación con el Ministerio de Seguridad de la Nación, por medio de la cual este organismo pasó a formar parte del “Programa Alerta Sofía” (Resolución PGN 101/2019).
La principal responsabilidad del Ministerio Público Fiscal en el marco del “Programa Alerta Sofía” consiste en brindar información acerca del estado procesal general de las investigaciones preparatorias y procesos penales, así como de las medidas de protección y asistencia integral otorgadas, respecto a la inmediata búsqueda y localización de niñas, niños y adolescentes en el territorio nacional cuya vida se considere en alto riesgo inminente; ello, para contribuir a su inmediata búsqueda y localización, y en la medida de que esa información no contravenga el principio de reserva en la investigación previa, ni los derechos a la integridad e intimidad de las víctimas.
En este marco de colaboración, el MPFN integra el “Comité Nacional Interinstitucional” y la “Coordinación Operativa Nacional” del Programa Alerta Sofía; en este último caso, se designó a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) para la gestión de las alertas y la interrelación entre las fiscalías intervinientes ante un caso de desaparición de niñas, niños o adolescentes, con los demás organismos participantes del Programa Alerta Sofía. La PROTEX participa también de la administración del Sistema Sincronizado de Denuncias sobre los Delitos de Trata y Explotación de Personas creado por la ley N°26.842 (línea telefónica n° 145), fuente de denuncias de desaparición de niñas, niños y adolescentes, a partir de un sistema de actuación y derivación coordinado con el Programa de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas de Trata de Personas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, y mantiene una frecuente interacción con el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas.
Será tratado en una sesión especial de la Cámara baja que se celebrará el lunes 29 de abril a las 11. El proyecto cosechó las firmas de 61 legisladores y tiene un listado de empresas a privatizar en línea con el desguace del estado que propone Milei.
Legisladores de Unión por la Patria, Hacemos Coalición Federal (HCF), Unión Cívica Radical (UCR), Innovación Federal y Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad (FiT) recibieron a estudiantes de las casas de altos estudios en la Cámara baja. Adhirieron a la Marcha Federal Universitaria que se realizará el martes 23 de abril, y respaldaron las acciones para revertir esta situación se realizan en todo el país.
Desde las primeras horas del día, el gobierno desplegó fuerzas de seguridad en los accesos al Conicet, al Servicio Meteorológico Nacional, al Ministerio de Educación, la Cancillería, la Secretaría de Trabajo y el ex Ministerio de Ciencia y Tecnología, entre otros organismos. "El gobierno nacional es quien actúa fuera de la ley con estos excesivos dispositivos de seguridad instalados en cada organismo público", afirmó el líder de ATE, Rodolfo Aguiar.
El Cels presentó un amparo en el fuero contencioso administrativo federal para impedir la aplicación de esa normativa para fuerzas de seguridad federales y el servicio penitenciario federal, que se aparta de los principios que regulan el uso de la fuerza letal reconocidos universalmente.
El jueves pasado, la policía provincial con orden de la fiscal Marina Villagra, reprimió a las familias de la comunidad indígena Peñas Negras ubicada en el departamento de Belén, Catamarca.
La comunidad Mbya-guaraní Puente Quemado II de Misiones, necesita que nos solidaricemos con ella. Recordemos que esta comunidad, como muchas de la provincia de Misiones, están acorraladas por el extractivismo forestal. La multinacional Arauco*, radicada en Chile, controla aproximadamente el 10% de la provincia, y no solo destruye la selva para plantar pinos y eucaliptos, sino que también destruye el sustento de las comunidades indígenas de la zona, incluso usurpando ilegalmente parte de su territorio y/o expulsándolas, señalo la red en un comunicado
En el día de ayer en sede de Tribunales Provinciales II, se realizó una presentación de acción judicial de un Hábeas Corpus preventivo, llevada adelante por Eugenia Scarpinello, abogada y militante por los DDHH, quien fuera intimidada por fuerzas policiales provinciales en ocasión del ejercicio de su trabajo profesional.
En Córdoba se llevaron adelante manifestaciones en distintos lugares de la provincia: Córdoba Capital, Villa Maria, Río Cuarto, Alta Gracia, entre otras. En capital la multitud llego a Plaza Tosco y luego de la lectura del documento se extendió la jornada de lucha. Multitudes congregadas en las grandes y medianas ciudades del país, donde están afincadas la mayoría de las 57 universidades nacionales, salieron a las calles y a las plazas para aunar su voz en defensa de la educación y la ciencia públicas y en contra de la licuadora y la motosierra que la administración encabezada por Javier Milei aplica al sistema universitario argentina.
El fiscal Fabián Canda consideró que debía admitirse la acción de amparo interpuesta por Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) contra el Ministerio de Seguridad de la Nación, a fin de obtener datos sobre la normativa que regula las misiones, funciones, estructuras y actividades de inteligencia criminal de las cuatro fuerzas de Seguridad federales.
Será tratado en una sesión especial de la Cámara baja que se celebrará el lunes 29 de abril a las 11. El proyecto cosechó las firmas de 61 legisladores y tiene un listado de empresas a privatizar en línea con el desguace del estado que propone Milei.
La fiscalía requirió que las dos parcelas de 36 hectáreas sean destinadas a actividades relacionadas con el derecho a la memoria, la verdad y la justicia. Los imputados son tres mujeres y un hombre, hijas e hijo de un miembro de la denominada “banda de Aníbal Gordon”, a quienes se los acusa de transferir, adquirir y administrar, dándole la apariencia de un origen lícito, los dos terrenos linderos a la laguna de Chascomús. Además, pidieron el pago de multas.
Unas 40 organizaciones sindicales estuvieron presentes en la firma del convenio que permitirá poner en marcha la formación. Autoridades provinciales rescataron el valor de la educación y la formación en todos los niveles.