El Mocase denunció que se intenta desalojar a la comunidad indígena de Bajo Hondo con la presencia de la Infantería provincial con una orden de la jueza Falcó del año 2019. Sentencia dictada sin el derecho a defensa de la comunidad, apelada y a la espera de resolución afirmaron desde la organización campesina.
Córdoba12 de junio de 2021
Sures Noticias
En tanto desde el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas - Ministerio de Justicia de la Nación) han solicitado que suspenda de forma inmediata el desalojo.
La Presidenta del INAI (Ministerio de Justicia de la Nación), Dra. María Magdalena Odarda, ha solicitado a la jueza Rosa Falco que suspenda de forma inmediata el desalojo por ser contra la Ley Nacional 26.160 de Relevamiento Territorial de los pueblos originarios (la cual cuenta con la adhesión de la Provincia de Córdoba) y de los derechos constitucionales de los mismos.
Hasta el momento y de manera violenta se han desalojado a dos familias del territorio comunitario, tirando en el camino todas sus pertenencias, las y los vecinos han tomado la decisión de no dejar desalojar ninguna familia más. Las y los denunciantes señalan que el pedido obedece al dueño de Gaseosas Manaos Orlando Canido.
“Están violando claramente los derechos de las niñas, niños y adolescentes plasmados en el Ley Nacional de Protección Integral y la Convención Internacional de la Infancia con rango constitucional” afirmaron desde el Mocase.
Nota de INAI
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A casi un año de que se perdiera el rastro de Lian Gael Flores Soraide, de 3 años, vecinos y organizaciones se movilizaron en la Plaza Nueva Esperanza de Ballesteros Norte para exigir avances en la causa y respuestas concretas de la Justicia provincial y federal.
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa reclamó en el Senado la eliminación de cinco artículos del proyecto oficial de reforma laboral, al considerar que desnaturalizan los convenios colectivos y pueden disparar una ola de juicios y conflictos. La entidad, que agrupa a pymes de todo el país, sostuvo que los cambios propuestos vulneran el artículo 14 bis de la Constitución y convenios internacionales de la OIT, y reclamó “de manera imperiosa” suprimir esos puntos para preservar la seguridad jurídica en las relaciones de trabajo.
de Gabinete y denunció un ajuste “ilegal” que podría dejar en la calle a más de 500 empleados públicos, incluso brigadistas que combaten incendios en la Patagonia. El gremio anticipó paros, asambleas y un plan de lucha si el Gobierno no da marcha atrás con el recorte.
El Cuerpo de Abogados del Ministerio de Seguridad de la Ciudad asumirá la defensa de Santiago Barrientos, acusado de matar de un tiro en la nuca a Víctor Vargas en Constitución, y de los vigilantes imputados por encubrimiento en el caso de Gabriel González en Lugano. Organizaciones de derechos humanos denuncian que esa estructura de defensa oficial termina financiando con impuestos la protección de agentes y privados involucrados en crímenes.
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El titular de La Bancaria y diputado de Unión por la Patria, Sergio Palazzo, cuestionó el proyecto de reforma laboral del gobierno de Javier Milei por licuar las sentencias, permitir el pago en cuotas de las indemnizaciones y vulnerar principios constitucionales, y advirtió que los legisladores que lo acompañen serán “básicamente unos delincuentes”.
El Tribunal Oral Federal N° 1 juzgará por primera vez a cuatro exintegrantes de la inteligencia estatal por 88 casos de secuestros, torturas, desapariciones y sustracción de menores cometidos en Automotores Orletti, la Base Pomar y una casona de Bacacay, epicentro porteño del terrorismo de Estado y del Plan Cóndor.
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