
La Ley N° 11.096 trae cambios significativos al régimen de tránsito en la provincia, incluyendo la inclusión del concepto de reiterancia y la imposición de nuevas sanciones.
El Mocase denunció que se intenta desalojar a la comunidad indígena de Bajo Hondo con la presencia de la Infantería provincial con una orden de la jueza Falcó del año 2019. Sentencia dictada sin el derecho a defensa de la comunidad, apelada y a la espera de resolución afirmaron desde la organización campesina.
Córdoba12 de junio de 2021
Sures Noticias
En tanto desde el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas - Ministerio de Justicia de la Nación) han solicitado que suspenda de forma inmediata el desalojo.
La Presidenta del INAI (Ministerio de Justicia de la Nación), Dra. María Magdalena Odarda, ha solicitado a la jueza Rosa Falco que suspenda de forma inmediata el desalojo por ser contra la Ley Nacional 26.160 de Relevamiento Territorial de los pueblos originarios (la cual cuenta con la adhesión de la Provincia de Córdoba) y de los derechos constitucionales de los mismos.
Hasta el momento y de manera violenta se han desalojado a dos familias del territorio comunitario, tirando en el camino todas sus pertenencias, las y los vecinos han tomado la decisión de no dejar desalojar ninguna familia más. Las y los denunciantes señalan que el pedido obedece al dueño de Gaseosas Manaos Orlando Canido.
“Están violando claramente los derechos de las niñas, niños y adolescentes plasmados en el Ley Nacional de Protección Integral y la Convención Internacional de la Infancia con rango constitucional” afirmaron desde el Mocase.
Nota de INAI
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La Ley N° 11.096 trae cambios significativos al régimen de tránsito en la provincia, incluyendo la inclusión del concepto de reiterancia y la imposición de nuevas sanciones.

La decisión implica la suspensión de la licencia ambiental concedida por el Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la Provincia, así como la paralización de todas las obras relacionadas, ya sea de manera directa o indirecta, con el proyecto.

La Arquidiócesis de Córdoba cuestiona el apuro en las modificaciones al Código de Convivencia provincial, impulsadas en fin de año, y pide diálogo inclusivo para abordar realidades como cuidacoches, limpiavidrios y merodeo sin criminalizar la subsistencia callejera.

La organización de DDHH exige la revisión inmediata de la medida y el traslado del genocida a una cárcel común, en defensa de los principios de memoria, verdad y justicia.

Exigen su expulsión de la Cámara de Diputados y el juicio del juez Ariel Lijo ante declaraciones que reivindican el terrorismo de Estado en un programa de streaming.

En la cuarta audiencia de su alegato, los representantes del MPF abordaron las responsabilidades y efectuaron el pedido de penas por los hechos cometidos por los imputados -civiles, exmilitares y expolicías- contra 294 personas, en las sedes policiales que funcionaron en los cuerpos de Infantería y Caballería y en las comisarías 2da. y 8va. de la policía provincial. Además, requirieron una serie de medidas de reparación.

La decisión implica la suspensión de la licencia ambiental concedida por el Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la Provincia, así como la paralización de todas las obras relacionadas, ya sea de manera directa o indirecta, con el proyecto.

El Gobierno modificó por decreto la Ley de Inteligencia, rediseñó el organigrama del Sistema de Inteligencia Nacional y otorgó nuevas facultades a sus agentes, incluyendo la posibilidad de aprehender personas y la persecución política a través de un esquema parapolicial encubierta.

La Ley N° 11.096 trae cambios significativos al régimen de tránsito en la provincia, incluyendo la inclusión del concepto de reiterancia y la imposición de nuevas sanciones.

El 23 de abril de 2026 comenzará en La Plata el juicio oral por crímenes de lesa humanidad contra Emilio Parodi, exgerente de la planta de Molinos Río de la Plata en Avellaneda, en una causa que busca fijar responsabilidades empresariales en el terrorismo de Estado a 50 años del golpe.