El Mocase denunció que se intenta desalojar a la comunidad indígena de Bajo Hondo con la presencia de la Infantería provincial con una orden de la jueza Falcó del año 2019. Sentencia dictada sin el derecho a defensa de la comunidad, apelada y a la espera de resolución afirmaron desde la organización campesina.
Córdoba 12 de junio de 2021
Sures Noticias
En tanto desde el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas - Ministerio de Justicia de la Nación) han solicitado que suspenda de forma inmediata el desalojo.
La Presidenta del INAI (Ministerio de Justicia de la Nación), Dra. María Magdalena Odarda, ha solicitado a la jueza Rosa Falco que suspenda de forma inmediata el desalojo por ser contra la Ley Nacional 26.160 de Relevamiento Territorial de los pueblos originarios (la cual cuenta con la adhesión de la Provincia de Córdoba) y de los derechos constitucionales de los mismos.
Hasta el momento y de manera violenta se han desalojado a dos familias del territorio comunitario, tirando en el camino todas sus pertenencias, las y los vecinos han tomado la decisión de no dejar desalojar ninguna familia más. Las y los denunciantes señalan que el pedido obedece al dueño de Gaseosas Manaos Orlando Canido.
“Están violando claramente los derechos de las niñas, niños y adolescentes plasmados en el Ley Nacional de Protección Integral y la Convención Internacional de la Infancia con rango constitucional” afirmaron desde el Mocase.
Nota de INAI
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La fórmula de La Libertad Avanza (LLA) que encabezó Javier Milei se impuso en el balotaje presidencial en Córdoba al obtener el 74,1% de los votos contra el 25,9% del candidato peronista Sergio Massa, según el escrutinio oficial provisorio del 97,3% de las mesas.
El secretario General de ATE Córdoba, Federico Giuliani, denunció al ex Presidente por infringir el artículo 212 del Código Penal, que reprime con pena de 3 a 6 años de cárcel "el que públicamente incitare a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones", como es el caso de sindicatos y organizaciones que ejerzan legal y legítimamente su derecho a la protesta.
Participaron integrantes de la Dirección de Bomberos dependiente de la Policía de la Provincia de Córdoba. COPRETI fue creado con el objetivo de prevenir y erradicar progresivamente el trabajo infantil
Llaryora llamó a la “austeridad” en la política y anunció la reducción de salarios entre los funcionarios. Vamos a crear definitivamente las guardias locales de prevención y convivencia, conocidas como las policías municipales, señalo.
La misiva presentada por la Sociedad Rural de Córdoba señala en un párrafo principal "sin cuestionar ninguna opinión política, pero con un claro espíritu de defensa a la democracia y nuestras instituciones, a la independencia de los poderes, y al rol que debe cumplir el estado en la defensa de los más vulnerables de nuestra sociedad y de nuestros pequeños y medianos productores, nuestro acompañamiento a la propuesta del Candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa".
La Marcha de la Gorra convocada para el 7 diciembre partirá desde las 18 hs. desde Colón y General Paz con la consigna "Presentes en las calles, ahora y siempre". En tanto organismos de DDHH convocan para el mismo jueves 7 de diciembre a las 17.30 hs, en Plaza San Martín a una ronda en el marco de los 40 años de la democracia.
La Marcha de la Gorra convocada para el 7 diciembre partirá desde las 18 hs. desde Colón y General Paz con la consigna "Presentes en las calles, ahora y siempre". En tanto organismos de DDHH convocan para el mismo jueves 7 de diciembre a las 17.30 hs, en Plaza San Martín a una ronda en el marco de los 40 años de la democracia.
A escasas horas de la asunción del presidente libertario, Javier Milei, el CISPREN expresó preocupación por el acto de violencia contra Radio Nacional Córdoba. En horas de la tarde una persona arrojó intencionalmente una piedra hacia los vidrios del Auditorio causando roturas y huyó. En Tanto HIJOS denuncio amenazas hacia Fernando Albareda y su familia. El Foro por la Libertad, la Democracia y los DDHH de Córdoba repudio ambos hechos.
A 40 años de la recuperación de la democracia, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, tal como lo viene realizando ante cada cambio de gobierno, expresó la importancia de avanzar en una de las grandes cuentas pendientes de estás décadas: adecuar el funcionamiento del sistema de justicia federal a los mandatos constitucionales.
Llaryora llamó a la “austeridad” en la política y anunció la reducción de salarios entre los funcionarios. Vamos a crear definitivamente las guardias locales de prevención y convivencia, conocidas como las policías municipales, señalo.
"Habrá estanflación, pero no es algo muy distinto a lo que pasó en los últimos 12 años, cuando el PBI per cápita cayó 15% en un contexto donde acumulamos 5 mil por ciento de inflación", pero aclaró que se tratará del "último mal trago para comenzar la reconstrucción de Argentina". Y a modo de amenaza advirtió que, "quien corta las calles, no recibirá asistencia de la sociedad: el que corta no cobra". En su discurso no reivindico en ningún momento la democracia ni la vigencia de las políticas de estado en materia de DDHH. No critico a la casta, su muletilla de campaña.
Se realizó la 17° Marcha de la Gorra el jueves 7 de diciembre. La nutrida Marcha de la Gorra partió desde las 18 hs. desde Colón y General Paz con la consigna "Presentes en las calles, ahora y siempre".
Tanto Ana Clara Pérez Ballester como Elisa Catán, quien también intervino en el expediente, deben ser removidas de sus funciones debido a que "omitieron obligaciones esenciales en todo procedimiento en el que esté en juego el interés superior del niño".
Varios altos representantes de diversos Estados expresaron su decepción con el veto impuesto por EEUU en el Consejo de Seguridad al proyecto de resolución que exigía un cese al fuego en la Franja de Gaza. El 8 de diciembre, EEUU utilizó su poder de veto para impedir la adopción de la resolución correspondiente.
La Pampa: el Equipo Argentino de Antropología Forense exhumó tumbas NN del cementerio de La Adela para identificar restos de supuestas víctimas del terrorismo de Estado. La denuncia surgió en el 2020, a raíz de la declaración de un residente que manifestó la existencia de sepulturas cuyos restos óseos podrían pertenecer a víctimas de crímenes vinculados a terrorismo de Estado.