El Mocase denunció que se intenta desalojar a la comunidad indígena de Bajo Hondo con la presencia de la Infantería provincial con una orden de la jueza Falcó del año 2019. Sentencia dictada sin el derecho a defensa de la comunidad, apelada y a la espera de resolución afirmaron desde la organización campesina.
Córdoba12 de junio de 2021
Sures Noticias
En tanto desde el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas - Ministerio de Justicia de la Nación) han solicitado que suspenda de forma inmediata el desalojo.
La Presidenta del INAI (Ministerio de Justicia de la Nación), Dra. María Magdalena Odarda, ha solicitado a la jueza Rosa Falco que suspenda de forma inmediata el desalojo por ser contra la Ley Nacional 26.160 de Relevamiento Territorial de los pueblos originarios (la cual cuenta con la adhesión de la Provincia de Córdoba) y de los derechos constitucionales de los mismos.
Hasta el momento y de manera violenta se han desalojado a dos familias del territorio comunitario, tirando en el camino todas sus pertenencias, las y los vecinos han tomado la decisión de no dejar desalojar ninguna familia más. Las y los denunciantes señalan que el pedido obedece al dueño de Gaseosas Manaos Orlando Canido.
“Están violando claramente los derechos de las niñas, niños y adolescentes plasmados en el Ley Nacional de Protección Integral y la Convención Internacional de la Infancia con rango constitucional” afirmaron desde el Mocase.
Nota de INAI
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El colectivo político-cultural recordó ayer con emoción a su compañero fallecido y agradeció la solidaridad de organizaciones sociales, políticas y gremiales que acompañaron a la comunidad Tinku.
El dirigente social y diputado nacional llegó caminando a la ciudad junto a militantes de Patria Grande, Argentina Humana y Córdoba Humana, y encabezó un encuentro tipo plaza en el Teatrino del Subnivel ante unas 300 personas, donde cuestionó duramente al gobierno de Javier Milei, reivindicó la justicia social, la agenda de derechos humanos y pidió organización solidaria frente a “un momento de suma gravedad” para la democracia argentina.
Vecinos de Córdoba y activistas de todo el país se alistan para marchar el 31 de enero contra el extractivismo, la privatización del agua y el RIGI, denunciando la contaminación de ríos y la persecución a defensores ambientales.
Según el relevamiento anual de la Defensoría del Pueblo, en diciembre de 2025 una familia tipo necesitó casi $580 mil para no ser indigente y más de $1,28 millones para no caer bajo la línea de pobreza, en un año marcado por fuertes aumentos en carnes y alimentos industrializados, y una desaceleración general respecto de los años previos.
Este viernes 16 de enero, en la Casa de los Trabajadores, se realizará un acto con diálogo abierto, presentaciones artísticas y reclamos contra la persecución política y encarcelamiento de Milagro Sala bajo los gobiernos de Macri, Fernández y Milei. Participan e invitan referentes y organizaciones políticas, sindicales, sociales y de derechos humanos. La actividad es promovida por el Foro por la Libertad, la Democracia y los DDHH de Córdoba.
Ante el incumplimiento de cuotas alimentarias, el gobernador Axel Kicillof oficializó la ley 15.589 que veta el ingreso a casinos, salas de juegos de azar y bingos a personas morosas registradas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM). La medida, aprobada por la Legislatura bonaerense y vigente desde fines de 2025, obliga a los operadores a verificar identidades y refuerza la responsabilidad estatal en la protección de derechos infantiles y adolescentes, sumando sanciones económicas y clausuras por incumplimiento.
Vecinos de Córdoba y activistas de todo el país se alistan para marchar el 31 de enero contra el extractivismo, la privatización del agua y el RIGI, denunciando la contaminación de ríos y la persecución a defensores ambientales.
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La Asociación Trabajadores del Estado acusó a las autoridades de la Comisión Nacional de Energía Atómica de desviar una partida de más de $3.863 millones que debían destinarse al pago de salarios y al mantenimiento de la Planta Industrial de Agua Pesada de Neuquén. El gremio exige explicaciones al nuevo presidente del organismo, Martín Porro, y anunció cortes sobre la Ruta Nacional 22 hasta que se garantiza el cobro íntegro de los haberes.