En un pronunciamiento sostienen que las políticas públicas que se ejecutan en le valle no consideran la participación ciudadana ni el ordenamiento del territorio en base a su identidad.
Córdoba07 de mayo de 2021
Sures Noticias
Pronunciamiento
El detrás de las "Alternativas Sustentables" en la Autovía Ruta 5
El Valle de Paravachasca viene sufriendo sistemática e históricamente presiones asociadas a la expansión desordenada de las manchas urbanas, al avance de propuestas sobre la estructura vial y de actividades socioeconómicas de gran impacto (fundamentalmente agricultura intensiva y extracción de áridos-mineras), a la reiterada ocurrencia de incendios forestales, y a la promoción y ejecución de un sinnúmero de políticas públicas que no consideran la participación ciudadana ni el ordenamiento del territorio en base a su identidad.
Es en este contexto que carece de sentido seguir sosteniendo y promocionando propuestas aisladas. Las distintas alternativas presentadas como variantes a la Ruta 5 se suman actualmente a la presión que se viene ejerciendo sobre el Valle y se alinean al deseo de avanzar sobre un desarrollo que antepone la conciencia económica sobre la conciencia ecológica. En definitiva, la propuesta de pensarlas como “alternativas sustentables”, no se orienta a repensar e intervenir en cambios integrales de configuración del territorio.
Incluso, el uso de la palabra “sustentable” se enmarca y sostiene en un discurso que surge (y legitima) el modelo dominante de Desarrollo.
En Paravachasca no se está cuestionando únicamente la viabilidad de una traza, sino toda una lógica que responde a una dinámica de desalojo y de expropiación a merced del capital y no a la búsqueda del bienestar común ni al cuidado y protección real del ambiente, ambos aspectos históricamente postergados. Por esto, es fundamental que los conflictos socio-ambientales sean abordados desde la comunidad, territorial y participativamente, y ello requiere alejarse/salirse de los discursos de las alternativas (sustentables) de desarrollo.
La pretensión digna y legítima del buen vivir, habitando los territorios de manera armónica y en términos de igualdad con el resto de los seres, la autodeterminación de los pueblos a decidir cómo y en qué ambiente queremos vivir… son aspiraciones y derechos inviolables de la misma condición humana.
#LaAutovíaNoesPrioridad
#OrdenamientoTerritorialParticipativo
#BuenVivirparalaVidaDigna
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Organizaciones políticas, de DDHH, sindicatos y movimientos sociales se concentraron en la Casa de los Trabajadores exigiendo la Libertad de Milagro Sala y de todxs lxs presxs politicos de Argentina, también se expresaron en contra de la persecución judicial, el DNU de Milei y el Código de Convivencia de Llaryora, con palabras, convocatorias, arte y música.
La industria metalúrgica volvió a cerrar un año en rojo: en 2025 la actividad se retrajo 0,9% frente a 2024, período en el que ya se había desplomado 12,1%, lo que confirma la continuidad de la crisis en el sector.
El bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria recibió a representantes de colectivos que defienden a personas con cardiopatías congénitas, en respuesta al desguace del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas impulsado por el Gobierno. La reunión se centró en trazar planes de acción, incluyendo la citación al ministro de Salud, Mario Lugones, para que explique la desvinculación de tres de los siete cardiólogos pediátricos especializados que coordinaban el área a nivel nacional.
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En un acto de centralismo autoritario, el gobierno de Javier Milei intervino por un año el puerto de Ushuaia mediante la ANPyN, alegando irregularidades que parecen pretextos para erosionar la soberanía provincial en plena temporada de cruceros. El gobernador Gustavo Melella y sindicatos denuncian la medida como ilegal y extorsiva, anunciando acciones judiciales contra esta afrenta.
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Los empleados del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) llaman a un abrazo simbólico el miércoles 28 de enero a las 10 en la sede central de General Paz 5445, en rechazo a la orden gubernamental de cerrar la Dirección de Metrología Legal y el Organismo de Certificación, efectiva desde el 31 de enero en el AMBA. Estas áreas emplean a unos 150 técnicos y profesionales responsables de verificar instrumentos de medición en transacciones comerciales.