El 2 de septiembre pasado, la Fuerza Tareas Conjunta (FTC), la fuerza militar paraguaya que se dedica a perseguir y combatir la EPP, mató a Lilian Mariana Villalba y María Carmen Villalba, de 11 años, y anunció que había abatido a miembros de la guerrilla.
Tras conocerse la edad de las niñas y luego su nacionalidad, el caso no solo se convirtió un reclamo de los organismos de derechos humanos, sino también del Gobierno argentino, quien condenó las dos muertes y ratificó a través de un informe oficial de Registro Nacional de Personas (Renaper) entregado a la Justicia paraguaya la ciudadanía de las chicas fallecidas.
Fuentes del Gobierno explicaron a Télam que aún si las chicas nacieron en Paraguay, como afirman las autoridades del país vecino, las niñas se trasladaron a Argentina, en la zona fronteriza de Misiones, y obtuvieron legalmente la ciudadanía.
De la conferencia de prensa hoy de la Gremial de Abogados y Abogadas también participaron la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, y el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), con la presencia de su titular, el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Marisa Graham, Josefina Doz Costa, del Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia, Tri Heredia del Colectivo Más Democracia y del Foro por la Libertad, la Democracia y los DDHH. Córdoba, entre otrxs.
“Lo que está claro es que hay dos niñas ejecutadas y una desaparecida. Estamos hablando de un estado terrorista, no es un estado de derecho”, condenó hoy Laura Taffetani, representante de la Gremial de Abogados.
Poco antes, dos sobrevivientes del grupo familiar Villalba Ayala, residente en Argentina, que habían cruzado a Paraguay con las niñas fallecidas para visitar a sus familiares en el EPP y que fueron víctimas del fatídico ataque de las FTC, habían declarado ante organismos internacionales y dieron detalles de lo que pasó ese día.
Según esta versión, que echa por la borda el relato oficial del Estado paraguayo, las dos niñas fueron detenidas con vida en un campamento de la guerrilla EPP y luego ejecutadas por las tropas de las FTC, creadas en 2013 por el Gobierno de Horacio Cartes y conformada por una escuadra que integran policías y militares.
“Mientras se encontraban desayunando en el campamento, los militares se acercaron al lugar, tomaron detenida a Lilian Mariana Villalba y a María Carmen Villalba. Ambas fueron llevadas con vida por el ejército. Esto lo pudieron ver dos de las testigos presenciales”, relató Taffetani.
A esta denuncia, se sumó en diciembre pasado la desaparición de la prima de las dos niñas argentinas asesinadas, Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, de 14 años y ciudadana paraguaya, hija de dos líderes del EPP que están presos desde 2004.
“Le pedimos al Comité de los Derechos del Niño, de la ONU, una investigación independiente y urgente, porque creemos que el Estado paraguayo no lo está haciendo”, condenó Marisa Graham, representante de la Defensoría Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes.
La situación dentro de Paraguay y con el Estado argentino se complicó aún más cuando hace unas semanas funcionarios de seguridad del país vecino mostraron imágenes y grabaciones de hijos de guerrilleros obtenidas como prueba en una investigación judicial por presunto narcotráfico contra la familia Villalba Ayala en Argentina, que finalmente fue desestimada por el juez a cargo por falta de evidencias.
En ese anuncio, los funcionarios paraguayos denunciaron que esos hijos de guerrilleros del EPP -entre los que se contaban las dos niñas asesinadas- tenían DNIs argentinos legales pero con información falsa.
Sin embargo, desde el Gobierno continúan afirmando que Lilian Mariana Villalba y María Carmen Villalba eran ciudadanas argentinas y siguen reclamando que se investigue sus muertes de manera transparente.
Télam
