Integrantes de la CoDeBoNa (Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo) junto a vecinos/as de La Calera interpusieron ante la Justicia Provincial una “Acción Colectiva de Amparo Ambiental” solicitando se declare la “inaplicabilidad e inconstitucionalidad del art. 8 de la Ley Provincial 10.618 y la nulidad de la Resolución 412 de la Secretaría de Ambiente Provincial.
Córdoba14 de octubre de 2020
Sures Noticias
Además solicitaron como medida cautelar” la suspensión de la “Audiencia Pública Digital” prevista para el día 16 de octubre a las 10 horas, la que tiene por objeto, poner a consideración de los ciudadanos, el estudio de impacto ambiental del emprendimiento desarrollista inmobiliario – “Loteo Altos de Estanzuela” en la ciudad de La Calera.
Mediante la Ley 10.618 de simplificación y modernización de la administración (2019) se crean en el ámbito de la administración pública provincial, las “Audiencias Públicas Digitales” como herramienta para llevar a cabo gestiones a distancias, no presenciales, mediante el uso de la plataforma virtual Zoom y para lo cual se exige a la ciudadanía estar registrada previamente como ciudadano digital – nivel 2.
La Secretaría de Ambiente del Gobierno de la Provincia de Córdoba viene utilizando esta modalidad de audiencia digital (virtual) para poner a consideración de la ciudadanía los estudios de impacto ambiental de obras o proyectos que producen impacto sobre el ambiente, previo al otorgamiento o rechazo de la respectiva licencia ambiental.
En lo que va del año, a partir de marzo hasta octubre, la Secretaría de Ambiente llevó a cabo trece (13) “Audiencias Públicas Digitales” mediante la plataforma virtual Zoom. En las trece audiencias no se registró ningún/a ciudadano/a como expositor. En esas audiencias se aprobaron proyectos de loteos, actividad minera, obras de infraestructura vial, etc. mediante un trámite exprés de 30 minutos sin ningún tipo de objeción por parte de la ciudadanía.
CoDeBoNa sostiene que este mecanismo atenta contra derechos humanos y ambientales fundamentales referidos a la real y efectiva participación ciudadana en los procesos de toma de decisión política y la democracia participativa ambiental de origen legal y Constitucional, como así también, el derecho de las personas en situación de vulnerabilidad económica, social, cultural, que no tienen acceso a la tecnología (computadoras, telefonía móvil, etc) ni a la conectividad (servicios de internet) o que no están registradas como ciudadano digital, como requisitos ineludibles y excluyentes para ser parte de estas “Audiencias Publicas Digitales”, derechos, que la propia ley 10.618 dice proteger y asegurar.
Con una agenda cultural renovada y actividades para toda la familia, la localidad de Bialet Massé celebrará la segunda edición de su Feria del Libro los días 17 y 18 de octubre, reafirmando su compromiso con la educación y la cultura local. Participa de la Feria el Centro Cultural Sonia Torres.
El cuerpo de delegado de ATE del Complejo Esperanza denunció la grave situación que atraviesa el organismo dependiente de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia (SENAF).
El evento, impulsado por Viviana Alegre, madre de Facundo Rivera Alegre, desaparecido en democracia, convoca a la comunidad este 9 de octubre en el CISPREN con música, arte y solidaridad, en busca de memoria, justicia y contención social ante un contexto nacional complejo.
La jueza María Romilda Servini dictó el procesamiento por "abuso de armas agravado" contra Héctor Jesús Guerrero, quien disparó de forma antirreglamentaria durante la marcha de jubilados del 12 de marzo en Plaza Congreso La justicia federal dio un paso en la búsqueda de responsabilidades por la brutal represión del 12 de marzo pasado.
A casi trece meses del femicidio de Estefanía “Kika” Salguero en Cruz del Eje, su familia, organizaciones y radios comunitarias exigieron una condena ejemplar y que no se desmantele la figura de femicidio en el Código Penal. La concentración se hizo este 8 de octubre frente a tribunales, con una radio abierta para visibilizar la violencia de género que en Argentina se cobra una vida cada 35 horas.
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Fueron considerados responsables del delito de homicidio agravado por mediar el empleo de un arma de fuego en grado de tentativa. El tercer imputado, Gabriel Nicolás Carrizo, fue absuelto en línea con lo planteado por el MPF en su alegato. Los fundamentos se conocerán el próximo 9 de diciembre. Inicialmente la condena fue a 10 y 8 años de prisión.
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