Integrantes de la CoDeBoNa (Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo) junto a vecinos/as de La Calera interpusieron ante la Justicia Provincial una “Acción Colectiva de Amparo Ambiental” solicitando se declare la “inaplicabilidad e inconstitucionalidad del art. 8 de la Ley Provincial 10.618 y la nulidad de la Resolución 412 de la Secretaría de Ambiente Provincial.
Córdoba14 de octubre de 2020
Sures Noticias
Además solicitaron como medida cautelar” la suspensión de la “Audiencia Pública Digital” prevista para el día 16 de octubre a las 10 horas, la que tiene por objeto, poner a consideración de los ciudadanos, el estudio de impacto ambiental del emprendimiento desarrollista inmobiliario – “Loteo Altos de Estanzuela” en la ciudad de La Calera.
Mediante la Ley 10.618 de simplificación y modernización de la administración (2019) se crean en el ámbito de la administración pública provincial, las “Audiencias Públicas Digitales” como herramienta para llevar a cabo gestiones a distancias, no presenciales, mediante el uso de la plataforma virtual Zoom y para lo cual se exige a la ciudadanía estar registrada previamente como ciudadano digital – nivel 2.
La Secretaría de Ambiente del Gobierno de la Provincia de Córdoba viene utilizando esta modalidad de audiencia digital (virtual) para poner a consideración de la ciudadanía los estudios de impacto ambiental de obras o proyectos que producen impacto sobre el ambiente, previo al otorgamiento o rechazo de la respectiva licencia ambiental.
En lo que va del año, a partir de marzo hasta octubre, la Secretaría de Ambiente llevó a cabo trece (13) “Audiencias Públicas Digitales” mediante la plataforma virtual Zoom. En las trece audiencias no se registró ningún/a ciudadano/a como expositor. En esas audiencias se aprobaron proyectos de loteos, actividad minera, obras de infraestructura vial, etc. mediante un trámite exprés de 30 minutos sin ningún tipo de objeción por parte de la ciudadanía.
CoDeBoNa sostiene que este mecanismo atenta contra derechos humanos y ambientales fundamentales referidos a la real y efectiva participación ciudadana en los procesos de toma de decisión política y la democracia participativa ambiental de origen legal y Constitucional, como así también, el derecho de las personas en situación de vulnerabilidad económica, social, cultural, que no tienen acceso a la tecnología (computadoras, telefonía móvil, etc) ni a la conectividad (servicios de internet) o que no están registradas como ciudadano digital, como requisitos ineludibles y excluyentes para ser parte de estas “Audiencias Publicas Digitales”, derechos, que la propia ley 10.618 dice proteger y asegurar.
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Cámara Federal de Apelaciones frena por 60 días la privatización impulsada por Bullbarrel S.A., que planeaba un bar en el sitio de secuestros y torturas durante la dictadura. Sobrevivientes y organismos reclaman preservación como espacio de memoria histórica.
La industria metalúrgica volvió a cerrar un año en rojo: en 2025 la actividad se retrajo 0,9% frente a 2024, período en el que ya se había desplomado 12,1%, lo que confirma la continuidad de la crisis en el sector.
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En un acto de centralismo autoritario, el gobierno de Javier Milei intervino por un año el puerto de Ushuaia mediante la ANPyN, alegando irregularidades que parecen pretextos para erosionar la soberanía provincial en plena temporada de cruceros. El gobernador Gustavo Melella y sindicatos denuncian la medida como ilegal y extorsiva, anunciando acciones judiciales contra esta afrenta.
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