Integrantes de la CoDeBoNa (Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo) junto a vecinos/as de La Calera interpusieron ante la Justicia Provincial una “Acción Colectiva de Amparo Ambiental” solicitando se declare la “inaplicabilidad e inconstitucionalidad del art. 8 de la Ley Provincial 10.618 y la nulidad de la Resolución 412 de la Secretaría de Ambiente Provincial.
Córdoba14 de octubre de 2020
Sures Noticias
Además solicitaron como medida cautelar” la suspensión de la “Audiencia Pública Digital” prevista para el día 16 de octubre a las 10 horas, la que tiene por objeto, poner a consideración de los ciudadanos, el estudio de impacto ambiental del emprendimiento desarrollista inmobiliario – “Loteo Altos de Estanzuela” en la ciudad de La Calera.
Mediante la Ley 10.618 de simplificación y modernización de la administración (2019) se crean en el ámbito de la administración pública provincial, las “Audiencias Públicas Digitales” como herramienta para llevar a cabo gestiones a distancias, no presenciales, mediante el uso de la plataforma virtual Zoom y para lo cual se exige a la ciudadanía estar registrada previamente como ciudadano digital – nivel 2.
La Secretaría de Ambiente del Gobierno de la Provincia de Córdoba viene utilizando esta modalidad de audiencia digital (virtual) para poner a consideración de la ciudadanía los estudios de impacto ambiental de obras o proyectos que producen impacto sobre el ambiente, previo al otorgamiento o rechazo de la respectiva licencia ambiental.
En lo que va del año, a partir de marzo hasta octubre, la Secretaría de Ambiente llevó a cabo trece (13) “Audiencias Públicas Digitales” mediante la plataforma virtual Zoom. En las trece audiencias no se registró ningún/a ciudadano/a como expositor. En esas audiencias se aprobaron proyectos de loteos, actividad minera, obras de infraestructura vial, etc. mediante un trámite exprés de 30 minutos sin ningún tipo de objeción por parte de la ciudadanía.
CoDeBoNa sostiene que este mecanismo atenta contra derechos humanos y ambientales fundamentales referidos a la real y efectiva participación ciudadana en los procesos de toma de decisión política y la democracia participativa ambiental de origen legal y Constitucional, como así también, el derecho de las personas en situación de vulnerabilidad económica, social, cultural, que no tienen acceso a la tecnología (computadoras, telefonía móvil, etc) ni a la conectividad (servicios de internet) o que no están registradas como ciudadano digital, como requisitos ineludibles y excluyentes para ser parte de estas “Audiencias Publicas Digitales”, derechos, que la propia ley 10.618 dice proteger y asegurar.
El gobernador Martín Llaryora mantuvo una reunión positiva con el flamante ministro del Interior, Diego Santilli, donde abordaron temas clave como el Presupuesto 2026 y la situación fiscal de la provincia. El encuentro marca un cambio de tono en las relaciones entre Córdoba y el Gobierno nacional, apostando al consenso y la productividad.
CECOPAL y Radio Sur lanzan una iniciativa para recaudar fondos y regalar libros nuevos a niños y niñas en vacaciones, fortaleciendo el derecho a la cultura y la lectura.
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En San Marcos Sierras, Córdoba, vecinos y vecinas protagonizan un acampe en rechazo al avance de un megaproyecto turístico que incluye un hotel-casino con perforaciones profundas, denunciando que extrae agua en niveles que pueden agotar la cuenca hídrica local.
Por su parte, el personal adherido a la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires llevará adelante sus tareas con normalidad.
Se presentó "Hay otro camino. Proyecto para una reforma fiscal justa". La actividad se realizó este jueves 6 de noviembre y contó con la participación de Pablo Semán, investigador del CONICET; Silvia Naishtat, periodista económica de Clarín; Corina Rodríguez Enríquez, investigadora del CONICET-CIEPP - DAWN; y Claudia “La Negra” Albornoz, referente de La Poderosa.
La 19° edición de la Marcha de la Gorra (MdlG) tendrá lugar el jueves 20 de noviembre a las 18 horas en la ciudad de Córdoba, con un fuerte mensaje contra el abuso policial y la represión estatal. La convocatoria en sus redes sociales insiste en mantener la lucha contra las injusticias y en solidarizarse para sostener la organización de esta protesta histórica.
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Un grupo de más de diez compañías del sector, incluyendo a Globant y UALA, han llevado a cabo despidos, a pesar de que el sector contaba con pronósticos favorables. Desde el Gremio de la Computación advierten sobre la elevada desregulación en la industria y anticipan que la situación se complicará aún más debido al fenómeno del "freelance".